
Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central, fue imputado y detenido por su presunta participación en la modificación de un informe técnico que habría ocultado advertencias sobre la situación financiera de Ueno Bank. La Fiscalía lo señala como el supuesto brazo técnico-jurídico de la estructura investigada y solicitó su prisión preventiva.
El Ministerio Público imputó a Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por su presunta participación en la alteración de un informe remitido a la Cámara de Senadores sobre la situación financiera de Ueno Bank. El funcionario fue detenido y quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías especializado en delitos económicos, mientras la Fiscalía solicitó que se le imponga prisión preventiva.
La imputación se sustenta en la supuesta intervención de Rodríguez en la confección, modificación y posterior defensa de la Nota BCP/P N.º 016, remitida el 7 de octubre al Senado en respuesta a un pedido de informes sobre la operación de venta de cartera de Ueno Bank a Vinanzas S.A., por un valor de USD 74,4 millones.
Según el acta de imputación, el funcionario habría actuado como el “brazo técnico-jurídico” de la organización investigada, proporcionando un aporte “necesario, directo y operativo” para dar apariencia de legalidad a las decisiones adoptadas por las autoridades del BCP y encubrir la verdadera situación financiera de la entidad bancaria.
La Fiscalía sostiene que el informe técnico original de la Superintendencia de Bancos advertía sobre indicios de financiación indirecta de la operación con recursos del propio banco y cuestionaba que se considerara subsanado el exceso registrado en el Grupo de Personas Vinculadas N.º 1.535. Sin embargo, esos fundamentos técnicos habrían sido eliminados de la versión posteriormente preparada desde la Unidad Jurídica.
REUNIONES RESERVADAS Y CAMBIOS EN EL INFORME
El acta reconstruye una serie de actuaciones del 5 de octubre. A las 08:17, Rodríguez habría firmado electrónicamente el Dictamen N.º 101–2026. Posteriormente, entre las 14:00 y las 14:30, participó en dos reuniones reservadas en el despacho de la Presidencia del BCP, junto con el entonces titular de la institución, Carlos Carvallo Spalding; el director Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante esos encuentros se habría intentado que el gerente general del BCP, Walter Zárate, firmara la nota dirigida al Senado sin contar previamente con una resolución del Directorio.
A las 16:18, Rodríguez envió a Zárate e Insfrán la que identificó como la “última versión del proyecto, con las incorporaciones del Dr. González”. Una hora después remitió otro correo en el que comunicó que acababa de recibir una nueva versión y pidió que no se tuviera en cuenta la anterior.
Al día siguiente, Insfrán le habría enviado dos correos con el cotejo de las modificaciones introducidas al documento. Según la imputación, Zárate se negó a firmarlo después de advertir los cambios y manifestó que debía elevarse a la Presidencia del BCP. El gerente general actualmente figura como testigo de la Fiscalía.
Entre las modificaciones cuestionadas, el Ministerio Público menciona la supresión de los informes técnicos críticos identificados como 006, 007, 010 y 013/2026, además de un Memorando de Entendimiento y un correo de alerta del 29 de abril.
También se habría incorporado una afirmación que no figuraba en el informe original, según la cual Fernando Rivarola, exgerente de Supervisión, ya no prestaba servicios en el BCP cuando emitió su memorando de alerta del 10 de julio. La Fiscalía sostiene que esa información era falsa, puesto que Rivarola seguía vinculado a la institución.
DEFENDIÓ EL INFORME ANTE EL SENADO
La participación de Rodríguez no habría terminado con la elaboración del documento. El 9 de octubre, el funcionario habría concurrido al Senado junto con Miguel Ángel Mora, Holger Insfrán y Marco Aurelio González Maldonado para defender el contenido del informe cuestionado.
Para los investigadores, esa actuación habría contribuido a impedir un control parlamentario oportuno sobre la situación financiera de Ueno Bank, que continuó captando depósitos mediante campañas de reintegros del 50 % hasta que fue declarado en resolución el 2 de noviembre.
El acta también advierte sobre las consecuencias económicas de esas operaciones. Al 30 de septiembre, los depósitos de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank alcanzaban G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.
Según la hipótesis fiscal, cada nuevo depósito captado durante el periodo comprendido entre el 8 de octubre y el 2 de noviembre representó una exposición adicional para el Fondo de Garantía de Depósitos, debido a la situación de insolvencia que posteriormente fue declarada por las autoridades.
https://observador.com.py/asesor-juridico-del-bcp-habria-alterado-informe-sobre-insolvencia-de-ueno-bank-remitido-al-senado/
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