La evolución económica de Argentina y Brasil durante las últimas décadas vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende los gobiernos de turno: la capacidad de construir políticas de Estado, sostener instituciones y mantener objetivos nacionales a largo plazo. La comparación histórica muestra que el desarrollo no depende solamente de los recursos disponibles, sino también de la calidad de las decisiones políticas, la estabilidad institucional y la continuidad de los proyectos estratégicos.
Una reflexión publicada por Alberto Asseff en el diario argentino LA NACIÓN, bajo el título «Es la política, tarúpido», plantea una pregunta que merece ser examinada desde una perspectiva regional: ¿por qué Argentina, que durante buena parte del siglo XX tuvo una posición económica privilegiada en América Latina, perdió peso relativo frente a países que consiguieron ampliar su capacidad productiva?
El interrogante no puede responderse con una sola explicación ni atribuirse exclusivamente a un partido, un presidente o una orientación ideológica. Sin embargo, la historia económica de Argentina y Brasil ofrece elementos concretos para comprender cómo las decisiones políticas, la continuidad administrativa y la capacidad de planificación pueden influir en el destino de una nación.
Dos países, dos experiencias de desarrollo
La comparación presentada por Asseff parte de una diferencia significativa. Según las cifras que expone el autor, en 1960 Argentina representaba el 37,9% del producto bruto interno latinoamericano, mientras Brasil alcanzaba el 26,4%. Para 2025, la relación se había invertido: Argentina representaba el 10,4% y Brasil el 34,6%.
Los datos actuales del Banco Mundial permiten confirmar la dimensión de esa diferencia, aunque es importante precisar el criterio estadístico utilizado. Tomando el PIB nominal en dólares corrientes de 2025 y el agregado regional de América Latina y el Caribe excluyendo las economías de ingresos altos, Argentina representó aproximadamente el 10,5% y Brasil cerca del 35%. Estas proporciones pueden variar según la cobertura geográfica y la metodología empleada.
La comparación del PIB nominal tampoco debe confundirse con una medición directa del bienestar de la población. Las variaciones del tipo de cambio, los precios y las revisiones estadísticas influyen en el resultado expresado en dólares. Para evaluar el desarrollo de una sociedad también deben observarse el ingreso por habitante, la productividad, el empleo, la pobreza, la educación y la distribución de la riqueza.
Aun con esas precisiones, la diferencia de escala económica entre ambos países es evidente. Brasil consolidó una economía de mayor tamaño, con una estructura industrial y productiva diversificada, un mercado interno amplio y una presencia internacional considerable. Argentina, por su parte, atravesó sucesivas crisis macroeconómicas, cambios abruptos de orientación económica y períodos prolongados de inestabilidad política.
La cuestión central es comprender qué factores contribuyeron a producir esa divergencia.
Juscelino Kubitschek y Arturo Frondizi: una comparación que sigue vigente
Uno de los momentos históricos más ilustrativos se encuentra entre las décadas de 1950 y 1960, cuando Brasil y Argentina intentaron impulsar programas de modernización económica.
En Brasil, Juscelino Kubitschek asumió la presidencia en 1956 con un programa de desarrollo resumido en la consigna «cincuenta años en cinco». Su gobierno promovió la industrialización, amplió la infraestructura vial, impulsó inversiones en energía y avanzó con la construcción de Brasilia, inaugurada en 1960.
Pero el proceso no comenzó con Kubitschek. Una parte importante de las bases institucionales e industriales había sido desarrollada durante el gobierno de Getúlio Vargas. La creación y consolidación de organismos de financiamiento y planificación, entre ellos el Banco Nacional de Desarrollo Económico, permitió que el nuevo gobierno contara con herramientas administrativas y técnicas para ejecutar proyectos de gran escala.
En Argentina, Arturo Frondizi llegó a la presidencia en 1958 con un programa desarrollista que buscaba acelerar la industrialización, atraer inversiones y alcanzar el autoabastecimiento energético. Su administración consiguió avances importantes en la producción de petróleo y en la expansión de determinados sectores industriales.
Sin embargo, su gobierno estuvo condicionado por una fuerte confrontación política y militar. La presión de las Fuerzas Armadas, la debilidad de los acuerdos institucionales y la polarización política terminaron con su derrocamiento en marzo de 1962.
La comparación no es una simple disputa sobre cuál presidente tuvo mejores resultados. Un estudio académico de Ana Inés López-Accotto y Alfredo Gugliano, publicado en la revista América Latina Hoy, examinó precisamente las estrategias económicas de ambos gobiernos. Por su parte, la historiadora Rosemary Thorp, en una investigación publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo, identificó una diferencia institucional relevante: Brasil logró aprovechar la continuidad de estructuras administrativas creadas anteriormente, mientras Argentina enfrentó mayores dificultades para sostener acuerdos políticos y económicos.
