El exvicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, explicó que México le restituyó el asilo político que ya la había concedido el 2019 y por eso ahora ya cuenta con la documentación de residencia permanente en el país azteca.
“Han restituido ese silo que me dieron el 2019. Ya a estas horas cuento con mi asilo y con documentación de residencia permanente en el país de México”, afirmó en entrevista con DTV.
El 2019, García Linera dejó el país junto al expresidente Evo Morales – después de que renunciaron a sus cargos en medio de denuncias de fraude electoral, movimientos cívicos, un motín policial y la “recomendación” de las Fuerzas Armadas– y ambas exautoridades fueron asilados en México.
Ambos volvieron al país tras el triunfo del MAS, con Luis Arce como candidato, en las Elecciones Generales del 2020; sin embargo, García Linera volvió a salir del país días atrás, después de que se presentase una proposición acusatoria por el caso Hotel Las Américas y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizara el inicio de las investigaciones contra Morales y García Linera.
En ese sentido, García Linera explicó que decidió irse de Bolivia al considerar que la justicia está “podrida” en todo su sistema y señala que no iba a tener un “juicio justo”.
“No me siento respetado en mis derechos, no va a haber un juicio justo (…) La mejor manera de garantizar mis derechos es asilándome”, aseveró.
Detalló que primero fue a Argentina, donde participó en la presentación del número 13 de la revista Wirapuru en la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), en Argentina, y después decidió irse directamente a territorio azteca.
Entretanto, Morales criticó que García Linera se haya ido del país, actitud que calificó de “cobarde”.
“Lamento mucho, algunos como Álvaro se escapan cobardemente (…) Se escaparán los que se sientan culpables”, aseveró.
Juicio de responsabilidades
La bancada de Libre fue la que presentó la proposición acusatoria contra Morales y García Linera por la presunta comisión de los delitos de Asesinato, Vejaciones y Torturas, y Privación de Libertad vinculados al operativo en el Hotel Las Américas de abril de 2009, que dejó tres fallecidos, y las detenciones de ciudadanos presuntamente acusados de terrorismo y separatismo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya dio el visto bueno para que la Fiscalía investigue el caso y el Ministerio Público tiene 30 días para decidir si hay las evidencias suficientes para que la proposición acusatoria pase al Legislativo y se apruebe el juicio de responsabilidades contra Morales y García Linera.
El caso Hotel Las Américas refiere a un violento operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde las fuerzas de seguridad del Estado intervinieron dicho hotel y abatieron a tres extranjeros (Eduardo Rózsa–Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer) acusados por el gobierno de Evo Morales de formar una célula terrorista que planeaba un magnicidio y la secesión de la región oriental del país. Aunque inicialmente el caso derivó en un largo juicio por supuesto terrorismo contra líderes civiles y políticos opositores, el rumbo de la investigación cambió de manera radical tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual determinó que el Estado boliviano cometió graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
El Ministerio Público, cabe recordar, ya aceptó una denuncia penal interpuesta recientemente por las víctimas y exprocesados del operativo del Hotel Las Américas (2009). Sin embargo, la resolución fiscal de admisión ha generado controversia al dejar fuera de la lista de investigados al exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y a otros operadores de justicia señalados en la querella original.
La denuncia por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, entre otros, fue presentada por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, tres víctimas del caso del Hotel Las Américas que fueron procesados por el delito de terrorismo y permanecieron detenidos durante varios años en la cárcel, presuntamente sometidos a torturas y amenazas.
La resolución, firmada por la fiscal de materia Yobana Quispe Soto, ordena el inicio de la investigación preliminar contra 105 personas (aunque el documento registra 107 menciones, con dos nombres repetidos). Entre los denunciados admitidos figuran ex altos funcionarios del gobierno de Evo Morales.
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