Durante años, muchas familias se acostumbraron a tener que financiarse en un país donde la inflación licuaba las deudas. Pero ese mecanismo se quebró. Con una inflación más contenida, con tasas todavía muy altas y salarios que no logran recomponerse al mismo ritmo, la deuda dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse, en muchos casos, en un puente precario para llegar a fin de mes. La compra de alimentos y bienes de primera necesidad con tarjeta ya es un dato que enciende las alarmas.
El problema de fondo es que una tasa de interés elevada, sostenida en el tiempo, tiene un costo concreto. Puede servir como ancla monetaria o como instrumento para contener determinadas variables macroeconómicas, pero en la economía real produce otro efecto: encarece el crédito, castiga la financiación productiva y empuja a muchas familias a refinanciar deuda cara con más deuda cara.
Lejos de ayudar al ordenamiento de los hogares, esta dinámica termina agravando el problema. La tarjeta financia el supermercado, el préstamo cubre gastos fijos, la billetera digital tapa agujeros de corto plazo y el salario corre desde atrás sin alcanzar a cubrir las deudas. Así, el endeudamiento deja de ser una decisión financiera y pasa a ser una estrategia defensiva de supervivencia. Pero la pregunta es ¿Cuánto más pueden aguantar las familias?
El impacto también se siente sobre la actividad. Con tasas altas, el consumo se retrae, las pymes venden menos, la inversión se posterga y la reactivación económica se vuelve más lenta. La macro puede mostrar señales de orden y positivas a futuro, pero la micro sigue cargando una mochila pesada: menos poder de compra, menos crédito accesible y más incertidumbre sobre el ingreso futuro.
El dato más preocupante aparece entre los jóvenes. Casi 4 de cada 10 menores de 35 años con crédito vigente registran algún atraso en los pagos. En muchos casos no se trata de grandes deudas, sino de consumos chicos, cuotas mínimas, tarjetas, billeteras digitales o financiamiento cotidiano. Pero el daño es profundo: pérdida de score, expulsión del crédito formal y una carga financiera que aparece demasiado temprano en la vida laboral.
Desde lo político, el dato abre una tensión incómoda. El Gobierno puede exhibir avances en el ordenamiento macroeconómico, pero si esa mejora no llega al bolsillo, el humor social se vuelve frágil. La estabilidad de los grandes números no alcanza cuando la economía doméstica sigue caminando como malabarista sobre una cuerda a una altura cada vez más peligrosa, donde una caída puede ser irreversible.
También hay que mirar con realismo las expectativas puestas en el ingreso de dólares por la minería, energía o las grandes inversiones (que aún no llegan). Pueden ser sectores estratégicos para el futuro del país, eso sin dudas. Pero no son una respuesta que llegue a cubrir las necesidades, en lo inmediata, las familias que hoy pagan intereses altísimos, compran alimentos en cuotas o acumula atrasos en la tarjeta. Esos dólares, incluso si llegan, no se traducen automáticamente en alivio para el bolsillo en el corto o mediano plazo.
Los programas de refinanciación pueden dar aire, pero no resuelven el problema de fondo si no hay una recuperación sostenida del ingreso real y una baja efectiva del costo financiero. Refinanciar sin mejorar la capacidad de pago puede ser apenas cambiarle el nombre al problema y patearlo unos meses más adelante.
La política debería mirar este fenómeno con menos triunfalismo y más responsabilidad. Porque cuando una familia empieza a elegir entre pagar la cuota del préstamo, a cargar la SUBE, llenar la heladera o sostener los servicios básicos, el problema ya dejó de ser financiero.
Es una advertencia.
Y cuando la mora sube durante 19 meses seguidos, no estamos frente a una alarma menor: estamos frente a una urgencia social. La Argentina necesita estabilizar la macro, sí, pero también evitar que el costo de esa estabilización termine licuando el margen de vida de millones de hogares.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
HERNáN SABATER
Corresponsal en Argentina.
Actualidad en el ámbito político, social y económico.
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