El Gobierno acelera la reforma electoral: convocan a Asuntos Constitucionales el próximo martes

A dos semanas del cierre de las sesiones ordinarias, el Gobierno acelera la reforma electoral y va por los cambios en las elecciones PASO para el próximo año. Luego de largos meses sin avances, pero negociaciones constantes con gobernadores aliados, La Libertad Avanza se juega ahora a alcanzar la media sanción en el Senado antes de diciembre y tratarla en extraordinarias en la Cámara de Diputados. Ésta es la alternativa más ambiciosa.

La convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el fueguino Agustín Coto, fue fijada para el próximo martes a partir de las 15, en el Salón Illia. En los planes que dejó trascender la Casa Rosada se encuentra la firma del dictamen para esa semana -para lo cual requerirá el acompañamiento de los aliados- y el debate en el recinto el jueves 26.

Tal idea se conoció este miércoles, mientras el Papa León XIV todavía estaba en Argentina, y el armador del partido Eduardo «Lule» Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunieron para avanzar en tal sentido. Santilli fue siempre el más optimista en lograr los acuerdos para sacar el proyecto y el encargado de «juntar los votos» de los senadores que responden a gobernadores aliados. Tarea que no recayó en la jefa de LLA, Patricia Bullrich, quien, por el contrario, siempre pidió contar con certezas antes de dar un paso adelante.

Por eso, durante este tiempo hubo versiones encontradas sobre si las voluntades estaban o no; sumado a los reparos de bloques dialoguistas sobre algunos aspectos de la iniciativa. Además, el escenario apareció siempre más inclinado hacia una suspensión que a una eliminación total de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Al tratarse de una modificación de índole electoral, el proyecto requiere mayoría absoluta en ambas cámaras: esto es, 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. LLA sabe que los tiempos corren, no solo porque hay provincias que desdoblarán y el calendario electoral arrancará temprano, sino también porque en septiembre pasado la Cámara Nacional Electoral instó al Congreso a cumplir con estándares internacionales y no cambiar las reglas electorales en años electorales. Y, 2027 está a la vuelta de la esquina.

«Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores«, declaró este jueves el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Horas después se confirmó la citación a la comisión y el anuncio sorprendió a más de uno en el Senado.

El proyecto de Reforma Electoral Integral fue enviado por el Poder Ejecutivo el 22 de abril pasado, hace casi siete meses. Durante todo este tiempo solo hubo dos reuniones de comisión en la que no se dieron avances y los aliados pidieron en ambas lo mismo: que se trate por separado el capítulo referido a «ficha limpia», para impedir que condenados por corrupción o delitos graves puedan ser candidatos a cargos electivos.

Pero además de las PASO y ficha limpia, la iniciativa de 79 artículos introduce varios al cambios al sistema partidario y electoral. Sobre la personería jurídica de los partidos políticos, establece el requerimiento de un padrón de afiliados superior al 0,5% del padrón electoral; para el reconocimiento a nivel nacional exige un 0,10 del Registro Nacional de Electores; y la conservación debe tener la representación en al menos diez distritos (actualmente se requieren cinco).

Entre los motivos que derogan la personería jurídica de los partidos nacionales está propuesto en la iniciativa que se dé en casos donde no sea alcanzado el 3% en el resultado final de dos elecciones nacionales consecutivas. El marco normativo vigente establece el piso del 2%.

En cuanto al diseño de la Boleta Única de Papel, herramienta implementada por primera vez en las elecciones de 2025, el Poder Ejecutivo propone que se incorpore un casillero en blanco «próximo al nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política para votar con una única marca por todas las candidaturas de las diferentes categorías de cargos electivos incluidas en la misma columna», es decir, la posibilidad de votar lista completa.

Uno de los títulos más extensos del proyecto es el que se refiere a la reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (N° 26.215). Uno de los cambios establece que «los partidos políticos podrán optar por la renuncia al aporte público anual que les correspondiere».
Otra de las modificaciones indica que los partidos deberán destinar no menos de un 10% de lo que reciban del aporte público anual «al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación». Actualmente es el 20%.

En cuanto a las prohibiciones de financiamiento privado, no se podrán recibir contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren condenadas o procesadas por lavado de activos, narcotráfico, contrabando, asociación ilícita, delitos contra el Estado, entre otros.

Respecto al límite de recursos privados, tanto para el desenvolvimiento institucional por año calendario como en cada campaña electoral, los partidos no podrán recibir «un monto superior al 35% del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior». Actualmente ese límite es del 2%, con lo cual implica una fuerte suba.

Aparece, también, la modificación en la elección de los parlamentarios del Mercosur que propone que sea la Cámara de Diputados quien se encargue de la designación de las bancas bajo la premisa de respetar la proporcionalidad de los bloques políticos. Los designados no cobrarán una dieta adicional por la nueva función, pero tendrán la cobertura de los viáticos.

Por otro lado, prevé derogar el artículo 74 de la Ley de Servicios Audiovisuales que obliga a los medios de comunicación a cumplir con los requisitos de publicidad política y la cesión de los espacios en la programación durante las campañas electorales conforme a la Ley Electoral. En síntesis, los programas de televisión no estarán obligados a transmitir spots de campaña electoral.