Colombia | “Arrebatar el oro a las mafias”: Gustavo Petro lanza ofensiva para nacionalizar su compra tras escándalo que alcanza a EE. UU.

Imagen Cortesía NYT

Una investigación reveló una escena difícil de imaginar incluso en los países más golpeados por economías ilegales: el mayor grupo criminal de Colombia extrayendo oro dentro de los límites de una base militar activa, mientras ese mismo metal, tras recorrer una compleja cadena de intermediarios, termina convertido en monedas oficiales del gobierno de Estados Unidos.

La revelación surgió tras varias visitas a La Mandinga, una mina controlada por el Clan del Golfo, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Fue en el tercer recorrido cuando la magnitud del problema se hizo evidente. La operación no solo funcionaba a plena vista, sino que, según los propios trabajadores, se extendía más allá de su perímetro habitual y penetraba terrenos militares.

La mina colinda con el Batallón Rifles 31. A simple vista, la proximidad ya resultaba inquietante, pero lo que dijeron los mineros fue aún más desconcertante: el oro también se estaba extrayendo dentro de la base. La sugerencia de verificarlo con un dron no dejó espacio a dudas. Las imágenes mostraron maquinaria operando sobre suelo militar, sin barreras visibles que separaran ambos territorios.

Consultado al respecto, el comandante de la base negó cualquier actividad ilegal dentro de sus instalaciones. Sin embargo, la evidencia visual y el sonido constante de los generadores diésel apuntaban en otra dirección. La minería había avanzado a escasa distancia de las zonas residenciales del batallón, en una expansión imposible de ignorar.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando, durante una visita autorizada a la base, el propio comandante fue conducido hasta el lugar. Tras una breve caminata, el paisaje se transformó en un terreno devastado por la extracción: lodo, pozos abiertos y trabajadores operando con mangueras de alta presión. La reacción fue inmediata. El oficial reconoció que se encontraban en terreno militar y ordenó la retirada de los mineros.

La orden no fue acatada. Hubo insultos, amenazas y una escalada que incluyó machetes, piedras y combustible esparcido en el aire como advertencia. Los soldados respondieron destruyendo equipos, mientras algunos trabajadores huían con el oro extraído. Otros resistieron, convencidos de que el control del territorio les pertenecía, respaldados por el poder del grupo armado al que pagan por operar.

El episodio dejó al descubierto algo más profundo que una incursión ilegal. Mostró un vacío de control estatal en una zona donde el oro se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para estructuras criminales. Ese flujo de dinero permite la compra de armas, la expansión territorial y la consolidación de poder.

Pero la historia no termina en la selva colombiana. La investigación también rastreó el destino del mineral. A través de exportadores y proveedores, el oro logra ingresar a circuitos legales internacionales hasta llegar a la Casa de la Moneda de Estados Unidos, una institución que, por normativa, solo debería trabajar con oro extraído dentro de su propio territorio.

Frente a este panorama, el presidente Gustavo Petro ha convertido el escándalo en el eje de una propuesta política de alto impacto. Su diagnóstico es contundente: el mercado del oro en Colombia, tal como funciona hoy, no solo permite la circulación de recursos ilícitos, sino que ha sido un motor directo de la violencia y la expansión de las mafias.

El mandatario sostiene que la liberalización del sector, impulsada en los años noventa durante el gobierno de César Gaviria, abrió la puerta a una estructura que hoy combina minería ilegal, narcotráfico y poder político. En su visión, esa transformación no solo debilitó la capacidad del Estado para controlar el recurso, sino que facilitó la financiación de grupos armados que disputan territorios ricos en oro y cultivos ilícitos.

“Hay que quitarle el oro a las mafias”, ha insistido el presidente, al proponer una reforma constitucional que restablezca el monopolio estatal en la compra del metal. La apuesta busca que el Estado intervenga directamente en el mercado, pagando mejores precios a los pequeños mineros para romper la dependencia que estos tienen de organizaciones criminales.

Petro también ha reconocido una realidad incómoda: la infiltración de las mafias en sectores de la fuerza pública. Según su versión, existen oficiales que reciben pagos de estas estructuras, lo que explicaría la facilidad con la que maquinaria pesada circula hacia zonas de explotación ilegal. En ese contexto, defendió las operaciones de destrucción de equipos mineros, incluso mediante el uso de explosivos, como una medida necesaria para frenar una actividad que, además de financiar el crimen, destruye ecosistemas estratégicos.

Su propuesta va más allá del control territorial. El presidente plantea fortalecer las empresas estatales que compran oro y utilizar este recurso como instrumento de política económica. Entre sus ideas está destinar el oro adquirido como respaldo del sistema pensional, canalizado a través del Banco de la República, en lugar de mantenerlo exclusivamente como reserva internacional.

El objetivo, según el gobierno, es doble: golpear directamente las finanzas de las mafias y, al mismo tiempo, construir una base más sólida para la sostenibilidad de las pensiones en el país. En esa línea, también ha planteado reformas legales para que las operaciones relacionadas con el oro refuercen las reservas nacionales y reduzcan la influencia de intermediarios privados.

El presidente ha sido enfático en otro punto clave: no habrá negociación con organizaciones como el Clan del Golfo o el ELN, a las que acusa de haber profundizado su carácter criminal y su dependencia de economías ilícitas. En su lectura, el control del oro es hoy uno de los principales motores del conflicto armado en Colombia.

Los hallazgos de la investigación y la respuesta del gobierno plantean preguntas de alcance global. La trazabilidad del oro, la eficacia de los controles internacionales y la capacidad de los Estados para frenar economías ilegales quedan en el centro del debate.

Lo ocurrido en La Mandinga no es un caso aislado. Es la evidencia de un sistema en el que el oro puede salir de una zona controlada por grupos armados, atravesar múltiples filtros legales y terminar legitimado en instituciones internacionales. Para el gobierno colombiano, la única forma de romper ese ciclo es recuperar el control total del recurso.