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Washington vuelve a endurecer su política migratoria con una decisión de amplio alcance que reconfigura el mapa de la movilidad internacional. El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que profundiza la ofensiva de la administración de Donald Trump contra los flujos migratorios y que tendrá efectos inmediatos en miles de familias, empresas y solicitantes de residencia permanente alrededor del mundo.
La pausa, que entrará en vigor el 21 de enero, alcanza a naciones de América Latina, África, Medio Oriente y Europa del Este, entre ellas Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia. La disposición afecta exclusivamente a las visas de inmigrante, incluidas aquellas vinculadas al empleo, la reunificación familiar o la residencia permanente, mientras que deja fuera a las visas de no inmigrante, como las de estudiantes, turistas o viajeros de corta estancia. Esto significa que, por ejemplo, quienes planean desplazarse a Estados Unidos para eventos internacionales como la Copa del Mundo no se verían impactados por la medida, al menos en el papel.
Detrás de la decisión subyace una revisión integral de los procedimientos migratorios bajo el criterio de “carga pública”, una figura legal que permite a las autoridades negar la entrada o la residencia a personas que, según la evaluación del Gobierno, podrían depender de ayudas estatales. El Departamento de Estado había reforzado este enfoque el año pasado, abriendo la puerta a un escrutinio más riguroso de los perfiles económicos y sociales de los solicitantes.
“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, afirmó el portavoz de la agencia, Tommy Pigott, en un comunicado difundido este miércoles. Según explicó, el congelamiento del procesamiento para estos 75 países se mantendrá mientras se reevalúan los protocolos con el objetivo de impedir el ingreso de personas que, a juicio del Gobierno, recurrirían a beneficios públicos.
La decisión no llega en el vacío. Varios de los países incluidos ya figuraban en listas ampliadas de restricciones de viaje impuestas por Washington en los últimos años, una señal de que la administración busca consolidar un enfoque cada vez más selectivo y restrictivo. Para muchos analistas, la medida representa un giro de gran calado que podría tensar relaciones diplomáticas, afectar cadenas laborales internacionales y alterar proyectos de vida de miles de personas que ya estaban en proceso de emigrar.
Más allá de su impacto inmediato, la suspensión marca un nuevo capítulo en el debate global sobre migración, soberanía y derechos humanos. Mientras la Casa Blanca defiende la iniciativa como una protección de los recursos públicos y de la seguridad nacional, críticos dentro y fuera de Estados Unidos advierten que el congelamiento masivo de visas de inmigrante profundiza la incertidumbre, penaliza a países enteros por criterios administrativos y refuerza una visión cada vez más cerrada del país frente al mundo.
En un contexto de tensiones geopolíticas, crisis humanitarias y una economía global interdependiente, la decisión de Washington no solo redefine quién puede aspirar a construir un futuro en suelo estadounidense, sino que también envía una señal inequívoca sobre el rumbo que la política migratoria de la potencia norteamericana pretende seguir en los próximos años.
carloscastaneda@prensamercosur.org
