Valencia se las prometía felices con su nueva ley para regular pisos turísticos. Hasta que llegó “la trampa de los 11 días”

Hecha la ley, hecha la trampa. En su intento por atajar la proliferación de pisos turísticos, la Comunidad Valenciana se ha encontrado con un desafío (no tan) inesperado: la picaresca de los caseros, que han encontrado en la nueva ley que regula el sector un resquicio que les permite alquilar pisos a turistas acogiéndose a normas más laxas. La clave está en algo en principio tan inocente como la duración de las estancias. Para ser más precisos en si duran más o menos de 10 días.

Hay quien ya habla de «la trampa de los 11 días».

¿Qué ha pasado? La noticia la avanzaba hace unas semanas el periódico Levante-EMV: en Airbnb han empezado a anunciarse pisos de Valencia con un común denominador, el tiempo mínimo de estancia que exigen a sus inquilinos. No importa en qué calle se ubiquen, cómo estén decorados, su superficie, si tienen o no vistas al mar o si son más o menos caros. En todos se repite la misma e invariable condición: estancia mínima de 11 noches. Ni una menos.

¿Son muchas viviendas? Unas cuantas. A finales de febrero Levante-EMV apuntaba que solo en Airbnb podían consultarse «decenas» de viviendas situadas en bloques residenciales de Valencia (en ocasiones localizadas en terceras o cuartas plantas) que se ofrecían bajo esa condición: una estancia mínima de 11 días. Una búsqueda rápida en la misma plataforma muestra que aún se encuentran anuncios así. Es más, hay negocios que han decidido empezar a aplicar el mismo criterio.

¿Y por qué 11 días? Para entenderlo hay que echar mano de la legislación valenciana. Para ser más precisos del  decreto ley 9/2024, un texto aprobado en agosto y que actualizó la norma de 2018 sobre alquileres vacacionales. Su objetivo, como trasladaba en 2024 el Gobierno valenciano, es «mejorar la regulación» de los pisos turísticos y «ofrecer seguridad jurídica» a los usuarios y caseros.

La clave es qué es un ‘piso turístico’ para la nueva normativa. Ahí donde entra en juego la barrera temporal. Al modificar el artículo 65, el documento aclara que las «viviendas de uso turístico» son aquellas que (entre otras condiciones) «se ceden en condiciones de inmediata disponibilidad, con fines turísticos, por tiempo inferior o igual a 10 días, computados de forma continuada a un mismo arrendatario».

¿Qué significa eso? Que las viviendas vacacionales quedan asociadas a ese horizonte temporal: 10 días. Cualquiera que se alquile por más tiempo quedaría fuera de esa categoría, que exige disponer además de una licencia turística. En la práctica se trata de una vía legal que permite a los caseros anunciar sus viviendas en plataformas como Airbnb como otra cosa: alquileres de temporada.

Según la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) estos últimos son los alquileres que no se destinan a cubrir «la necesidad permanente de vivienda del arrendatario». La Moncloa ya se ha propuesto trabajar en su regulación para evitar que se usen para esquivar los requisitos que se aplican a los alquileres convencionales y beneficien a las personas para las que realmente están pensados, como los estudiantes.

¿Por qué es importante? Porque uno de los objetivos del cambio normativo aplicado en agosto de 2024 en la Comunidad Valenciana era precisamente atajar el aumento de las viviendas turísticas, una modalidad de alquiler que ha ido ganando fuerza en España y tensa (aún más) el mercado residencial. Lo reconocía el propio Gobierno regional al argumentar qué buscaba con la nueva normativa, además de «frenar la competencia desleal» o dar mayor «transparencia» al sector.

«La proliferación de esta modalidad […] ha supuesto su incremento exponencial y descontrolado en determinados ámbitos, lo que determina la necesidad de adoptar medidas urgentes para poner freno a un fenómeno que, de no actuar de inmediato, puede generar problemas que se agravan exponencialmente», razonaba en 2024 la Generalitat valenciana. Hay expertos que ya cuestionan que la nueva ley haya acertado a la hora de especificar qué es una vivienda para uso turístico.

¿Ha tenido consecuencias? Sí. O al menos reacciones. Tras la noticia de Levante la Federación de Asociaciones Vecinales de València (FAAVV) ha exigido que se cambie lo antes posible el reglamento de la Generalitat, tema que también ha saltado ya al debate político valenciano. «En lugar de proponer límites claros a la actividad y asumir la responsabilidad de inspeccionar y sancionar crean un sinfín de supuestos ambiguos y contradictorios», lamenta la FAAVV.

«La norma debe cambiarse porque no ayuda a contener la amenaza de los pisos turísticos contra el alquiler residencial y crea confusión e inseguridad jurídica».

¿Y qué dice el Gobierno? La Conselleria de Turismo ya ha advertido que el hecho de que un alquiler no se considere turístico no significa que no deba cumplir ciertas normas, como el depósito de una fianza, y que en aquellos casos en los que se aprecie un fraude los responsables se exponen a sanciones que pueden llegar a 10.000 o incluso 100.000 euros, dependiendo de las características del caso.

Con todo, se muestran abiertos a realizar ciertos ajustes en la norma. «La ley se aprobó en agosto. Ahora que lleva un tiempo funcionando vamos a revisarlo todo, ver si existe algún tipo de disfunción y actuar», reconoce el Gobierno regional, que asegura además que la visión sobre ese marco temporal (las estancias de 10 días) varía de una localidad a otra. Hace unas semanas la Generalitat dio de baja a 886 viviendas del Registro de Turismo por carecer de NIF/NIE, y advertía: es la primera fase de un proceso que acabará a afectando a 34.000 viviendas.

Imágenes | Giuseppe Buccola (Unsplash)

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