
Colombia llega otra vez a fin de año buscando crédito para sostener un Estado cuyos compromisos superan sus ingresos. Cambió el gobierno y se anunció austeridad, pero continúa la presión financiera. Ahora se propone una Ley de Rescate Económico. ¿Estamos corrigiendo el desequilibrio o comprando tiempo, cada vez más caro, para llegar al siguiente vencimiento?
La sustentación presupuestal de Hacienda para 2026 contemplaba $365,8 billones de funcionamiento: aproximadamente $30,5 billones mensuales. Hablar de unos $30 billones al mes tiene, por tanto, sustento presupuestal. Es un promedio, no un pago idéntico cada mes. Incluye transferencias, pensiones, personal y otros compromisos; no corresponde exclusivamente a salarios. Salarios, primas y mesadas son obligaciones previsibles. El problema aparece cuando cumplirlas exige conseguir nuevos prestamistas. La responsabilidad fiscal consiste en garantizar esos pagos sin trasladar indefinidamente su costo a contribuyentes, municipios y generaciones futuras.
La deuda sigue creciendo
En diciembre de 2025, el gobierno de Petro vendió TES, los títulos con los que la Nación pide prestado, por el equivalente a USD 6.000 millones. La operación involucró al menos 60 fondos administrados por Pimco. El gobierno recibió dinero y asumió pagos futuros. Evaluar el negocio exige conocer sus costos y el destino de los recursos; no podemos afirmar que todo pagó salarios.
Los municipios también sintieron las dificultades. Según el DNP la última doceava de determinados recursos del Sistema General de Participaciones —SGP— cayó cerca del 48% en 2025 frente a 2024. La Nación había recaudado menos de lo presupuestado durante 2024. La caída no afectó en ese porcentaje toda la transferencia anual, pero dejó a las alcaldías con menos recursos de los previstos.
El cambio de gobierno no eliminó la necesidad de endeudarse. Entre el 29 de julio y el 28 de octubre, los TES clase B pasaron de $797,6 a $815,1 billones: $17,5 billones adicionales. Las obligaciones de corto plazo aumentaron de $50,9 a $56,5 billones, un 10,9%. Para atenderlas habrá que disponer pronto de recursos o reemplazarlas con nuevos préstamos.
También se están trasladando pagos hacia adelante. Los títulos de tasa fija en pesos que vencen en 2029, 2030, 2035, 2040 y 2058 aumentaron conjuntamente $23,2 billones, cerca de $24 billones. Los títulos largos en pesos y UVR que vencen en 2027 disminuyeron aproximadamente $23,1 billones. Sin embargo, incluyendo nuevas obligaciones cortas, la reducción total del capital por pagar en 2027 fue de unos $6 billones. Parte del alivio quedó compensada con nuevos compromisos.
En dólares, los bonos registrados pasaron de USD 32.189 millones el 28 de julio a USD 38.757 millones el 30 de octubre: USD 6.568 millones adicionales. Descontando tres bonos antiguos ausentes del primer informe, el aumento comparable queda en USD 6.302 millones. La corrección evita presentar como préstamos nuevos obligaciones anteriores que no figuraban en aquella tabla.
Hacienda confirmó una emisión de USD 5.200 millones: USD 2.200 millones para pagar en 2032, USD 2.000 millones en 2037 y USD 1.000 millones en 2056. Los intereses anuales pactados fueron 7%, 7,625% y 8,125%, respectivamente. Conseguir dinero hoy compromete pagos hasta dentro de 30 años.
Los aproximadamente USD 6.300 millones de aumento comparable equivalen a $20,1 billones, utilizando un dólar cercano a $3.194. Sumados a los $17,5 billones adicionales en TES, representan unos $37,6 billones de aumento en los saldos examinados. Pero no todo equivale a efectivo disponible para salarios y contratos: intervienen sustitución de préstamos, pagos de deuda y ajustes de obligaciones ligadas a la inflación.
El gobierno debe explicar cuánto pide para pagar deudas anteriores y cuánto para cubrir gastos actuales. Reemplazar un préstamo puede dar tiempo; financiar permanentemente gastos superiores a los ingresos agranda el problema. Conseguir compradores para los bonos permite atender obligaciones, pero no demuestra que las cuentas estén saneadas.
Diciembre vuelve a poner a prueba las cuentas del gobierno
La comparación de caja utilizada registra $18,4 billones el 31 de julio y $18,6 billones el 23 de octubre. Ambas cifras requieren confirmación documental. De comprobarse, mostrarían disponibilidades casi iguales. Sin embargo, el segundo corte antecede a la llegada del dinero de la emisión externa de finales de octubre: no permite concluir que esos recursos ya se hubieran gastado.
Frente a un funcionamiento del orden de $30 billones mensuales, resulta indispensable organizar ingresos y pagos. Tener $18,6 billones disponibles no demuestra incapacidad para cumplir, pues siguen entrando impuestos y otros recursos. La pregunta es cuánto falta y cuánto debe completarse con crédito.
El Banco de la República autorizó el 30 de octubre comprarle al gobierno USD 2.000 millones y realizó la operación el 6 de noviembre. El Ministerio de Hacienda entregó dólares disponibles y recibió pesos. La operación facilita pagos y fortalece las reservas internacionales, pero no aumenta el recaudo ni disminuye los gastos. Cambiar la moneda del dinero disponible no corrige el faltante presupuestal.
