Foto: El mandatario cuestionó que el registrador Hernán Penagos no haya permitido una auditoría técnica independiente del software electoral por parte de los partidos y las veedurías. / Presidencia de la República.
A ocho meses de las elecciones de 2026, el debate sobre la transparencia del sistema electoral colombiano vuelve a encenderse. En el centro de la controversia reaparece un nombre que ha acompañado los comicios durante casi dos décadas: Thomas Greg & Sons. La compañía, que lidera el consorcio encargado del preconteo, la logística, la digitación y la consolidación de datos para la jornada del 8 de marzo, vuelve a asumir un papel determinante pese a haber sido señalada en decisiones judiciales relacionadas con irregularidades en procesos anteriores.
El presidente Gustavo Petro lanzó este fin de semana una advertencia pública a través de su cuenta en X. Desde el inicio rechazó que su pronunciamiento responda a cálculos electorales. Según escribió, su deber como jefe de Estado es alertar sobre lo que considera uno de los mayores riesgos para la democracia colombiana. En su mensaje sostuvo que el sistema de escrutinios es vulnerable y cuestionó que la estructura tecnológica continúe en manos privadas.
La polémica se avivó tras conocerse que la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó un contrato por 2,75 billones de pesos al consorcio encabezado por Thomas Greg & Sons. La cifra se suma a los 4,4 billones que, de acuerdo con datos oficiales, la empresa ha recibido en distintos contratos electorales desde 2007. Para el mandatario, el volumen de recursos y la reiteración de adjudicaciones configuran un problema estructural que trasciende un simple debate administrativo.
El sustento jurídico de la denuncia presidencial se remonta a una sentencia de sala plena del Consejo de Estado en 2014, en la que se documentaron 1.412 mesas afectadas, más de 236.000 votos excluidos y tres curules anuladas. En 2018, el alto tribunal ordenó a la organización electoral adquirir un software propio que garantizara trazabilidad completa desde la mesa de votación hasta la declaratoria oficial de elección. Según el presidente, esa orden no se ha cumplido de manera integral y el sistema que operará en 2026 mantiene la misma arquitectura cuestionada.
De acuerdo con el mandatario, solo una fracción de lo dispuesto por el tribunal ha sido implementada. El resto, afirma, permanece intacto. En la práctica, el preconteo que observa la ciudadanía el día de elecciones continúa dependiendo de la transmisión y procesamiento realizados por el operador privado. El Consejo Nacional Electoral, añadió, tendría injerencia sobre una porción mínima de las soluciones tecnológicas del proceso.
Veamos ahora la contratación de Thomas Greg and Sons de los hermanos Bautista en detalle.
Thomas Greg maneja las elecciones de Colombia desde el año 2007. La cifra de la licitación que ganó, la empresa colombiana Thomas Greg vale dos billones setecientos cincuenta y tres mil…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2026
Las cifras alimentan la discusión. De 27 contratos electorales celebrados desde 2007, 26 han sido adjudicados a la misma empresa. En la más reciente licitación, de 17 compañías invitadas solo una presentó la documentación completa: la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons con el 59,9 por ciento de participación. Para el presidente, esta situación refleja una concentración que la Constitución prohíbe de manera expresa.
El jefe de Estado comparó además los costos del sistema colombiano con los de Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur, países donde el software pertenece al Estado. Según su análisis, Colombia paga entre el doble y el triple por elector. Señaló también que los costos asociados al escrutinio se incrementaron en un 78 por ciento frente a 2013. A su juicio, el modelo contractual no deja activos tecnológicos en manos públicas y perpetúa la dependencia de proveedores privados.
La controversia no se limita al plano financiero. El mandatario cuestionó que no se haya permitido una auditoría técnica independiente y profunda del software por parte de partidos y veedurías. Una simulación de un día, sostuvo, no reemplaza un proceso exhaustivo que incluya acceso a los algoritmos y verificación de que el código utilizado en la jornada electoral sea exactamente el mismo que fue auditado. Guardar una copia del código fuente en la Procuraduría, agregó, no despeja las dudas sobre su integridad operativa.
En su declaración también recordó un episodio de 2022 en Pereira, donde una contratista aseguró que la empresa operaba instalaciones de gran escala desde las que se transmitían datos hacia el escrutinio final en formularios distintos a los oficiales. Aunque el caso no derivó en sanciones penales, el presidente lo citó como ejemplo de las vulnerabilidades que, en su criterio, persisten.
El Gobierno no tiene competencia directa sobre la organización electoral, que es autónoma. Sin embargo, el tono de la advertencia presidencial anticipa que el proceso de 2026 se desarrollará bajo una atmósfera de escrutinio político permanente. Petro convocó a los testigos electorales de su movimiento a ejercer una vigilancia estricta en cada mesa y a impugnar cuando existan dudas razonables, con el fin de forzar la revisión judicial de los votos.
En un país donde la confianza en las instituciones es un bien escaso, la discusión sobre quién controla el corazón tecnológico de las elecciones amenaza con convertirse en uno de los ejes centrales del debate público. La sombra del pasado vuelve a proyectarse sobre las urnas y el pulso entre el Ejecutivo y la organización electoral abre un nuevo capítulo en la historia de la democracia colombiana. Vía RTVC
La MOE solo constata sin mucho ruido, que las leyes vigentes electorales son de antes de las nuevas tecnologías.
Al ser Thomas Greg el único proveedor, una sola falla el día electoral puede ser devastador y mandaría a un proceso manual, que hoy por hoy, sería más seguro.
El CNE…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2026
ACERCA DEL CORRESPONSAL
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