Elvira sanabria, secretaria general de la Cancillería y la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, luchadoras funcionarias junto con el presidente Gustavo Petro, por conservar el contrato que brinda soberanía
El presidente Gustavo Petro elevó el tono de sus denuncias en torno al contrato de pasaportes en Colombia y aseguró que detrás de los intentos por revertir el actual acuerdo hay intereses que podrían comprometer no solo un negocio multimillonario, sino el propio sistema democrático del país.
En una serie de declaraciones, el mandatario describió el escenario como una confrontación desigual. Afirmó que sectores de la oposición, junto con actores políticos, institucionales y parte de la prensa, estarían impulsando de manera persistente el regreso de un esquema anterior dominado por la empresa privada Thomas Greg & Sons, históricamente vinculada a la expedición de pasaportes en Colombia.
Según el presidente, el trasfondo va más allá de una disputa contractual. Su principal preocupación radica en lo que considera una posible concentración de poder en manos de actores privados que, además de aspirar a retomar el control del negocio de los pasaportes, tendrían influencia en el software de escrutinio electoral. En su versión, esto abriría la puerta a eventuales manipulaciones en procesos electorales próximos.
Petro sostuvo que la eventual anulación del contrato actualmente en ejecución, que involucra a entidades públicas internacionales como la Casa de la Moneda de Portugal, respondería a acuerdos políticos y económicos que buscan reconfigurar ese control. Aseguró que el convenio vigente ya ha permitido la producción de miles de pasaportes con estándares superiores y que revertirlo implicaría un retroceso institucional.
El mandatario vinculó directamente este debate con la transparencia electoral. Señaló que el software de escrutinio, en manos privadas, ha sido objeto de cuestionamientos en el pasado y recordó fallos judiciales que ordenaban avanzar hacia un sistema estatal. En ese contexto, advirtió que mantener ese control fuera del Estado limitaría cualquier posibilidad de auditoría independiente y pondría en entredicho la confianza en los resultados electorales.
También cuestionó lo que calificó como un “silencio mediático” frente a decisiones judiciales previas y denunció una supuesta protección informativa hacia los actores involucrados en el negocio. En su lectura, la falta de implementación de un software público de escrutinio respondería a intereses económicos que han logrado mantenerse durante años dentro del sistema.
El presidente fue más allá al sugerir que la disputa por el contrato de pasaportes podría estar conectada con la configuración de poder en otras instituciones, incluyendo aquellas encargadas de la supervisión electoral. De acuerdo con su advertencia, este entramado representaría una amenaza directa al principio de soberanía popular.
En medio de la controversia, Petro defendió el modelo actual basado en cooperación con entidades públicas internacionales y subrayó que la Imprenta Nacional cumple un rol operativo y de custodia tecnológica, sin responsabilidad en la adjudicación del contrato. A su juicio, las críticas dirigidas a esa entidad buscan desviar la atención del fondo del problema.
El mandatario también hizo un llamado a la movilización ciudadana, insistiendo en que solo la presión social puede frenar prácticas que, según él, han permitido la captura de sectores estratégicos del Estado por intereses privados. Planteó que la discusión sobre los pasaportes no es un asunto administrativo, sino un capítulo clave en la lucha contra la corrupción y por la legitimidad democrática.
Las declaraciones del presidente abren un nuevo frente de tensión política en Colombia, en un contexto marcado por reformas estructurales y un clima preelectoral cada vez más polarizado. Mientras el gobierno insiste en la necesidad de blindar los procesos institucionales, sus críticos rechazan las acusaciones y defienden la legalidad de los esquemas previos.
El debate, lejos de cerrarse, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre lo público y lo privado en funciones estratégicas del Estado, así como sobre los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia en uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la confianza en el voto.
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ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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