Ese antecedente permite extraer una conclusión importante: un proyecto de desarrollo necesita algo más que un presidente con buenas ideas; requiere instituciones capaces de ejecutarlas, equipos técnicos preparados y acuerdos que sobrevivan a los conflictos políticos.
Brasil también tuvo crisis y contradicciones
Reconocer la continuidad de determinadas políticas brasileñas no significa presentar su historia como un modelo sin problemas.
Brasil atravesó una dictadura militar entre 1964 y 1985, crisis de deuda, períodos de elevada inflación, profundas desigualdades sociales y fuertes desequilibrios regionales. Su crecimiento industrial tampoco garantizó que los beneficios llegaran de manera equitativa a toda la población.
La investigación de Rosemary Thorp documenta que la expansión económica brasileña de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial convivió con una elevada concentración de ingresos. También advierte que la industrialización latinoamericana, en diferentes países, no siempre generó suficiente empleo ni corrigió las desigualdades existentes.
Este punto es fundamental para evitar una lectura simplificada: el tamaño de una economía no determina por sí solo la calidad de vida de sus habitantes. Brasil consiguió ampliar su peso económico, pero continúa enfrentando desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad, la educación, la seguridad y las diferencias entre sus regiones.
La experiencia brasileña demuestra que la continuidad institucional puede favorecer el desarrollo, pero no reemplaza la necesidad de políticas sociales, controles democráticos, transparencia y distribución de oportunidades.
Argentina: los costos de empezar de nuevo
La historia argentina presenta una sucesión de interrupciones institucionales, crisis económicas y cambios profundos de orientación política. Gobiernos constitucionales y dictaduras, períodos de expansión y recesión, procesos de endeudamiento, inflación y reformas estructurales dejaron una huella sobre la capacidad del país para sostener una estrategia de largo plazo.
Cada administración tiene el derecho democrático de establecer sus prioridades y corregir las políticas de sus antecesores. El problema aparece cuando la revisión se convierte en una ruptura permanente, sin evaluación técnica, sin consensos mínimos y sin una planificación que preserve aquello que funciona.
La inversión productiva necesita previsibilidad. Una empresa que evalúa construir una fábrica, ampliar una planta, contratar trabajadores o desarrollar una nueva tecnología considera los costos, la demanda y la rentabilidad, pero también observa la estabilidad de las reglas, la seguridad jurídica, la infraestructura y la posibilidad de planificar a varios años.
Cuando las condiciones cambian de manera imprevisible, el riesgo aumenta. Los proyectos pueden postergarse, las inversiones dirigirse a otros mercados y las oportunidades laborales desaparecer antes de materializarse.
La consecuencia no queda limitada a los indicadores financieros. Se traslada a los trabajadores, las pequeñas empresas, los productores, los comerciantes y las familias que necesitan estabilidad para organizar su futuro.
Por eso, reducir todos los problemas argentinos a la conducta de la clase política puede resultar insuficiente. También deben analizarse los conflictos distributivos, la estructura productiva, la dependencia de determinados sectores exportadores, los desequilibrios fiscales y externos, la inflación, el endeudamiento y los impactos de las crisis internacionales.
La política tiene una responsabilidad central porque es el ámbito donde se deciden las reglas, se distribuyen los recursos públicos y se establecen las prioridades nacionales. Pero las soluciones requieren comprender la complejidad económica y social del país.
¿Qué significa realmente ser un estadista?
La reflexión de Asseff recupera una figura que suele aparecer en los discursos políticos, aunque no siempre se traduce en prácticas concretas: el estadista.
No se trata simplemente de un dirigente experimentado, de una personalidad carismática o de alguien capaz de ganar elecciones. Un estadista debe comprender que el ejercicio del poder implica responsabilidades que exceden su mandato.
Su tarea consiste en identificar las necesidades estructurales del país, construir acuerdos, fortalecer instituciones y establecer objetivos que puedan mantenerse más allá de su permanencia en el gobierno.
Ese compromiso no exige que todos los partidos piensen de la misma manera. La democracia necesita diferencias, competencia política y alternancia. Lo que requiere es que existan acuerdos básicos sobre cuestiones estratégicas: educación, infraestructura, energía, ciencia y tecnología, política exterior, integración regional y desarrollo productivo.
La continuidad tampoco significa conservar políticas equivocadas por razones partidarias. Significa evaluar los resultados, corregir errores y mejorar los instrumentos sin destruir automáticamente las capacidades institucionales construidas durante administraciones anteriores.
Una nación que modifica su rumbo cada vez que cambia el gobierno pierde experiencia, desperdicia recursos y obliga a sus ciudadanos a pagar repetidamente el costo de decisiones que no alcanzan a madurar.
El desafío para el MERCOSUR: convertir la integración en una política de Estado
La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa desde el MERCOSUR. Argentina y Brasil no son solamente dos economías vecinas: son los principales socios del bloque y tienen una responsabilidad directa en la construcción de una integración regional efectiva.
