
Bolivia no está condenada a escoger entre mantener a Rodrigo Paz o resignarse a que Edmand Lara lo sustituya. Esa falsa disyuntiva, repetida por algunos analistas, desconoce que la Constitución Política del Estado reconoce a la ciudadanía el derecho de revocar simultáneamente el mandato de las autoridades elegidas por voto popular, y ese derecho comprende tanto al presidente como al vicepresidente.
Algunos sostienen que una eventual revocatoria de Paz conduciría inevitablemente a entregar el poder a Lara. Es una interpretación incompleta: confunde las reglas de sucesión con las disposiciones específicas sobre revocatoria y omite que el vicepresidente también está sujeto al control de las urnas. El artículo 169 de la CPE regula la sucesión ante la ausencia o el impedimento definitivo, pero el artículo 171 establece una disposición especial: si el presidente es revocado, el vicepresidente asume la Presidencia y debe convocar elecciones en un plazo máximo de 90 días. Es falso, por tanto, que Lara completaría automáticamente el mandato hasta 2030. Además, el artículo 240 reconoce la revocatoria de las autoridades electas sin establecer inmunidad alguna para el vicepresidente. ¿Por qué presentar entonces su permanencia como un destino inevitable? Una cosa es advertir sobre las dificultades jurídicas de una revocatoria simultánea y otra, muy distinta, negar que la ciudadanía tenga derecho a promoverla.
Conviene, sin embargo, evitar el error contrario. La Constitución no regula expresamente todas las consecuencias de revocar a ambos a la vez. Ese vacío debe resolverse mediante los procedimientos constitucionales correspondientes, no con interpretaciones improvisadas. El artículo 169 incluye a la Presidencia del Senado en la línea sucesoria, pero su aplicación a una doble revocatoria requiere una definición jurídica previa que garantice la continuidad institucional y, cuando corresponda, nuevas elecciones. La alternativa más sólida sería una iniciativa ciudadana simultánea, con dos preguntas independientes en una misma jornada, una sobre la continuidad de Paz y otra sobre la de Lara, para que cada ciudadano se pronuncie sin verse obligado a aceptar o rechazar al binomio como un bloque indivisible.
La revocatoria no exige demostrar delitos, corrupción ni incompetencia mediante sentencia judicial: es un mecanismo de responsabilidad política. Basta la voluntad ciudadana de retirar la confianza, siempre que se cumplan los requisitos constitucionales y legales. La soberanía popular no puede reducirse a elegir gobernantes cada cinco años; implica también controlarlos y, en las condiciones previstas, retirarles el mandato.
Existe además una controversia que merece discutirse. El artículo 240 fija un mínimo del 15% de firmas del padrón electoral para solicitar la revocatoria, mientras que la Ley 026 exige el 25% para autoridades nacionales, más un mínimo departamental. Aunque la CPE usa la expresión «al menos» y remite aspectos del procedimiento a la ley, corresponde evaluar si esas exigencias son proporcionales o restringen en exceso la participación ciudadana. Hay, no obstante, un límite indiscutible: la solicitud solo puede presentarse una vez transcurrida la mitad del mandato, lo que en el caso de Paz y Lara ocurrirá en mayo de 2028. No sería legítimo desconocer ese plazo por mucho que aumente el descontento. Lo que sí puede hacerse desde ahora es promover la discusión jurídica, exigir transparencia, fiscalizar la gestión y preparar una eventual iniciativa dentro de la legalidad.
Las encuestas son una seria advertencia. Mediciones urbanas de Ipsos CIESMORI registraron en noviembre de 2026 una desaprobación del 80% para Paz y del 84% para Lara. No debe confundirse desaprobación con intención de votar por una revocatoria, pero sería irresponsable ignorar tales señales.
El presidente Paz debe comprender que el mandato electoral no es un cheque en blanco. Bolivia enfrenta inflación, pérdida del poder adquisitivo, fragilidad de las finanzas públicas, crisis de hidrocarburos, escasa inversión, deterioro institucional y denuncias de corrupción. Muchos problemas fueron heredados, pero tras un año de gobierno la ciudadanía tiene derecho a exigir decisiones, resultados verificables y una dirección clara. A ello se suman las controversias en torno a Fernando Cerimedo, las grabaciones atribuidas a su entorno y las denuncias sobre posibles irregularidades en contrataciones y nombramientos, que deben investigarse con independencia, sin condenas anticipadas pero también sin obstáculos del poder político.
Edmand Lara tampoco puede eludir sus responsabilidades. Su condición de vicepresidente no lo exime de responder por su desempeño y por las denuncias que lo involucran. La confrontación permanente con el presidente no sustituye el cumplimiento de las obligaciones constitucionales: la ciudadanía eligió autoridades para gobernar y fortalecer las instituciones, no para sostener una disputa que las paralice.
El Gobierno necesita un verdadero cambio de timón, no simples cambios de ministros ni nuevas promesas: un programa económico creíble, medidas frente a la crisis energética, finanzas públicas saneadas, reformas que recuperen la inversión, instituciones profesionalizadas, investigaciones independientes y acuerdos efectivos con las principales fuerzas políticas y sociales, pues la crisis supera a cualquier gobierno aislado. Ese cambio debe incluir una relación institucional responsable entre Presidencia y Vicepresidencia; si ambos son incapaces de superar sus enfrentamientos, tendrán que asumir las consecuencias políticas de su conducta.
Bolivia necesita estabilidad, pero estabilidad no significa resignación frente a la incompetencia, la improvisación o los abusos del poder, sino respetar la Constitución, exigir resultados y preservar los mecanismos democráticos de control. Por eso la revocatoria debe entenderse como una posibilidad constitucional legítima y no como una amenaza contra la democracia.
Paz y Lara todavía tienen tiempo para corregir el rumbo, pero el tiempo político no es ilimitado. Si persisten la confrontación, la falta de resultados y las dudas sobre la transparencia, el descontento podría transformarse en una iniciativa ciudadana para revocar ambos mandatos cuando se cumpla el plazo constitucional. La advertencia es clara: el pueblo boliviano no está obligado a elegir entre dos autoridades en las que ha perdido la confianza. La Constitución permite cuestionar la continuidad de ambas y, si el Gobierno no rectifica, serán los ciudadanos quienes, llegado el momento y mediante las urnas, decidan su futuro.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
Prensa Mercosur es un diario online de iniciativa privada que fue fundado en 2001, donde nuestro principal objetivos es trabajar y apoyar a órganos públicos y privados.
- ★Ainda dá tempo! Prazo para pagar tarifas de pedágio do free flow acaba nesta segunda
- ★Samsung, VAIO e mais: uma seleção de tablets em promoção na Amazon
- ★El Niño pode desencadear crise mundial muito além do clima
- ★Rede sem fio do jeito certo: veja uma seleção de roteadores Wi-Fi em promoção na Amazon
- ★La Séptima supera a laSexta y sus audiencias generan dudas: el papel de los invitados que ven la televisión

