El nuevo impuesto en Italia marcará el rumbo del proyecto de presupuesto para 2027 presentado por el gobierno de Giorgia Meloni, el cual combina rebajas impositivas para sectores medios, mayores aportes de bancos y grandes empresas y una novedosa medida dirigida a los grandes patrimonios: un “impuesto de salida” para quienes trasladen su residencia fiscal fuera del territorio tras haber vivido varios años en el país.
El paquete presupuestario asciende a unos 26.000 millones de euros y será el último antes de las elecciones generales previstas para 2027. Entre sus principales medidas aparece una modificación del impuesto sobre la renta que amplía el tramo alcanzado por una alícuota del 33% hasta los 55.000 euros anuales, cuando actualmente los ingresos superiores a 50.000 euros tributan una tasa del 43%.
La modificación representaría un ahorro máximo de alrededor de 500 euros anuales para los contribuyentes beneficiados. A la par, el proyecto elevará de 85.000 a 100.000 euros el límite de facturación para que determinados trabajadores autónomos puedan acceder al régimen de impuesto único.
Carga sobre bancos y energéticas
La rebaja para los ingresos medios forma parte de un esquema fiscal más amplio. La administración prevé obtener más de 5.000 millones de euros adicionales de bancos y aseguradoras, a través de cambios en el impuesto corporativo y en las transacciones financieras.
Las compañías energéticas también tendrán una mayor carga y aportarían alrededor de 700 millones de euros. De esta manera, el Ejecutivo busca financiar parte de las reducciones tributarias y el aumento del gasto previsto en las cuentas públicas.
La iniciativa se produce en un contexto complejo, donde se proyecta que el déficit pase del 2,9% del Producto Bruto Interno en 2026 al 3,4% en 2027. Parte del margen adicional será posible gracias a la flexibilización temporal de las reglas fiscales europeas por el gasto en defensa.
El cerco a las grandes fortunas
Pero una de las novedades que mayor atención generó es la incorporación de un denominado “exit tax” o impuesto de salida.
La propuesta establece un gravamen del 26% sobre determinadas ganancias de capital no realizadas para personas que trasladen su residencia fiscal fuera de Italia y posean activos por al menos 800.000 euros. Para quedar alcanzado por la normativa, el contribuyente deberá haber sido residente fiscal durante al menos seis de los diez años anteriores a su partida.
El mecanismo implica que, bajo determinadas condiciones, el fisco podría calcular la ganancia acumulada por un activo durante la residencia en el país, incluso aunque todavía no haya sido vendido formalmente.
La medida todavía no es ley y deberá atravesar la discusión parlamentaria. Además, quedan aspectos importantes por definir, entre ellos qué activos estarán alcanzados, cómo funcionarán las eventuales devoluciones cuando esos bienes no sean enajenados y de qué manera se compatibilizará el tributo con los regímenes especiales para atraer capitales.
De atraer capitales al freno de salida
La discusión tiene una particularidad: durante casi una década, Italia construyó uno de los regímenes fiscales más atractivos de Europa para captar grandes patrimonios internacionales.
Desde 2017, las personas de alto patrimonio que trasladan su residencia al país pueden acogerse a un impuesto fijo anual sobre sus ingresos obtenidos en el extranjero, independientemente del monto total de esas rentas.
El régimen nació con una cuota anual de 100.000 euros, posteriormente fue elevada a 200.000 euros y desde 2026 alcanza los 300.000 euros para los nuevos beneficiarios.
El sistema convirtió a ciudades como Milán en destinos especialmente atractivos para empresarios, ejecutivos y grandes patrimonios internacionales, en momentos en que otros países europeos comenzaron a endurecer sus normas.
El flamante impuesto de salida busca resolver el problema inverso: determinar qué sucede cuando esas personas deciden mudarse nuevamente tras haber acumulado ganancias.
Reparos de los especialistas
La iniciativa generó cuestionamientos entre asesores especializados en patrimonios, que advierten que modificar las condiciones fiscales podría reducir el atractivo del país como destino de radicación.
Marc Acheson, especialista global en patrimonio de Utmost, sostuvo que la introducción de una tasa de salida representaría “un cambio significativo” para el régimen italiano, advirtiendo que la medida podría afectar la capacidad para captar familias ricas.
El argumento central es que quienes evalúan trasladar su residencia no observan solamente cuánto pagarán mientras permanezcan en un país, sino cuáles serán las condiciones fiscales en caso de decidir marcharse.
El impacto recaudatorio directo previsto, de hecho, es reducido. Según estimaciones oficiales, se proyecta obtener unos 3,7 millones de euros durante el primer año, cifra que posteriormente superaría los 6,7 millones anuales durante cuatro ejercicios.
Esto indica que el objetivo de la iniciativa no pasa principalmente por conseguir una gran fuente de ingresos para el Estado, sino por establecer un mecanismo para gravar las ganancias acumuladas durante los años de residencia antes de que los contribuyentes trasladen su domicilio a otra jurisdicción.
La nación europea tampoco sería una excepción internacional, dado que distintos países utilizan mecanismos similares para evitar maniobras de elusión previa a la venta de activos.
La discusión quedará ahora en manos del Parlamento, que deberá tratar el presupuesto antes de su aprobación definitiva. Allí se definirá el alcance final de una reforma con la que Meloni busca reducir la presión sobre sectores medios, conseguir recursos de grandes empresas y evitar que los patrimonios abandonen el suelo italiano sin tributar.
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