Durante décadas, los países del MERCOSUR firmaron acuerdos comerciales, impulsaron proyectos de infraestructura y desarrollaron mecanismos de cooperación. Sin embargo, la integración continúa enfrentando dificultades cuando llega el momento de traducir las decisiones diplomáticas en beneficios cotidianos para la población.
Las fronteras siguen mostrando problemas de coordinación administrativa, procedimientos aduaneros, controles, circulación de personas y transporte de mercancías. En muchas localidades fronterizas, la cooperación depende excesivamente de la voluntad de las autoridades de turno y de la capacidad de cada administración para mantener relaciones institucionales con sus vecinos.
Esta realidad revela una contradicción: mientras los gobiernos presentan al MERCOSUR como una plataforma para negociar con las principales economías del mundo, millones de ciudadanos todavía encuentran obstáculos para desarrollar actividades comerciales, laborales, educativas y sociales en el espacio regional.
La integración no puede depender exclusivamente de las reuniones presidenciales ni de los comunicados de las cancillerías. Necesita instituciones permanentes, funcionarios capacitados, sistemas interoperables y políticas públicas que continúen funcionando cuando cambian los gobiernos nacionales, provinciales, estaduales o municipales.
Si Argentina y Brasil pretenden ejercer un liderazgo regional, deben comenzar por demostrar que pueden sostener objetivos compartidos y resolver los problemas concretos que afectan a sus propias poblaciones fronterizas.
La política debe medirse por sus resultados sobre la gente
Existe una diferencia entre administrar el poder y gobernar para el desarrollo. La primera actividad puede concentrarse en conservar mayorías, distribuir cargos y asegurar recursos políticos. La segunda exige planificar, construir capacidades y asumir decisiones cuyos resultados quizá no aparezcan durante el mandato de quien las impulsa.
La ciudadanía no vive de los discursos sobre el crecimiento económico. Vive de su salario, de las oportunidades laborales, del acceso a la educación, de la atención sanitaria, de la seguridad, de los servicios públicos y de la posibilidad de proyectar un futuro sin que cada crisis destruya lo construido.
Por eso, la discusión sobre los estadistas no debería convertirse en una búsqueda de dirigentes providenciales. Las instituciones democráticas no pueden depender de la aparición de una personalidad excepcional. Necesitan sistemas que formen cuadros técnicos, seleccionen funcionarios por capacidad, fortalezcan los controles y permitan que las políticas públicas tengan continuidad y evaluación.
También deben existir mecanismos de rendición de cuentas. Una política de Estado no puede ser una excusa para proteger decisiones ineficientes ni para evitar el debate público. Su legitimidad depende de los resultados, la transparencia y la capacidad de corregir sus errores.
Una agenda que no puede esperar otro ciclo político
Argentina y Brasil tienen recursos naturales, capacidad productiva, conocimiento científico, sectores industriales, universidades y una posición geográfica estratégica. El potencial existe. La cuestión es cómo convertirlo en crecimiento sostenido, empleo de calidad y mejores condiciones de vida.
Para avanzar, ambos países necesitan acuerdos duraderos sobre educación, infraestructura, energía, innovación, producción, estabilidad institucional y política exterior. El MERCOSUR, a su vez, debe dejar de ser considerado únicamente un instrumento de negociación comercial y convertirse en una política de integración que alcance a las empresas, los trabajadores, las ciudades y las comunidades de frontera.
Los gobiernos tienen derecho a diferenciarse y a presentar proyectos propios. Lo que no debería ocurrir es que cada cambio de administración obligue a comenzar desde cero, destruyendo equipos, interrumpiendo inversiones o abandonando iniciativas útiles por el solo hecho de haber sido impulsadas por otra fuerza política.
La historia comparada de Argentina y Brasil ofrece una advertencia que sigue vigente: los países no construyen su futuro únicamente con recursos, discursos o proyectos ambiciosos. Lo construyen cuando son capaces de sostener instituciones, formar dirigentes preparados y convertir las decisiones políticas en resultados concretos para la sociedad.
El verdadero desafío no es encontrar un dirigente que prometa resolver todos los problemas. Es construir una cultura política e institucional en la que ningún gobierno pueda considerar que el país comienza el día de su asunción y termina el día de su salida.
Porque el desarrollo de una nación no pertenece a un partido ni a una administración. Pertenece a sus ciudadanos y debe proyectarse mucho más allá de cualquier período electoral.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, originario de Goiás, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur y Director General de Radio Mercosur. Es miembro de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y desarrolla su trayectoria en el periodismo internacional, el Mercosur, la integración regional, la geopolítica y los derechos humanos. Cuenta con un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y un Doctorado Honoris Causa.
También fue Director General del Comité Paraguay de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas. Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México, recibido en 2021, y el reconocimiento como Amigo de la Niñez y la Adolescencia otorgado por Plan International Paraguay.
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