

En un desayuno organizado por ADM, los economistas Isaac Alfie, Jorge Caumont y Javier de Haedo ofrecieron tres lecturas complementarias sobre la coyuntura y perspectivas de Uruguay. Mientras Alfie relativizó el impacto del llamado “shock petrolero” y destacó factores externos favorables, Caumont presentó un diagnóstico más crítico, centrado en la falta de crecimiento y “ errores” de política económica. Por su parte, De Haedo puso el foco en las restricciones políticas y el peso de la institucionalidad. Con matices, los tres coincidieron en señalar desequilibrios persistentes y la necesidad de encarar reformas para sostener el crecimiento.
Alfie: entre el “shock petrolero” y desafíos estructurales
En una reciente exposición en un desayuno organizado por ADM, el economista Isaac Alfie abordó la coyuntura regional e internacional bajo un concepto provocador: el “nuevo shock petrolero”. Sin embargo, lejos de adoptar una mirada alarmista, Alfie planteó que el impacto actual del encarecimiento del crudo debe ser relativizado, tanto por su magnitud histórica como por los cambios estructurales en la economía global.
El punto de partida de su análisis es el contexto regional. Uruguay, señaló, atraviesa un virtual estancamiento económico desde hace tres trimestres, con variaciones mínimas en el nivel de actividad. No obstante, el panorama en los países vecinos muestra señales incipientes de mejora. Brasil exhibe un repunte más claro, mientras que Argentina comienza a insinuar una recuperación, aunque condicionada por la incertidumbre política y la volatilidad de expectativas. Para Alfie, esta posible reactivación regional podría traducirse en un alivio para la economía uruguaya en los próximos meses.
A esto se suma un factor externo favorable: el aumento de los precios internacionales de las materias primas, en particular energía y alimentos. Tanto Argentina como Brasil —hoy exportadores netos de energía— se benefician de este escenario, lo que fortalece sus cuentas externas y aprecia sus monedas. Este fenómeno, a su vez, mejora el tipo de cambio real de Uruguay, otorgándole cierto “respiro” en términos de competitividad.
Sin embargo, Alfie advierte que el actual shock petrolero no es comparable con episodios históricos como los de 1973 o 1979. En términos reales, los precios actuales se ubican por debajo de aquellos picos, y además la economía mundial ha reducido significativamente su dependencia del petróleo. Hoy, por cada unidad de energía consumida se genera mucho más producto que décadas atrás, gracias a avances tecnológicos, eficiencia energética y el desarrollo de fuentes alternativas como el gas y el shale. En este sentido, el impacto global del encarecimiento energético es más acotado.
Donde el diagnóstico se vuelve más crítico es en el frente interno. Alfie enfatizó que Uruguay arrastra desequilibrios estructurales importantes, en particular un déficit fiscal persistente cercano al 4% del PIB durante más de una década, acompañado de déficits primarios. Si bien los cambios en los mercados financieros internacionales han permitido sostener estos niveles sin crisis inflacionarias inmediatas, advirtió que esta situación no es sostenible indefinidamente.
El elevado gasto público —que ha aumentado significativamente desde 2005— y el crecimiento de la deuda consolidan este cuadro. A esto se suma una baja inversión y un problema de competitividad reflejado en el tipo de cambio real. Según Alfie, los costos laborales en dólares han crecido más que los precios de exportación, lo que deteriora la posición relativa de Uruguay frente a otras economías.
En este contexto, planteó que no existen soluciones de corto plazo simples: mejorar la competitividad requiere, en lo inmediato, una reducción del gasto público, mientras que en el mediano plazo se necesitan reformas microeconómicas que disminuyan costos y aumenten la eficiencia.
Por otro lado, destacó algunos aspectos positivos. Uruguay mantiene una inflación relativamente baja y ha avanzado en cierta desindexación de la economía. Asimismo, valoró el desempeño del sistema previsional de capitalización, cuyos fondos han logrado rendimientos reales elevados en el largo plazo. También subrayó que la introducción de mayor competencia en el sistema —particularmente en los seguros previsionales— ha permitido reducir costos y mejorar resultados, evidenciando la eficacia de los incentivos de mercado.
