La amenaza de fumigación revitaliza la organización comunitaria

10 años después del Acuerdo de Paz con las Farc-EP, las organizaciones comunitarias, campesinas y cocaleras no necesariamente están más fortalecidas, de hecho, en algunos casos se debilitaron e incluso se fraccionaron. 

Así lo contaron líderes campesinos del Cauca, Putumayo y Catatumbo con quienes conversamos en el marco del Día Paíz en UniAndes. La desmovilización de las Farc y la deficiente implementación del Acuerdo de Paz en sus territorios trajeron consigo la llegada de nuevos grupos, disidencias y reconfiguraciones inéditas que fragmentaron el territorio por las disputas de las rentas ilícitas y control territorial afectando las organizaciones de base.

El vacío dejado por la salida de las Farc no fue ocupado con un poder estatal legítimo e integral que llevara seguridad y servicios públicos al territorio. En cambio, se recrudeció la competencia entre viejos y nuevos grupos armados. Esto ha implicado un ataque frontal hacia la organización colectiva. Solo en los últimos tres años han sido asesinados 480 líderes sociales, y el asesinato de líderes sociales aumentó 400% en los municipios donde se firmaron acuerdos del Programa Nacional de Sustitución (Pnis). Muchos líderes en diferentes regiones del país han sido amenazados, desplazados y silenciados en su liderazgo. En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil se han visto inmersas en nuevas lógicas de guerra, control social y estigmatización de sus líderes y miembros, creando desconfianza al interior de ellas.

En Argelia, Cauca, por ejemplo, la disputa de los grupos armados por el control territorial se ha dado al menos entre dos disidencias de las extintas Farc-EP; el frente Diomer Cortés de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, y el frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de “Mordisco”. En Puerto Guzmán, Putumayo, la disputa territorial está entre los “Comandos de la frontera”, la disidencia encabezada por el recién extraditado “Araña”, el Frente Raúl Reyes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), y el frente Carolina Ramírez perteneciente al EMC. En el Catatumbo está el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc, hoy adscritas al Embf. 

De hecho, en el país hay al menos seis grupos armados organizados con varios frentes cada uno, no necesariamente bajo un mando unificado, y que en conjunto superan los 27.000 miembros. Entre 2018 y 2025 estos GAO se fragmentaron y fortalecieron en términos militares, económicos y políticos.

En la década pasada el gobierno Santos pensó que sin las Farc era posible erradicar los cultivos de coca, y el propio punto 4 del Acuerdo se firmó con una tensión interna entre el reformismo y la lógica prohibicionista afín al régimen internacional vigente. Sin embargo, con una demanda internacional al alza de más de 25 millones de consumidores, unos grupos narcotraficantes casi intactos y los incumplimientos del Estado en las regiones cocaleras, el mercado rápidamente se reconfiguró. Hoy nos enfrentamos a un panorama donde varios GAO compiten por regular el negocio y ejercer un control político local del territorio. Estos grupos entienden el gran poder de la legitimidad local, y vienen presionando e inmiscuyéndose de manera violenta en las dinámicas organizativas comunitarias como las Juntas de Acción Comunal, resguardos, cabildos y consejos comunitarios de comunidades negras.

Las organizaciones sociales se han visto inmersas en una nueva lógica de guerra, donde veredas vecinas pueden estar bajo el control y regulación de grupos armados diferentes. Esto ha provocado señalamientos entre los líderes que deben de alguna manera convivir con quienes efectivamente controlan la zona y fácilmente desplazan o asesinan a quienes se opongan. En Putumayo en el 2023, por ejemplo, los Comandos de la Frontera tildaron a una amplia red de organizaciones sociales y defensoras de Ddhh de ‘colaborar’ con otros grupos enemigos como el Frente Carolina Ramírez. Esto se suma al legado del gobierno Petro, cuya paz total estuvo lejos de lograr sus objetivos, a la vez que trajo la contratación de algunos líderes sociales como funcionarios locales del Estado, lo que debilitó a las organizaciones sociales y su rol clave de exigir rendición de cuentas. 

El resultado, dicen algunos, es que el anuncio del retorno de la fumigación aérea los cogió mal parados. “Las organizaciones sociales hoy no tenemos la fuerza para resistir la fumigación”, piensan algunos líderes. Pero otros piensan que, ante la inminencia del piloto de fumigación, las organizaciones campesinas de Putumayo superaron sus divisiones y se organizaron en defensa de la Amazonía, logrando concentrar diez tutelas en un proceso que, por el momento, tiene suspendida la fumigación con glufosinato de amonio. La fumigación no afecta solo a los cocaleros, sino a los habitantes de toda la región, por lo que se aliaron múltiples organizaciones de la sociedad civil para esta causa común. 

El anuncio del piloto de fumigación fue un campanazo, al menos para las organizaciones del Putumayo. Si el Estado decide hacer presencia con una avioneta o un dron en vez de una ocupación integral con inversión, servicios públicos y seguridad, estará destinado a perder aún más legitimidad en estos territorios y correrá el riesgo de abrir un nuevo ciclo de tensiones con la sociedad civil. La población recuerda muy bien lo que fueron años de fumigación en su territorio y sus efectos están presentes en la narrativa local: contaminación del agua, problemas de salud y más episodios de violencia, como también lo constatan muchos estudios que evaluaron el impacto de la fumigación aérea con glifosato.

Las tutelas en el Putumayo abrieron en principio un espacio de diálogo con el actual gobierno, pero, según las organizaciones sociales, este de nuevo les incumplió. El pasado 30 de octubre el gobierno no llegó a la instalación de la mesa de diálogo sobre sustitución a la que se había comprometido públicamente en Puerto Asís, Putumayo.  A cambio realizaron una reunión el 6 de noviembre sólo con el Ministerio de Justicia y la Agencia de Renovación del Territorio para socializar la política de sustitución, pero las organizaciones comunitarias se retiraron del encuentro por falta de claridad y garantías en el proceso. Según el comunicado compartido por redes sociales, piden que se priorice la sustitución a partir de la hoja de ruta propuesta por las organizaciones sociales, que se les cumpla a las familias participantes del Pnis y RenHacemos y que se detenga la erradicación forzada en el territorio.  

Una vez más, el Estado debe cumplirles a las comunidades para ganar legitimidad en los territorios. Las comunidades reconocen la inversión en bienes públicos, aunque poca, que se hizo en el contexto de los Pdet.  Más recientemente se lograron algunos proyectos de inversión amarrados a la sustitución en el marco del programa RenHacemos, como el nuevo hospital de El Plateado, Cauca y la infraestructura para el beneficio del café. Llegar de nuevo con la fumigación en lugar de la inversión social que todos esperan es una mala estrategia para lograr la seguridad y legitimidad del Estado. El Estado debe llegar a los territorios, pero debe hacerlo de la mano de las organizaciones locales; el fortalecimiento de estas organizaciones es muy importante para gestionar el territorio, resistir a las economías ilícitas y proveer bienes públicos locales.