Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, lidera la reforma agraria en el país de la belleza
Colombia atraviesa un momento decisivo en su política alimentaria. Lejos de los diagnósticos alarmistas que han circulado en algunos espacios mediáticos, los indicadores más recientes muestran una mejora sostenida en seguridad alimentaria y nutrición, en paralelo con un aumento sin precedentes en la producción agrícola y una reducción progresiva de la pobreza multidimensional.
El Ministerio de Agricultura salió al paso de interpretaciones que han vinculado al país con escenarios de crisis global de hambre, tras la publicación del más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Según la cartera, la inclusión de Colombia en herramientas como el HungerMap Live responde a su carácter preventivo y a su enfoque en zonas específicas afectadas por violencia, desplazamientos y eventos climáticos, no a una situación generalizada de hambruna.
El informe Global Report on Food Crises 2026 menciona al país únicamente en relación con el impacto de la violencia en regiones concretas como Cauca, Norte de Santander y Chocó, donde cientos de miles de personas han enfrentado afectaciones derivadas del conflicto. Sin embargo, estos datos corresponden a niveles intermedios de inseguridad alimentaria y no ubican a Colombia en las categorías más críticas asociadas a hambre catastrófica.
El matiz es clave. La presencia de focos de vulnerabilidad no define la realidad nacional. Mientras persisten desafíos estructurales ligados a la violencia, el país ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de su sistema agroalimentario. El aumento del área sembrada, el abastecimiento récord en centrales de alimentos y la mejora en las condiciones de vida en el campo reflejan una transformación en curso.
Bajo la administración del presidente Gustavo Petro, la política pública ha apostado por un enfoque estructural que combina producción, acceso y derechos. El reconocimiento del derecho a la alimentación como derecho fundamental marca un hito institucional, al tiempo que se despliegan estrategias territoriales para enfrentar la malnutrición desde sus causas profundas.
Imagen MinAgricultura
En paralelo, se consolidan modelos de abastecimiento que conectan directamente a productores con consumidores, se fortalecen las economías campesinas y se activan mecanismos de intervención para estabilizar mercados en momentos críticos. La compra directa de alimentos a pequeños productores y el impulso a las compras públicas locales son parte de esta arquitectura.
La reforma agraria, eje central de esta estrategia, busca no solo redistribuir la tierra sino dinamizar la producción y reducir brechas históricas. En ese contexto, el combate al hambre deja de ser una respuesta coyuntural y se convierte en un proceso de transformación estructural.
El Gobierno sostiene que utilizar informes internacionales para deslegitimar estas políticas desconoce tanto su alcance como sus resultados. Por el contrario, argumenta que los hallazgos refuerzan la necesidad de intervenir en territorios afectados por la violencia mientras se consolida un modelo más equitativo y sostenible.
El reto sigue siendo enorme. La persistencia del conflicto en algunas regiones continúa afectando el acceso a alimentos y limita el desarrollo rural. Pero el rumbo trazado apunta a un cambio de fondo: erradicar el hambre no solo como urgencia humanitaria, sino como condición indispensable para construir paz y desarrollo en Colombia.
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