
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Primera Sala, rechazó los principales cuestionamientos de la defensa de Arnaldo Rafael Maciel Riveros, ex presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), procesado en la causa conocida como la “mafia de los pagarés”.
La resolución, de fecha 16 de noviembre de 2026, fue dictada por las camaristas Silvana Luraghi, Claudia Criscioni y Paublino Escobar, quienes analizaron el recurso de apelación general presentado por el abogado Derlis Maciel contra el A.I. N.º 136, mediante el cual el Juzgado Penal de Garantías había dispuesto la apertura de la causa a juicio oral y público.
La defensa presentó seis agravios contra la resolución judicial. Sin embargo, cuatro fueron declarados inadmisibles por el Tribunal, al considerar que los argumentos no estaban debidamente fundamentados y que varios de ellos pretendían introducir discusiones propias del juicio oral.
Entre los cuestionamientos rechazados figuraban la supuesta ausencia de dolo, la alegada cesación de pagos por causas externas, la legitimidad del sistema de calce de deudas y la supuesta atipicidad de los hechos punibles de apropiación y lesión de confianza.
Los camaristas señalaron que la defensa no individualizó concretamente los puntos de la resolución que pretendía impugnar ni explicó de manera separada los motivos por los cuales correspondía su revocación o anulación. En consecuencia, consideraron que sus planteamientos no reunían las exigencias procesales para ser estudiados.
Uno de los agravios admitidos cuestionaba la validez de la acusación fiscal. La defensa sostenía que no se habían individualizado los montos prestados por cada empresa ni los asociados que accedieron a los créditos, dentro de una operación general que ascendía a G. 5.112.374.175.
No obstante, el Tribunal rechazó este planteamiento en cuanto al fondo y concluyó que la acusación y el auto de apertura a juicio cumplen con las exigencias del artículo 347, inciso 2, del Código Procesal Penal. Consideró que existe un relato pormenorizado de los hechos que permitirá delimitar el objeto de discusión durante el juicio oral y público.
La defensa también pretendía excluir una pericia contable elaborada por la licenciada Marian Magdalena Soto, alegando que el trabajo se sustentó en una auditoría interna privada, documentos fotocopiados y sin examen de los libros originales. Sin embargo, este cuestionamiento fue declarado inadmisible porque no se explicó de qué manera la incorporación de esa prueba constituiría una violación legal o una prueba prohibida.
En cuanto a la calificación jurídica, el Tribunal hizo referencia a los artículos 192 del Código Penal, correspondiente a lesión de confianza, y eventualmente a los artículos 187 y 196 del mismo cuerpo legal. La camarista Claudia Criscioni acompañó el voto de la preopinante, aunque desarrolló fundamentos propios respecto de uno de los agravios. Paublino Escobar también se adhirió al voto de Silvana Luraghi. Las costas fueron impuestas en el orden causado.
El trasfondo de la mafia de los pagarés
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 8 de marzo de 2023 por socios de la Asociación de Funcionarios del SNPP, quienes denunciaron que se les descontaban mensualmente de sus salarios sumas destinadas a cancelar préstamos con casas de crédito, pero que esos recursos no eran transferidos para saldar las obligaciones. Posteriormente, varios funcionarios terminaron demandados y afectados por embargos judiciales.
La fiscala Karina Caballero imputó al entonces juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez y a otras diez personas, entre ellas Maciel Riveros, quien se desempeñaba como presidente de la asociación. A los directivos se les atribuyeron hechos punibles de apropiación y lesión de confianza, con un perjuicio patrimonial estimado en G. 5.541.026.492.
En abril de 2026, el juez Humberto Otazú elevó a juicio oral la causa contra parte de los procesados. En el caso de Maciel Riveros, la audiencia preliminar había quedado pendiente debido a un cambio de abogado y una inasistencia justificada.
En otro tramo de la investigación, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de representantes de las empresas Serfin SA y Presto SA, al concluir que los créditos otorgados a los asociados eran reales y que las irregularidades detectadas estaban relacionadas con el manejo interno de los descuentos por parte de la asociación.
https://observador.com.py/mafia-de-los-pagares-tribunal-descarta-cuestionamientos-de-maciel-y-confirma-apertura-a-juicio/
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