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El anuncio de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de El Curval, presentado por la actual administración de Santa Marta, ha desatado una fuerte controversia política y técnica al ser señalado como una respuesta insuficiente frente a una de las crisis más persistentes de la ciudad: el acceso al agua potable.
Lejos de representar una solución estructural, el proyecto impulsado por el alcalde Carlos Pinedo plantea una capacidad de suministro de apenas 800 litros por segundo, una cifra que, según expertos y sectores críticos, está muy por debajo de los 2.400 litros por segundo que requiere la capital del Magdalena para garantizar cobertura plena y continua a su población.
La propuesta ha sido cuestionada no solo por su alcance limitado, sino también por lo que varios actores consideran una reedición reducida de un plan previamente estructurado durante las administraciones de Carlos Caicedo y Virna Johnson. Ese proyecto, diseñado entre 2020 y 2023, contemplaba una inversión cercana a 1,6 billones de pesos y buscaba asegurar el abastecimiento de agua durante las 24 horas para más de 550 mil habitantes, triplicando la capacidad actualmente anunciada.
El diseño original incluía la captación de agua desde los ríos Guachaca y Buritaca, respaldado por un acuerdo estratégico con Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, además de una robusta infraestructura que abarcaba estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento en puntos clave de la ciudad y más de 130 kilómetros de redes de acueducto para ampliar la cobertura en sectores históricamente marginados.
En contraste, la iniciativa actual reduciría significativamente tanto la inversión como el impacto. Con un presupuesto estimado en 890 mil millones de pesos, el alcance del nuevo proyecto cubriría a cerca de 400 mil habitantes, dejando por fuera a una porción considerable de la población y manteniendo el déficit estructural del servicio. La diferencia en capacidad de captación representa, según los críticos, una disminución del 67% frente a lo que la ciudad realmente necesita.
Además, mientras el proyecto anterior ya había avanzado hasta su proceso de licitación en 2023 y proyectaba iniciar obras en 2024 con finalización en 2026, la administración actual apenas se encuentra en fase de anuncio para la selección del contratista, lo que retrasaría aún más una solución de fondo para miles de ciudadanos.
En una ciudad donde el acceso al agua sigue siendo intermitente y desigual, el debate trasciende lo técnico y se instala en el terreno político. Para sus detractores, la nueva propuesta no solo resulta insuficiente, sino que también reabre una discusión sobre continuidad administrativa, planificación a largo plazo y la capacidad de los gobiernos locales para responder a necesidades básicas sin retrocesos.
Mientras tanto, para los habitantes de Santa Marta, la expectativa sigue siendo la misma desde hace décadas: abrir el grifo y encontrar agua.
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REDACCIóN COLOMBIA
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