En su cierre, Alfie insistió en evitar sobredimensionar el impacto del shock petrolero actual. Si bien implicará aumentos en precios como los combustibles —con efectos sobre el índice de precios al consumo—, estos corresponden a cambios de precios relativos más que a un fenómeno inflacionario persistente. Por ello, advirtió sobre el riesgo de sobrerreaccionar desde la política monetaria.
Caumont: un diagnóstico crítico
En el mismo foro de ADM donde expuso Isaac Alfie, el economista Jorge Caumont ofreció una visión más pesimista sobre la economía uruguaya, combinando fundamentos teóricos con un diagnóstico contundente de la coyuntura actual. Su planteo central: Uruguay enfrenta múltiples restricciones simultáneas y carece de políticas efectivas para reactivar el nivel de actividad.
Caumont inició con una reflexión conceptual sobre los límites de la macroeconomía. Recordó que los modelos de previsión suelen fallar porque las economías son sistemas “indeterminados”, con más incógnitas que ecuaciones. Esta complejidad dificulta anticipar con precisión la evolución del producto, la inflación o el sector externo. A diferencia de la microeconomía —centrada en la formación de precios—, la macro se ocupa de variables agregadas y, en consecuencia, está sujeta a mayor incertidumbre.
Bajo ese marco, propuso analizar la economía como un médico que diagnostica antes de recetar. En el caso uruguayo, identificó tres grandes dimensiones: nivel de actividad, precios y sector externo. A partir de allí, evaluó los factores que inciden en la coyuntura: el contexto internacional, la región, la política interna y las decisiones de política económica.
En el plano global, destacó la influencia de variables como tasas de interés, precios de commodities y tipo de cambio. Señaló que el reciente aumento del petróleo alteró los precios internacionales, impulsando también productos relevantes para Uruguay, como la soja. No obstante, consideró que este shock es menor al de 2022 tras la invasión rusa a Ucrania. También mencionó la política de la Reserva Federal estadounidense, que optó por mantener tasas en un contexto de incertidumbre.
A nivel regional, advirtió sobre la pérdida de competitividad en zonas de frontera, donde los precios siguen siendo más favorables en Argentina y Brasil. En el plano político interno, subrayó la incertidumbre generada por debates sobre reformas y eventuales cambios regulatorios, lo que incide negativamente en las decisiones de inversión.
Sin embargo, su crítica más fuerte se dirigió a la política económica. En materia monetaria, cuestionó el sesgo contractivo adoptado para controlar la inflación. Si bien reconoció que restringir la cantidad de dinero puede contener los precios, advirtió que también eleva las tasas de interés, incentiva el “carry trade” y aprecia el tipo de cambio, deteriorando la competitividad. Según Caumont, el peso se ha fortalecido significativamente en términos reales, especialmente al considerar el aumento de los salarios, lo que reduce la rentabilidad de sectores exportadores y desalienta la inversión.
El resultado es una economía con bajo dinamismo: la inversión ronda el 15% del PIB, pero gran parte corresponde a reposición de capital, no a expansión. “No hay inversión”, sintetizó.
En el frente fiscal, describió una combinación problemática: gasto público elevado —y en su visión, poco eficiente— junto a una carga tributaria creciente y restrictiva. Señaló el aumento del peso de los impuestos directos en la recaudación y cuestionó su efectividad en mejorar resultados sociales o fiscales. Además, advirtió sobre el elevado nivel de deuda y un exigente calendario de vencimientos, incluyendo las obligaciones del Banco Central.
Frente a este panorama, Caumont fue claro: con las políticas actuales, Uruguay no crecerá. Anticipó un escenario de bajo nivel de actividad, inflación superior a la prevista y un deterioro del sector externo, particularmente en la cuenta corriente.
Como alternativa —que él mismo reconoció poco probable— propuso un giro en la política económica: expansión monetaria para bajar tasas y depreciar el tipo de cambio, combinada con una fuerte reducción del gasto público que permita aliviar la carga tributaria. Esta combinación, a su juicio, podría recuperar competitividad y estimular la producción.
