Este domingo 7 de junio, Bolivia completa su cuarta semana consecutiva de bloqueos de carreteras, protestas y desabastecimiento parcial en varias regiones del país, sin que el gobierno del presidente Rodrigo Paz haya logrado desactivar las movilizaciones ni los líderes de la oposición hayan accedido a negociar una salida que preserve el orden constitucional. La situación en Bolivia es la que más directamente pone a prueba la capacidad del Mercosur de hacer valer sus principios democráticos en un momento en que la agenda del bloque está dominada por los grandes acuerdos comerciales externos y por la preparación de la Cumbre del 30 de junio. El Parlasur activó el mecanismo de seguimiento del Protocolo de Ushuaia en su sesión del 1 de junio, pero el Consejo del Mercado Común — el órgano con capacidad de decisión vinculante — todavía no ha emitido ningún pronunciamiento formal sobre la crisis boliviana.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos publicó esta semana un llamado a «todas las partes en Bolivia» para que «busquen soluciones dentro del marco constitucional» y «eviten la violencia como instrumento de presión política». Este llamado de la OEA — que en la región tiene una autoridad histórica en materia de mediación política — es significativo porque sugiere que la comunidad internacional no está interpretando todavía la crisis boliviana como una ruptura del orden constitucional del tipo que activaría automáticamente los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana o del Protocolo de Ushuaia del Mercosur. Pero la línea entre una crisis de gobernabilidad dentro del orden constitucional y una ruptura del orden constitucional es frágil y puede cruzarse en cualquier momento si la represión escala o si la violencia de los manifestantes supera los límites del orden público ordinario.
El presidente boliviano Rodrigo Paz ha mantenido hasta ahora una postura de diálogo condicionada — está dispuesto a negociar sobre políticas concretas pero no a discutir su continuidad en el poder — que sus opositores rechazan por insuficiente y que sus aliados internacionales consideran razonable como punto de partida. El gobierno paraguayo, como Presidencia Pro Tempore del Mercosur, ha mantenido canales de comunicación con ambas partes del conflicto boliviano a través de su representación diplomática en La Paz, en un ejercicio de mediación discreta que es exactamente el estilo de diplomacia que Paraguay está promoviendo durante toda su presidencia del bloque. Para el Mercosur, la Cumbre del 30 de junio llega en el peor momento posible respecto a Bolivia: con la crisis todavía sin resolver, los presidentes del bloque tendrán que pronunciarse sobre ella de alguna manera — o elegir no pronunciarse, lo que también es una posición política con consecuencias. Si Bolivia sigue en crisis el 30 de junio, la Cumbre más ambiciosa de la historia del bloque no podrá pretender que el Protocolo de Ushuaia existe solo para Venezuela y no se aplica a sus propios miembros cuando la democracia está bajo presión.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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