LOS FALLOS QUE DESNUDAN UN MERCOSUR QUE LEGISLA LA INTEGRACIÓN PERO NO LA DEJA FUNCIONAR

La libre circulación está escrita en los acuerdos desde hace veinticinco años, pero Argentina mantiene un control migratorio que no deja pasar «ni una hormiga», el tránsito vecinal de los 50 km se incumple, la patente única no interconsulta como fue diseñada y los ciudadanos del bloque pagan multas en el acto o pierden su vehículo sin derecho a defensa

El Mercosur no tiene un problema de falta de normas: tiene un problema de incumplimiento de las normas que ya existen. No necesitamos más revistas institucionales ni webinarios sobre la dimensión social del bloque; necesitamos información fluida sobre los avances reales, sobre las leyes que se aplican y las que se ignoran, sobre los proyectos que funcionan y los que quedaron en el papel. Y la verdad incómoda, la que ningún comunicado oficial admite, es que la libre circulación de personas —ese principio que el bloque proclama como una de sus mayores conquistas— se cumple a medias, de manera asimétrica y con un costo humano que recae sobre los ciudadanos comunes. Mientras los portales celebran acuerdos con Japón y la Unión Europea, en las fronteras internas del propio bloque un vecino que cruza a comprar al pueblo de al lado debe hacer trámites migratorios que contradicen el espíritu integracionista, y un conductor que comete una infracción de tránsito en el país vecino es tratado como un delincuente sin derechos. Estos no son detalles menores: son los fallos que desnudan la distancia entre el Mercosur escrito y el Mercosur vivido.

El primer fallo, y el más visible, es la asimetría en los controles migratorios, donde Argentina mantiene un celo que contrasta con la flexibilidad de sus socios. El régimen existe y está reglamentado: desde el año 2000, el Acuerdo sobre Tránsito Vecinal Fronterizo permite a los ciudadanos de un Estado Parte que se domicilian en localidades contiguas obtener una credencial que les habilita a cruzar la frontera mediante un procedimiento ágil y diferenciado de las otras categorías migratorias. En el plano normativo argentino, además, una resolución aduanera faculta a todas las aduanas de frontera a conceder el libre tránsito de automotores cuyos propietarios residan en un radio de cincuenta kilómetros del lugar de ingreso o egreso del territorio. El marco legal, por tanto, está. El problema es su aplicación: como han denunciado transportistas y residentes fronterizos, mientras Paraguay y Brasil mantienen esquemas de paso relativamente flexibles para dinamizar el comercio vecinal, Argentina sostiene un control migratorio implacable que, en palabras que circulan entre los propios ciudadanos de la frontera, «no deja pasar ni un mosquito». Esta disparidad de criterios convierte a las fronteras del Mercosur en laboratorios de fricción constante: un extremo peca de un celo migratorio asfixiante, mientras el bloque entero predica una libre circulación que en la práctica se aplica según la voluntad de cada país.

La pregunta que esta redacción formula, y que merece respuesta de las autoridades, es por qué Brasil y Paraguay logran hacerlo y otros socios del bloque no. Si dos de los cuatro países fundadores han demostrado que es posible mantener esquemas de paso ágiles para los ciudadanos de la región sin que ello signifique descontrol ni inseguridad, entonces el argumento de que el control implacable es necesario por razones de seguridad pierde fuerza. La realidad sugiere otra explicación, más incómoda: que el servicio migratorio y de control fronterizo de Argentina no cuenta con los recursos, la tecnología ni la inteligencia necesarios para gestionar el flujo de manera ágil y, ante esa carencia, opta por el camino más fácil, que es la rigidez burocrática que ralentiza todo. La falta de capacitación y de infraestructura adecuada termina trasladándose como un costo a los ciudadanos, que pagan con horas de espera y trámites innecesarios la incapacidad del Estado de modernizar sus controles. Un bloque que aspira a la integración profunda no puede permitir que la libre circulación dependa de si cada país tuvo o no la voluntad y los recursos de implementar correctamente lo que ya firmó.