El ahorro público también se deteriora. Los cálculos aportados sitúan el desahorro del gobierno general en 4,0% del PIB durante 2025. Entre los primeros semestres de 2025 y 2026 pasó de ahorrar 1,1% del PIB a desahorrar 0,8%. El Dane confirma el deterioro entre los segundos trimestres: el desahorro aumentó de $11,0 a $22,3 billones. Estas cifras abarcan al gobierno general, no solamente a la administración nacional.
El petróleo tampoco garantiza una salida. Los informes de Hacienda registraron Brent de USD 84,09 por barril en julio y USD 117,64 al terminar octubre. El beneficio presupuestal depende de producción, dólar y fechas de pago de impuestos y dividendos. Además, el petróleo caro puede encarecer combustibles y otros precios. Esos valores de julio y octubre tampoco explican resultados fiscales del primer semestre.
Mientras tanto, pedir prestado se encarece. Entre los cortes de julio y octubre, el rendimiento del TES de enero de 2035 pasó de 12,34% a 13,04%; el de marzo de 2058, de 12,31% a 13,43%; y el UVR de junio de 2049, de 5,98% a 6,99%, además del ajuste por inflación. Son condiciones de mercado: no significan que toda la deuda anterior cambie inmediatamente de interés.
En dólares, el cobro adicional frente a la referencia estadounidense para el bono de noviembre de 2036 aumentó de 208 a 249 puntos básicos: de 2,08 a 2,49 puntos porcentuales. El indicador del costo de protección frente a un incumplimiento colombiano a cinco años —CDS— pasó de 147 a 159 puntos básicos. Influyen factores nacionales e internacionales, pero renovar préstamos más caros reduce recursos para otras necesidades.
En este contexto, el gobierno radicó el 29 de octubre el Proyecto 477 de 2026 Cámara, denominado Ley de Rescate Económico. Todavía no es ley vigente. Según Hacienda, propone reducir 50% el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027 y 20% el gasto de nómina en 2028, exceptuando a la Fuerza Pública. Son propuestas, no ahorros realizados.
También plantea bajar la renta empresarial del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Amplía los bienes y servicios sujetos al IVA e incorpora devoluciones mediante EfectIVA. Para personas naturales propone reducir de 790 a 630 UVT el límite anual de renta laboral exenta. El Congreso debe precisar quién recibe beneficios, quién aporta más y cuánto queda finalmente para financiar al Estado.
El calendario importa. Reducir contratos en 2027 o nómina en 2028 no paga automáticamente las obligaciones de diciembre de 2026. Hacienda anunció un recorte presupuestal de $13,8 billones, equivalente al 0,7% del PIB. Debe demostrar cuánto evita pagos efectivos este año. Recortar gastos que difícilmente se ejecutarían produce un alivio distinto al de eliminar desembolsos previstos.
Vender edificios o empresas aporta dinero una vez; salarios, pensiones y servicios requieren financiación todos los años. Si las rebajas tributarias llegan antes que los ahorros prometidos, puede aumentar la necesidad de endeudarse. Cada medida necesita cifras, fechas y responsables.
La herencia fiscal explica parte de la urgencia, pero no reemplaza las decisiones del nuevo gobierno. Tampoco basta anunciar que el ajuste comenzará por el Estado. Hay que identificar qué contratos sobran, qué entidades repiten funciones y qué gastos pueden eliminarse sin afectar la atención al ciudadano. El ahorro debe verse en los pagos, mientras escuelas, hospitales y oficinas siguen prestando sus servicios. Trasladar facturas al año siguiente apenas esconde temporalmente la dificultad.
La incertidumbre también cuesta fuera del gobierno. Un proveedor que no recibe su pago puede atrasarse con sus trabajadores; una alcaldía con menos transferencias debe reorganizar sus compromisos. Por eso, la programación de caja no puede tratarse como un asunto reservado para especialistas. Hacienda debería explicar, en términos sencillos, cuánto espera recibir, cuánto debe pagar y qué obligaciones dependen todavía de conseguir financiación. La transparencia permite distinguir una dificultad temporal de un faltante persistente.
El Congreso, por su parte, debe revisar el resultado completo del rescate: sumar los ingresos esperados, restar las rebajas de impuestos y comprobar los ahorros. Aprobar medidas sin ese balance deja abierta la posibilidad de otra búsqueda de préstamos. Los anuncios deben convertirse en resultados que cualquier contribuyente pueda reconocer y comprobar mes a mes.
El país debe saber con qué se pagará diciembre y cómo disminuirá la dependencia del crédito. Los trabajadores merecen pagos oportunos; los municipios, transferencias previsibles. La prueba del rescate será cumplir sin pedir cada vez más prestado. Llegar a Navidad con dinero resuelve una urgencia; evitar que cada diciembre dependa de nuevos préstamos exige corregir las cuentas.
https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-social/otra-navidad-a-credito-mas-deuda-y-ahora-una-ley-de-rescate/
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
Prensa Mercosur es un diario online de iniciativa privada que fue fundado en 2001, donde nuestro principal objetivos es trabajar y apoyar a órganos públicos y privados.
- ★Pesquisa: 64% dos brasileiros defendem pena de morte para crimes graves como homicídio e estupro
- ★Pesquisa: 92% dos brasileiros apoiam redução da maioridade penal e câmeras em uniformes policiais
- ★Brasil — Brasil adere a acordo internacional para incentivar IA sustentável e proteger empregos
- ★Colombia — Otra Navidad a crédito: más deuda y ahora una ley de rescate
- ★STJ define critério para empresa de Xuxa indenizar publicitário por plágio e reduz valor

