Oposición presentó Acusación Constitucional contra Rabat

El libelo fue suscrito por diez diputados de oposición y contempla tres capítulos que cuestionan las decisiones del titular de Justicia, las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, los beneficios concedidos a exagentes de la dictadura y presuntas faltas a la probidad e información entregada al Congreso.

Valparaíso. 13/11/2026. Finalmente las bancadas parlamentarias de oposición concretaron este jueves la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas  a personas condenadas por delitos graves, entre ellas agresores sexuales de menores de edad y responsables de crímenes de lesa humanidad.

El libelo, firmado por diez diputados de seis partidos políticos, se sustenta en la causal de infracción de la Constitución y las leyes, y constituye una ofensiva política y parlamentaria que busca establecer la responsabilidad del secretario de Estado por las decisiones adoptadas desde el Ministerio de Justicia.

La acusación contempla tres capítulos. El primero cuestiona las rebajas de condenas otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Los parlamentarios sostienen que se concedieron beneficios que la legislación prohibía, sin considerar adecuadamente el interés superior de la niñez ni los derechos de las víctimas.

El segundo capítulo apunta a las rebajas de condenas que beneficiaron a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. En este punto, los legisladores cuestionan que no se habrían aplicado las evaluaciones individuales necesarias, considerando aspectos como la colaboración con la justicia, el reconocimiento de los delitos, la reparación a las víctimas y las consecuencias de conceder estos beneficios.

El tercer capítulo acusa al ministro de entregar información incompleta o inexacta ante el Congreso Nacional, particularmente a la Comisión de Constitución del Senado, además de cuestionar su actuación respecto del principio de probidad y sus deberes de transparencia y lealtad institucional.

Desde la oposición defendieron la presentación del libelo como un acto de responsabilidad política y jurídica, poniendo el foco en la protección de las víctimas y en la obligación de las autoridades de actuar dentro de las atribuciones que establece la ley.

El jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, sostuvo que la acusación responde a una convicción política y jurídica compartida por las fuerzas opositoras. En tanto, la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, afirmó que la iniciativa se presenta por responsabilidad con Chile y con las víctimas, y en ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Cámara.

“Como lo dijimos desde un comienzo, esto es por responsabilidad con Chile, es por responsabilidad con las víctimas y lo que nosotros estamos haciendo valer es nuestra atribución fiscalizadora como Cámara de Diputados y Diputadas. Sé que hubo mucha expectación de los tiempos en que se redactó esta acusación constitucional. Sin embargo, dar la tranquilidad de que esto fue un trabajo responsable, coordinado, en profundo respeto a las víctimas. Es por eso que hoy día de manera conjunta se presentó esta acusación constitucional que se dará cuenta el día lunes”, explicó Serrano.

En tanto, el diputado Marcos Barraza, subjefe de la bancada del Partido Comunista e Independientes y uno de los parlamentarios impulsores de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, afirmó que “la acusación constitucional presentada por el conjunto de la oposición tiene una sólida fundamentación jurídica, sustentada en evidencias concretas de infracciones a la Constitución y a las leyes de la República. El ministro Fernando Rabat vulneró el deber de protección del interés superior del niño, incumplió obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y faltó a su deber de probidad al entregar información falsa al Congreso y a la opinión pública. Tenemos la firme convicción de que existen fundamentos suficientes para exigir su responsabilidad constitucional”.

La acusación deberá ser puesta en conocimiento de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo lunes 16 de noviembre, para iniciar formalmente su tramitación.

Se requieren 78 votos para su aprobación en la Cámara, tras lo cual deberá ser conocido por el Senado, que actuará como jurado y resolverá sobre la eventual destitución del ministro.