Las muertes violentas en Ecuador van al alza, en medio del estado de excepción

El programa de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, denominado Plan Fénix, es cuestionado tras varios homicidios reportados en los últimos días, como el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, la masacre en Puerto López, y balaceras en cantones de Manabí, Guayas y Los Ríos.

Su estrategia se ha ejecutado en el actual estado de excepción, ampliado hasta el 8 de abril, que ha permitido ejecutar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas numerosos operativos para enfrentar al crimen organizado, incluido a las bandas declaradas como organizaciones terroristas en el marco del conflicto armado interno.

La movilización de miles de agentes y militares, y la disposición del toque de queda, fueron motivadas por el desborde de violencia en la primera semana del 2024, que sumó 202 asesinatos (63 cometidos solo en el lunes del Año Nuevo), una cifra que solo se alcanzó una vez dentro de octubre de 2023, año que cerró con 8 009 muertes violentas en Ecuador.

En los posteriores días, se confirmó la fuga de alias Fito, cabecilla principal de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil, y ocurrieron varios sucesos criminales, como el secuestro de cientos de funcionarios penitenciarios en las cárceles, el atentado terrorista en TC Televisión, ataques armados en varias ciudades, y el incendio de vehículos.

Con la vigencia del estado de excepción, las fuerzas del orden respondieron, y entre el 8 al 14 de enero, se registraron 115 crímenes contra la vida, según consta en el portal de datos abiertos del Ministerio del Interior. Para la siguiente semana fueron 66 asesinatos, la más baja desde 2022.

Sin embargo, estas cifras crecieron cada siete días, y de nuevo superó los tres dígitos a mediados de febrero, alcanzando entre el 12 y 18 de febrero las 102 muertes violentas. La semana posterior bajó a 84, y luego, del 26 de febrero al 3 de marzo, llegó a 96 asesinatos.

Esto ha resultado que enero terminase con 489 homicidios, mientras que febrero cerró con 366, una baja del 15 % al hacer una comparación del mismo periodo con el anterior año, dado que estos meses reportaron 517 y 490 crímenes en 2023, respectivamente.

Estos números se asemejan a los del 2022, cuando se registraron 404 muertes violentas en promedio por cada mes. Aquel año culminó con 4 859 homicidios en todo el territorio ecuatoriano.

Posterior al martes 5 de marzo, ni la Policía Nacional o el Ministerio del Interior han transparentado aún de manera pública la cifra diaria de asesinatos a escala nacional en el resto del presente mes.

Por su parte, la empresa de seguridad municipal de Guayaquil, Segura EP, comunica en su portal de estadísticas que se han producido 108 muertes violentas en la urbe hasta el sábado 29 de marzo. Esto representa una baja de lo ocurrido en enero (130), pero un incremento con respecto a febrero (81).

La provincia de Manabí, que ha sufrido un embate de violencia con el sicariato en contra de la alcaldesa Brigitte García, varias balaceras en Manta y una masacre en Puerto López en las dos últimas semanas, ha reportado 166 asesinatos hasta el sábado 29 de marzo, según indicaron voceros de la Policía Nacional a medios locales.

Al contrastar esta información con la base de datos del Ministerio del Interior, que señala que los registros de enero y febrero suman 82 muertes violentas en esta zona, se concluye que Manabí ha sufrido 84 asesinatos sólo en marzo.

Esta información proyecta que este mes cerrará con más homicidios que los reportados en febrero en todo Ecuador. Solo hasta el quinto día de marzo se contabilizaron 53 crímenes.

El alza de fallecimientos por ataques armados en marzo, con respecto a febrero, significa que los esfuerzos realizados durante la ampliación del estado de excepción no han podido contener el crecimiento de muertes violentas.

Este fenómeno también ocurrió en la presidencia de Guillermo Lasso, quien emitió, entre inicios y renovaciones de estados de de excepción por grave conmoción interna, 12 decretos, algunos de ellos focalizados en algunas ciudades y provincias, para enfrentar al crimen.

La primera vez que Lasso usó este recurso constitucional, en el contexto de inseguridad, fue el 18 de octubre de 2021. El mes previo había sido uno de los más violentos hasta ese entonces en Ecuador, con 325 homicidios, y entre el 12 al 18 de octubre, se registraron 71 muertes violentas.

Las cifras de crímenes sí bajaron, hasta que tuvo un incremento considerable en la cuarta semana, marcada por la masacre carcelaria en la Penitenciaría del Litoral, pues el 12 de noviembre fallecieron 71 reos.

De allí, los registros de muertes violentas semanales se mantuvieron alrededor de 40. Aquel octubre acabó con 225 homicidios, mientras que noviembre tuvo 282, y diciembre 223.

Sin embargo, para 2022, comenzó una escalada sin procedentes de delitos contra la vida. Todos los meses de ese año superaron las 310 asesinatos. Para 2023, el mes con menos homicidios fue un febrero no bisiesto, con 490. Por ende, los siguientes estados de excepción carecieron de efectividad para controlar el problema.

Uno decretado el 1 de abril de 2023, que fue focalizado en Guayaquil, Samborondón y Durán, y en las provincias de Santa Elena y los Ríos, tuvo como antecedente 165 muertes violentas en la semana previa a esa fecha. De allí bajó a 147 asesinatos, pero para la quinta semana de estar vigente, el número alcanzó la cifra de 175.

Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, se volvió a imponer un estado de excepción. Sin embargo, este fue el menos eficaz de todos, porque la baja de muertes solo duró una semana.

Según el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración, Daniel Noboa tiene proyectado reducir la tasa de homicidios intencionales de 45,11 a 39,11 por cada 100 000 habitantes, esperando alcanzar esta meta en el fin de su periodo, para mayo de 2025.

Es decir, espera que se produzcan menos de 6 600 muertes violentas para este año, que si bien es menor a la del 2023, sigue siendo un número alto, que equivaldría a la segunda mayor cifra histórica de asesinatos en Ecuador.