Violencia pandillera: ¿pueden El Salvador o las Naciones Unidas intervenir en Haití?

El presidente Nayib Bukele y la ONU buscan caminos para ofrecer ayuda ante la difícil situación que vive en Haití.

Marzo está siendo el mes del terror para Haití. Bandas criminales se aliaron bajo el grupo G9 an Fanmi e Alye y obligaron al primer ministro Ariel Henry a renunciar a su cargo. Ante la situación de caos y anarquía, el presidente de El Salvador Nayib Bukele se ofreció a brindar ayuda para resolver la crisis de seguridad nacional.

En DEF te contamos cuál es el plan presentado por Bukele y qué pueden hacer las Naciones Unidas.

La renuncia de Ariel Henry y la pérdida de poder

El 2 de marzo, la alianza criminal G9 an Fanmi e Alye asaltó la capital y los principales establecimientos de seguridad para obligar al primer ministro Ariel Henry a renunciar.

Miles de pandilleros atacaron la principal cárcel de Puerto Príncipe y otra en la comuna vecina de Croix des Bouquets, causaron la destrucción de 40 comisarías, de la estructura energética y comprometieron la seguridad del aeropuerto internacional Toussaint Louverture.

Muertos, heridos y desplazados sumieron a Haití en un caos mientras Henry se encontraba en una gira internacional. En su intento de retorno al país, quedó varado en Puerto Rico por la cancelación de todos los vuelos.

La dilatación de la situación provocó una creciente incertidumbre sobre qué haría el primer ministro, hasta que el 12 de marzo las presiones nacionales e internacionales lo obligaron a comunicar su renuncia y la del resto de los funcionarios de su gobierno.

El relevo de poder lo tomará un Consejo de Presidencia de transición y un primer ministro interino. La fragilidad del país obliga a una solución más allá de las figuras que lideren el poder ejecutivo o de la extensión del toque de queda hasta el 20 de marzo.

Los planes de El Salvador y Estados Unidos para Haití

Las autoridades norteamericanas y de la Comunidad del Caribe estuvieron atentas a los acontecimientos en Haití y buscaron garantizar la estabilidad de Ariel Heny en el gobierno, hasta que la crisis dio un golpe de realidad.

En respuesta inmediata, el secretario de Estado Antony Blinken se comprometió a entregar 300 millones de dólares para financiar una esperada fuerza de seguridad de 1.000 soldados de Kenia, respaldada por las Naciones Unidas. Este plan fue la última medida impulsada por Henry antes de su dimisión.

Además, Estados Unidos aportará otros 33 millones adicionales designados para asistencia humanitaria.

El Salvador, por su parte, se ofreció a intervenir en el país. La experiencia de la gestión de Nayib Bukele en materia de seguridad es motivo de admiración en muchos países. Los salvadoreños pasaron de ser uno de los epicentros de violencia en Centroamérica y el mundo, a ser un modelo de lucha contra las pandillas.

Es por esto que Bukele ofreció que su gobierno aplicara lo mismo en Haití. Sin embargo, el propio presidente sostuvo que para poder actuar necesitaría “una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y cubrir todos los gastos de la misión”.

Recaerá en el gobierno de transición de Haití y en las Naciones Unidas la decisión de qué camino se elige para solucionar la grave crisis de seguridad que se vive en Puerto Príncipe y en zonas aledañas.

¿Las misiones de paz de la ONU son una opción?

Hasta el momento, las Naciones Unidas miran con cautela lo que ocurre en Haití. La organización mundial se limitó a tender un puente aéreo para ayuda humanitaria entre la vecina República Dominicana y la capital haitiana.

El personal no esencial de la ONU se retiró del país mientras avanza el último plan de seguridad aprobado. 1.000 soldados de Kenia llegarán a Haití para reforzar a las disminuidas fuerzas de seguridad nacionales en un intento por recuperar el territorio controlado por las distintas pandillas.

La comunidad internacional apela a una intervención externa, más allá de la ayuda aportada por Kenia. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas surgen como una posibilidad, aunque su libertad de acción es limitada.

El mantenimiento de la paz consiste en el despliegue de fuerzas de distintos países bajo la bandera de la ONU. Surgió en 1948 como una asistencia al naciente Estado de Israel y desde ese entonces se transformó en una medida para intentar llevar la paz a distintos países. También funcionan como una garantía de los procesos electorales y transiciones del poder político en lugares críticos.

En estas misiones, bregan tres conceptos: consentimiento de las partes, imparcialidad y el no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa o en respuesta en ataque.

Actualmente, 110.000 militares, policías y civiles sirven en 15 misiones de paz, principalmente en Medio Oriente y África y en países como Líbano, Gaza, Chipre y en la frontera sino-india.

La ONU ya había intervenido en el caso de Haití en la década del 90 y luego entre 2004 y 2017. En este último período, una Fuerza Multinacional Provisional intervino después del exilio del presidente Bertrand Aristide, producto de un conflicto armado que se había extendido por todo el país.

La misión también asistió a la población tras el terremoto de 2010 y en 2017 se redujo su tamaño. Permaneció en Haití para fortalecer las instituciones democráticas, brindar apoyo a la Policía Nacional y fomentar su desarrollo.

Una nueva etapa podría no resolver la crisis de seguridad que vive Haití, no sucedió en el pasado. Sin embargo, a futuro podría garantizar el necesario proceso electoral que atravesará el país luego del Consejo Presidencial de transición.

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