Colombia | Germán Calderón España contraataca: documentos oficiales desmienten señalamientos y anuncia acciones judiciales

Germán Calderón España, jefe jurídico de la campaña del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella

La publicación que presentó al abogado Germán Calderón España como un profesional condenado por hechos de corrupción desencadenó una controversia jurídica y mediática que ahora trasciende el debate público y podría trasladarse a los estrados judiciales. La defensa del jurista sostiene que la información divulgada omitió documentos oficiales que, a su juicio, modifican de manera sustancial el contexto jurídico del caso y afectan su buen nombre.

Entre las pruebas conocidas figura un acta oficial expedida por la Dirección de Transporte del municipio de Soacha el 16 de marzo de 1999, mediante la cual la entidad dejó constancia de haber recibido a satisfacción el contrato de señalización vial ejecutado por Calderón España. El documento certifica que las obras fueron elaboradas e instaladas conforme a las obligaciones pactadas y que la administración municipal manifestó plena conformidad con su ejecución.

Para el equipo jurídico del abogado, este documento resulta relevante porque contradice la tesis según la cual el contrato estuvo materialmente incumplido o constituye una prueba de corrupción plenamente acreditada. La defensa sostiene que si la entidad contratante certificó oficialmente la correcta ejecución del contrato y recibió la obra sin objeciones, esa circunstancia debía formar parte del contexto presentado a la opinión pública.

Otro de los aspectos planteados por la defensa se refiere a la prescripción de la acción penal. Según sus argumentos, la publicación omitió explicar que esta figura constituye una garantía prevista en el ordenamiento jurídico colombiano y no una declaración de responsabilidad penal. La jurisprudencia ha señalado que la prescripción opera cuando el Estado no ejerce oportunamente su facultad de investigar y juzgar dentro de los términos establecidos por la ley, lo que extingue definitivamente la acción penal.

🔔🔔🔔 ATENCIÓN: Acabo de solicitarle a la revista Raya rectificación por difundir información NO VERAZ en mi contra, porque i) No he sido objeto de sentencia penal en mi contra debidamente ejecutoriada y en firme; ii) Cumplí a cabalidad el contrato por el cual me cuestionan;… https://t.co/9Pe0jPPuVI pic.twitter.com/wtX9VYnqAq

— Germán Calderón España (@GermanCalderonE) June 29, 2026

En ese contexto, la defensa considera jurídicamente improcedente presentar la prescripción como si equivaliera a una condena vigente o a una prueba actual de responsabilidad penal, pues sostiene que ello desconoce el alcance de esta institución y los principios que rigen el debido proceso.

Calderón España también divulgó su certificado de antecedentes judiciales, con fecha del 28 de junio de 2026, documento que, según afirma, acredita que no registra antecedentes penales vigentes ni asuntos pendientes con las autoridades judiciales. Para su defensa, la ausencia de esta información en la publicación impide ofrecer una visión completa de su situación jurídica actual.

Los abogados del jurista sostienen que el caso corresponde a un proceso relacionado con una contratación realizada hace cerca de tres décadas, cuya ejecución fue certificada oficialmente por la administración de Soacha mediante un acta de recibo a satisfacción que permanece incorporada a los documentos del expediente.

En respuesta a la publicación, Germán Calderón España anunció la solicitud formal de rectificación del contenido difundido y anticipó que promoverá una demanda civil por el presunto daño reputacional que considera haber sufrido, además de las acciones penales que estime procedentes contra los responsables de la publicación.

Más allá de la controversia entre las partes, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo sobre el tratamiento periodístico de procesos judiciales antiguos. La obligación de informar con rigor implica incorporar los documentos relevantes, distinguir entre antecedentes históricos y la situación jurídica vigente de las personas involucradas, así como ofrecer a la ciudadanía los elementos necesarios para comprender integralmente los hechos cuando están en juego derechos como el buen nombre, la presunción de inocencia y el acceso a una información completa y equilibrada.

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