
En una nueva vuelta de tuerca de la reforma del Estado, el Gobierno nacional lanzó un programa de retiro voluntario en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), con el objetivo explícito de reducir su planta permanente, que hoy cuenta con 385 empleados.
Según se estableció en la normativa, la iniciativa se inserta en la política de desregulación económica y reorganización del aparato público impulsada por el Poder Ejecutivo, bajo el argumento de simplificar la estructura estatal y “optimizar” la dotación de la administración pública.
El esquema de retiro fue diseñado de manera exclusiva para el personal que integra la planta permanente del INV. Sin embargo, el propio régimen aclara que la sola presentación de la solicitud no genera un derecho automático, ya que su aprobación quedará supeditada a la evaluación final que realice el organismo.
Entre las condiciones fijadas para poder acceder al retiro, se dispuso que queden afuera quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes ya hayan iniciado un trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 65 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.
Para los empleados que sí sean admitidos, el régimen prevé el pago de una gratificación única extraordinaria de egreso junto con la liquidación final de haberes, y el monto de esa compensación variará según la edad del trabajador computada al 13 de noviembre de 2026.
En cuanto al cálculo, los empleados de hasta 63 años inclusive cobrarán el 100% de su remuneración mensual habitual por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, con un tope máximo equivalente a 24 sueldos. En cambio, quienes tengan 64 años percibirán también el 100% de la remuneración mensual por año de servicio o fracción mayor a tres meses, pero con un tope máximo de 12 sueldos.
Para determinar la antigüedad válida, solo se computará el tiempo transcurrido desde el ingreso formal a la planta permanente del INV. Quedan expresamente excluidos del cálculo el desempeño previo como becario, personal transitorio o contratado bajo el Artículo 9° de la Ley 25.164, así como los años trabajados en la administración pública que ya hubieran sido indemnizados en un retiro anterior.
También se fijó que la base salarial para el cálculo comprenderá exclusivamente los conceptos remunerativos habituales y permanentes, dejando afuera el aguinaldo, las asignaciones familiares, viáticos, movilidad, guardería y cualquier pago extraordinario o eventual.
El esquema de cancelación financiera establece que las gratificaciones de hasta $40.000.000 se abonarán en un único pago dentro de los 30 días posteriores a la fecha de cese. En tanto, aquellas que superen los $40.000.000 se pagarán en cuotas mensuales: una primera de $40.000.000, una segunda de hasta $30.000.000 y una tercera cuota destinada a cancelar el saldo remanente.
Como contracara del incentivo económico, la misma medida ordena la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes al personal que se desvincule, con la única excepción de las vacantes con función ejecutiva contempladas en la estructura orgánica vigente del INV.
Los empleados interesados deberán presentar su solicitud a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) hasta el 30 de noviembre de 2026, inclusive. Junto con la nota se exigirá adjuntar el Certificado de Antecedentes Penales y declaraciones juradas que acrediten la inexistencia de pleitos o sumarios patrimoniales.
Una vez cerrado el período de inscripción, el Departamento de Administración de Recursos Humanos dispondrá de 15 días hábiles para elaborar un informe técnico de admisibilidad; luego, la Presidencia del organismo tendrá un plazo de 30 días hábiles para dictar el acto resolutivo definitivo.
El reglamento también establece que quienes se adhieran a este régimen quedarán inhabilitados para volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional bajo cualquier modalidad de empleo o contratación por el término de 5 años desde la fecha de baja, con una única excepción: el eventual ejercicio de cargos docentes en Universidades Nacionales.
https://cuestionentrerriana.com.ar/otro-ajuste-el-gobierno-nacional-abre-un-retiro-voluntario-para-achicar-el-instituto-de-vitivinicultura/
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