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El presidente Gustavo Petro puso en marcha una nueva fase de su estrategia de movilización social al anunciar concentraciones en distintas ciudades del país, un llamado que busca convertir el respaldo ciudadano en una fuerza visible capaz de incidir en el rumbo de las políticas públicas y en el debate nacional. La convocatoria, que fija fechas, horarios y puntos de encuentro en los principales centros urbanos, se presenta como un ejercicio de participación directa alrededor de asuntos que el Gobierno considera prioritarios, como el salario vital, la justicia social y un paquete de reformas estructurales que atraviesan el Congreso y la opinión pública.
Lejos de limitarse a marchas tradicionales, la agenda propuesta incorpora foros abiertos, encuentros comunitarios y actividades culturales, con la intención de crear espacios de diálogo entre los asistentes y los territorios que los reciben. Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que las jornadas deben desarrollarse de manera pacífica, ordenada y plural, convocando a jóvenes, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos sin afiliación política para que expresen sus expectativas y preocupaciones sobre el momento que vive el país.
La iniciativa ha encendido una discusión intensa en el escenario público. Para sus promotores, se trata de la expresión más directa de un derecho constitucional que fortalece la democracia y permite a la ciudadanía influir en la agenda del poder, especialmente cuando los canales institucionales avanzan con lentitud. Desde esta óptica, la presencia masiva en las calles no solo respalda al Gobierno, sino que también visibiliza demandas históricas que, según sus defensores, han sido postergadas durante décadas.
En el otro extremo del espectro político, voces críticas advierten que la convocatoria puede desdibujar la frontera entre participación ciudadana y presión gubernamental. Señalan que las movilizaciones se producen en un contexto marcado por el calendario electoral y por debates sensibles sobre economía, empleo y estabilidad fiscal, lo que podría introducir un componente de polarización adicional. Algunos sectores de la oposición temen que el uso de la calle como escenario político termine condicionando decisiones de Estado que deberían resolverse en el marco institucional.
Analistas especializados en participación y gobernanza coinciden en que las movilizaciones tienen un valor indiscutible para poner en primer plano las demandas sociales, pero subrayan la necesidad de preservar reglas claras que garanticen su independencia y transparencia. La clave, señalan, está en distinguir entre la presión legítima de una ciudadanía activa y cualquier intento de instrumentalizar recursos públicos o estructuras oficiales para fines partidistas.
Mientras tanto, el país observa cómo se prepara un nuevo pulso entre el Ejecutivo, el Congreso y la opinión pública. Las plazas y avenidas se perfilan como escenarios donde no solo se medirán fuerzas políticas, sino también la capacidad de Colombia para canalizar sus tensiones a través de la participación pacífica. En un momento de reformas ambiciosas y de expectativas sociales elevadas, la respuesta que tengan estas movilizaciones podría convertirse en un termómetro decisivo del respaldo real al proyecto de gobierno y del rumbo que tomará el debate nacional en los meses por venir.
carloscastaneda@prensamercosur.org
