Las OPV 87 de Uruguay nuevamente en el ojo de la tormenta

El Ministerio de Defensa Nacional sancionó a cuatro altos jerarcas de la Armada, entre ellos el excomandante en jefe Jorge Wilson, por autorizar el pago de más de ocho millones de dólares al astillero español Cardama sin consentimiento ministerial y por brindar información falsa durante el proceso de transición.

Según informó la diaria, la ministra Sandra Lazo explicó que la liberación del segundo hito del contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV) se decidió de forma «unilateral», sin que el expediente llegara al ministerio. La resolución se basó en el informe de un grupo de trabajo especialmente designado, que verificó inconsistencias entre las versiones de los oficiales y los registros oficiales.

Además de Wilson, fueron sancionados con arresto a rigor el director general de Finanzas, contralmirante Miguel de Souza; el director de Material Naval, contralmirante José Ruiz; y el capitán de navío Marcelo da Silva, exjefe de gabinete del excomandante.

La ministra detalló en Informativo Sarandí que el grupo de trabajo detectó que Wilson no informó sobre la autorización del pago durante una reunión previa a su salida del cargo, argumentando que «la orden aún no había sido firmada». Sin embargo, el equipo constató que la orden había sido firmada horas antes de ese encuentro.

Lazo subrayó que las sanciones no recaen sobre la adjudicación misma del contrato, sino sobre las irregularidades en el manejo de la información y el procedimiento interno. También afirmó que se mantiene el vínculo con el astillero Cardama y que este se comprometió a mejorar la comunicación técnica.

En declaraciones a Azul FM, la ministra no descartó la posibilidad de cancelar el contrato con Cardama, aunque aclaró que espera que eso no sea necesario: “Lo mejor para el país es que se construyan los buques”, sostuvo. También destacó la actitud del exministro Armando Castaingdebat durante el traspaso de mando y su colaboración con la entrega de documentación.

La compra de las dos OPV por más de 82 millones de euros fue acordada durante la gestión del exministro Javier García en 2023. El proceso ha sido cuestionado desde el inicio por el Frente Amplio, que lo calificó como “poco transparente” y carente de rigor técnico. Queda esperar si la tercer etapa de pagos a concretarse a mediados de mayo se lleva efectivamente a cabo como está determinado o será un nuevo capitulo en este mar de tinta.

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