Su conclusión fue tajante: sin cambios profundos, el país se encamina a un período de estancamiento, donde los desequilibrios persistirán y las oportunidades de crecimiento seguirán limitadas.

De Haedo: el peso de la institucionalidad
En el cierre del panel económico del desayuno de ADM, el economista Javier de Haedo optó por apartarse del análisis estrictamente coyuntural para centrarse en un eje más profundo: la relación entre política y economía en Uruguay. Su exposición, marcada por reflexiones conceptuales y referencias a la realidad local, puso el foco en las restricciones políticas que condicionan las decisiones económicas y en el rol clave —aunque exigido— de la institucionalidad.
De Haedo comenzó señalando que había preparado una presentación macroeconómica tradicional, pero que, tras escuchar a los otros expositores, prefirió abordar un ángulo complementario. Así, introdujo el concepto de “mandato” en democracia: los gobiernos deben intentar cumplir con el programa que proponen a los votantes, pero eso no los exime de enfrentar las consecuencias económicas de sus decisiones. “Se puede evitar todo, menos evitar las consecuencias”, sintetizó.
En ese sentido, advirtió sobre la postergación de ajustes necesarios, particularmente en materia fiscal. Aunque el gobierno pueda sostener que no recibió un mandato explícito para reducir el gasto público, De Haedo consideró que esa corrección será inevitable en algún momento. Y subrayó una idea clave: siempre es preferible que los ajustes los realice el propio gobierno —eligiendo cómo y cuándo— y no que sean impuestos por el mercado en un contexto de crisis.
Otro de los ejes centrales de su intervención fue el reconocimiento de las múltiples restricciones que enfrenta la política económica. Lejos de la lógica académica, donde los problemas pueden aislarse, dijo que en la práctica las decisiones se toman bajo presión, con información incompleta y en medio de tensiones políticas. Destacó que muchas veces la solución técnicamente correcta no es políticamente viable, y viceversa. Navegar esa tensión, afirmó, es el verdadero desafío de los responsables de la política económica.
En esa línea, describió al ministro de Economía más como un “bombero” o “atajador de penales” que como un ejecutor libre de políticas. Las decisiones no solo están condicionadas por la oposición, sino también por las propias coaliciones de gobierno, donde conviven visiones diversas y, a veces, contradictorias.
De Haedo también introdujo un componente cultural en su análisis, al referirse al “ADN uruguayo”. Según su visión, existe una fuerte impronta de estatismo heredada del batllismo, que limita la adopción de reformas más promercado. A esto se suma una dirigencia política que, en lugar de liderar, tiende a seguir a la opinión pública, reforzando una dinámica de moderación que muchas veces deriva en falta de decisiones estructurales.
El economista advirtió además sobre el “ruido” político actual, en particular la confusión entre los mensajes de la fuerza política de gobierno y las decisiones efectivas del Poder Ejecutivo. Esta disonancia, señaló, genera incertidumbre y puede amplificar percepciones negativas más allá de la realidad concreta.
No obstante, reconoció algunos indicadores positivos, como la evolución del empleo y la tendencia a la baja de la pobreza desde la pandemia. También relativizó el aumento del salario real, al señalar que está influido por una inflación mayor a la prevista y que podría corregirse en adelante.
En su cierre, De Haedo destacó el principal activo de Uruguay: su institucionalidad. Organismos internacionales, calificadoras de riesgo e inversores valoran la estabilidad del país y su marco de reglas. Sin embargo, advirtió que esa fortaleza está siendo exigida por una combinación persistente de déficit fiscal elevado (en torno al 4% del PIB) y bajo crecimiento económico (cerca del 1,3% en la última década).
Al final, dejó planteada la pregunta: “¿hasta cuándo podrá la institucionalidad uruguaya sostener ese peso sin resentirse?”.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/entre-shocks-externos-y-limites-internos-tres-miradas-sobre-la-economia-uruguaya-id193850/
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