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El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 0182 de 2026, una de las apuestas más sensibles del Gobierno nacional para reorganizar territorialmente el funcionamiento de las EPS en Colombia, en una decisión que representa un nuevo revés judicial para la reforma estructural del sistema de salud impulsada por la administración de Gustavo Petro.
La medida fue adoptada tras una demanda presentada por la excongresista Katherine Miranda, quien alertó sobre el riesgo de que millones de afiliados terminaran siendo trasladados a la Nueva EPS sin autorización expresa de los usuarios.
En su análisis preliminar, el alto tribunal concluyó que el modelo planteado por el Ejecutivo podría vulnerar principios fundamentales del sistema de salud, especialmente el derecho a la libre escogencia, la continuidad del servicio, la accesibilidad y la calidad en la atención médica.
El decreto suspendido buscaba reorganizar el aseguramiento en salud mediante una distribución territorial de las EPS por regiones y subregiones. Según el Gobierno, la medida pretendía fortalecer la cobertura y mejorar la capacidad de atención en zonas apartadas del país donde algunas entidades presentan fallas operativas.
Sin embargo, la normativa también contemplaba restricciones geográficas para las EPS, un punto que encendió las alarmas entre sectores políticos y expertos del sistema, ante la posibilidad de que miles de afiliados fueran reasignados hacia entidades intervenidas por el Estado, entre ellas la Nueva EPS.
La decisión del Consejo de Estado deja temporalmente congelada la aplicación del decreto mientras avanza el estudio de fondo sobre su legalidad. El tribunal consideró que, en esta etapa inicial, existen elementos suficientes para advertir un eventual impacto desproporcionado sobre los derechos de los usuarios del sistema de salud.
Tras conocerse el fallo, Katherine Miranda aseguró que la suspensión evita una transformación que, según afirmó, habría afectado a millones de colombianos sin su consentimiento y sin garantías claras sobre la continuidad de los tratamientos y servicios médicos.
Desde el Ministerio de Salud, el Gobierno había defendido la medida argumentando que no se trataba de traslados masivos ni arbitrarios, sino de mecanismos técnicos orientados a garantizar la prestación del servicio en territorios donde ciertas EPS no cumplen con las condiciones necesarias de operación.
La suspensión abre un nuevo capítulo en la intensa disputa política y judicial alrededor de la reforma a la salud, uno de los proyectos más controvertidos del Gobierno y que sigue enfrentando obstáculos tanto en las cortes como en el Congreso.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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