En una declaración conjunta de alta relevancia emitida durante los primeros días de junio de 2026, los representantes de los países del Mercosur han hecho eco de las preocupaciones globales expresadas por organismos internacionales sobre el aumento de los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente. La actual coyuntura, marcada por la expansión de las actividades extractivas y las tensiones sobre los recursos naturales, ha llevado a un incremento en el acoso y la vigilancia contra los líderes comunitarios y activistas ambientales. Ante esta realidad, el bloque ha instado a sus Estados miembros a implementar leyes de protección específica que eviten la criminalización de la protesta pacífica y garanticen un entorno seguro para quienes ejercen la labor vital de salvaguardar el patrimonio natural de la región, un activo fundamental para el futuro de todo el continente sudamericano.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha señalado que las leyes restrictivas que se han observado en ciertos sectores de la región amenazan directamente el ejercicio de la democracia y la participación social. En respuesta, el Mercosur ha comenzado a desarrollar una hoja de ruta para fortalecer las garantías constitucionales que protegen a los defensores, promoviendo mecanismos de denuncia temprana y protección física inmediata. Los estados han reconocido que la seguridad de los activistas es una responsabilidad indelegable del Estado y que cualquier intento de silenciar a quienes denuncian impactos ambientales debe ser procesado con todo el rigor de la ley para evitar la impunidad, que a menudo actúa como motor de nuevos ataques contra los líderes territoriales y sus familias.
Un punto crítico del debate ha sido la necesidad de integrar la perspectiva de derechos humanos en todas las políticas de gestión ambiental y desarrollo territorial. Los delegados han subrayado que el desarrollo económico, impulsado por el reciente acuerdo con la Unión Europea, no debe realizarse a costa de los derechos de las comunidades locales. Para ello, se propone una coordinación regional efectiva que permita un monitoreo transparente de los proyectos productivos, asegurando que se realicen procesos de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales, cuyas formas de vida suelen estar intrínsecamente ligadas a la preservación de los ecosistemas en los que habitan desde hace generaciones.
El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) ha sido instruido para colaborar con los gobiernos locales y municipales, apoyando la creación de programas de gestión que incluyan un enfoque de derechos en el ámbito ambiental. Esto implica no solo proteger a los activistas, sino también fortalecer el rol de los municipios como primeros garantes de estos derechos. Al capacitar a funcionarios locales y promover la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones ambientales, se busca crear un tejido social resiliente capaz de resistir las presiones de actores que buscan el beneficio económico inmediato a través de la degradación ambiental y la violación de los derechos de las comunidades que dependen directamente de estos recursos para su supervivencia.
El Mercosur entiende que los desafíos ambientales y los derechos humanos son dos caras de la misma moneda en un mundo marcado por el cambio climático. La protección de los defensores no es una cuestión meramente humanitaria, sino una estrategia para garantizar la sostenibilidad del territorio a largo plazo. Al fomentar un diálogo constructivo entre las empresas, el Estado y la sociedad civil, se espera que el bloque pueda avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea, al mismo tiempo, próspero y respetuoso de la integridad física y los derechos fundamentales de todos sus habitantes. Esta visión es fundamental para legitimar el proyecto de integración regional ante una ciudadanía cada vez más consciente de la importancia de la justicia climática y ambiental.
Finalmente, el bloque ha llamado a una mayor cooperación internacional para intercambiar buenas prácticas sobre la protección de los defensores. La experiencia de otros países, sumada a la riqueza de las tradiciones locales de lucha por el medio ambiente, puede ofrecer un marco de referencia sólido para enfrentar las amenazas crecientes. El compromiso asumido este junio refuerza la idea de que los derechos humanos son un pilar central de la democracia en la región. Las próximas cumbres del Mercosur serán fundamentales para verificar que estas promesas de protección se transformen en reformas legales tangibles y en una mejora real de las condiciones de seguridad en terreno para quienes, día a día, arriesgan su vida por la defensa de nuestra casa común.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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