La creciente expansión del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y los delitos cibernéticos ha llevado a especialistas de Europa y América del Sur a plantear la necesidad de profundizar la cooperación judicial y penal entre la Unión Europea (UE) y el MERCOSUR. El tema fue analizado durante un seminario internacional organizado por el Centro para el Derecho Global (CPDG) y el Centro de Excelencia Jean Monnet (CEJM) de la Fundación Getulio Vargas (FGV), donde académicos y expertos debatieron mecanismos para fortalecer la coordinación entre ambos bloques dentro del marco del Estado de Derecho.

El encuentro tuvo como eje la investigación doctoral de la jurista italiana Benedetta Arrighini, titulada Cooperation in Criminal Matters and the Rule of Law in the EU and Mercosur: From Comparative Regionalism to Interregional Relations. El estudio analiza cómo puede estructurarse una cooperación penal efectiva entre ambas regiones sin vulnerar los principios fundamentales del Estado de Derecho, utilizando un enfoque comparativo entre los sistemas jurídicos de la Unión Europea, el MERCOSUR y Brasil. Los especialistas coincidieron en que el combate a las organizaciones criminales exige una coordinación internacional cada vez más estrecha, ya que estos delitos superan las fronteras nacionales y aprovechan las diferencias entre las legislaciones de cada país.

El debate cobra especial relevancia en un contexto en el que el Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea amplía la relación entre ambos bloques mucho más allá del comercio. Aunque el tratado suele analizarse desde su impacto económico, también contempla espacios de diálogo político, cooperación institucional, fortalecimiento del Estado de Derecho y colaboración en materia judicial y de seguridad, aspectos considerados esenciales para enfrentar desafíos comunes como el crimen transnacional y la corrupción.

Los expertos señalaron que la cooperación penal moderna requiere mecanismos ágiles para el intercambio de información, asistencia jurídica mutua, reconocimiento de decisiones judiciales, investigaciones conjuntas y capacitación permanente entre fiscales, jueces y fuerzas especializadas. La experiencia europea, desarrollada durante décadas mediante organismos de cooperación judicial y policial, es vista como un modelo que podría adaptarse progresivamente a la realidad sudamericana, respetando las particularidades institucionales de cada país.

Sin embargo, los analistas también advirtieron que la cooperación jurídica internacional depende de instituciones regionales sólidas y de una mayor coordinación política. En el caso del MERCOSUR, si bien existen numerosas reuniones técnicas y ministeriales sobre seguridad, justicia y combate al delito organizado, muchas de ellas tienen escasa difusión pública. Esta limitada visibilidad contribuye a que la ciudadanía asocie al bloque casi exclusivamente con cuestiones comerciales, desconociendo que también desarrolla políticas de cooperación en ámbitos como justicia, derechos humanos, seguridad fronteriza, transformación digital y fortalecimiento institucional.

Para los especialistas, el fortalecimiento de la cooperación penal entre la Unión Europea y el MERCOSUR representa una oportunidad para consolidar una agenda estratégica que trascienda los intereses económicos. Frente a organizaciones criminales que operan de manera global, la respuesta también debe ser internacional, coordinada y basada en reglas comunes. En ese escenario, avanzar hacia una mayor integración judicial, acompañada de instituciones regionales más fuertes y de una mejor comunicación con la ciudadanía, podría convertirse en uno de los pilares del proceso de integración birregional durante los próximos años.