
Una supuesta deuda en el IESS y su participación como accionista en Teleamazonas remecen al titular del Ministerio del Deporte.
El presunto impedimento que tendría el ministro del Deporte, Andrés Guschmer, para ejercer cargos públicos nace de dos denuncias: un documento obtenido a través del sitio web del Ministerio del Trabajo y su participación como accionista del canal Teleamazonas.
En el primer caso, se trataría de un error en la plataforma del Ministerio del Trabajo, sin embargo, desde esa cartera de Estado no se ha brindado una explicación.
Este lunes 12 de febrero se difundió en redes sociales un certificado en el que constaba que el ministro no podía ejercer ese puesto ni ningún otro en el sector público porque supuestamente tiene una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Lo cierto es que este martes 13 de febrero el sistema refleja que Guschmer no tiene impedimento.
El secretario de Estado, quien tiene una larga trayectoria en el periodismo deportivo y asumió el cargo de ministro del Deporte el 23 de noviembre, se defendió en ese sentido. En sus redes sociales difundió el documento que valida su designación.
Sin embargo, no se refirió a su participación en Teleamazonas. Según consta en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro, Guschmer tiene acciones en Teleamazonas Guayaquil S. A. y en Cratel S. A. Este último es el nombre jurídico del mismo medio de comunicación, pero en Quito.
El artículo 152 de la Constitución prohíbe que «las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras» ejerzan el cargo de ministro mientras mantengan un contrato con el Estado «para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual».
En los casos de Teleamazonas S. A. y Cratel S. A., ambas tienen contratos con el Estado por la concesión de frecuencias, no obstante, en Ecuador la comunicación no es considerada como un servicio público.
Por otra parte, está el antecedente de Sebastián Corral, el exsecretario de la Administración Pública durante el Gobierno de Guillermo Lasso, a quien la Contraloría General del Estado (CGE) investigó.
Hace dos días, ese organismo determinó que Corral no podía ejercer ese cargo porque también era accionista de Teleamazonas. Finalmente, Corral fungió varios meses como secretario de Estado. Asimismo, el informe de la CGE no incluye aún responsabilidades.
Guschmer, de su lado, anunció que este miércoles 14 de febrero acudirá a la Contraloría a pedir un examen especial sobre su incorporación en la Administración de Daniel Noboa.
ecuavisa.com
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