El segundo gran fallo es el de la patente única del Mercosur, un proyecto que existe físicamente pero que nunca llegó a funcionar como fue diseñado. La matrícula común es una realidad visible en las calles desde hace años: la Patente Única del Mercosur se usa en Uruguay desde marzo de 2015, en Argentina desde abril de 2016, en Brasil desde octubre de 2018 y en Paraguay desde julio de 2019. Su propósito, según la propia normativa del bloque, era ambicioso y concreto: la Patente Única permite un sistema de interconsulta entre los países miembros, que garantiza la libre circulación de vehículos y facilita el intercambio de información y el combate a los delitos transfronterizos. El diseño contemplaba que los Estados compartieran datos mínimos sobre propietarios, placas, tipo de vehículo, marca, modelo y reportes de robo. Sin embargo, la realidad demuestra que la placa común se implementó en su dimensión física —la chapa con el emblema del Mercosur y la bandera de cada país— pero no en su dimensión funcional: el sistema de interconsulta real, fluido y en tiempo real entre las cuatro bases de datos nacionales sigue sin operar como fue prometido. Se cambió la apariencia de las matrículas, pero no se construyó la interconexión que era el verdadero objetivo del proyecto.

El tercer fallo, el más grave en términos de derechos, es el trato que reciben los ciudadanos del bloque cuando cometen una infracción de tránsito en un país vecino: pago en el acto o aprehensión del vehículo, sin derecho de defensa. Aquí la integración no solo no se ve ni se siente: se vuelve directamente en contra del ciudadano. Un conductor con patente de un país del bloque que es detenido por una infracción en otro país miembro se encuentra, con frecuencia, ante una disyuntiva que viola principios elementales del debido proceso: o paga la multa en el acto, en efectivo, sin posibilidad de discutir la sanción, o ve cómo su vehículo es aprehendido y retenido. La normativa de algunos socios contempla expresamente esta facultad; en Uruguay, por ejemplo, los servicios de inspección están facultados para retirar las placas de matrícula del vehículo, quedando este inhabilitado para circular y siendo retirado de la vía pública, cuando se constatan adeudos. El conductor extranjero, lejos de su domicilio y sin conocer los procedimientos administrativos del país en que circula, queda en una situación de absoluta indefensión. ¿Dónde está el derecho de defensa? ¿Dónde está la posibilidad de apelar, de presentar descargos, de ser tratado como un ciudadano del bloque y no como un infractor sin garantías? Sencillamente, no existe. La integración que prometía proteger al ciudadano lo abandona en el momento en que más necesita el amparo de un marco común.

Lo que estos tres fallos tienen en común es que ninguno se resuelve con más revistas, más webinarios ni más declaraciones solemnes: se resuelven con voluntad política, con recursos y con la decisión de hacer funcionar lo que ya está escrito. El bloque necesita que Argentina abra sus fronteras al ritmo que la integración exige, que se respete efectivamente el régimen de tránsito vecinal de los cincuenta kilómetros, que se invierta en dotar a los servicios migratorios y de control de la tecnología e inteligencia que hoy les faltan, que la patente única funcione con la interconsulta real para la que fue creada, y que se establezca un mecanismo regional que garantice el derecho de defensa de cualquier ciudadano del bloque sancionado en un país vecino. Estos son los avances concretos que los pueblos esperan, y son estos los que deberían comunicarse con información fluida y transparente, no a través de publicaciones institucionales que celebran logros que en las rutas y en las fronteras nadie experimenta. La cumbre del 30 de junio en Asunción, que celebrará los treinta y cinco años del Tratado de Asunción, tiene la oportunidad de pasar de la retórica a los hechos. Los ciudadanos del Mercosur no piden más palabras: piden que la integración que les prometieron, y que está escrita en los acuerdos desde hace décadas, por fin se cumpla.