El gobernador de Santa Cruz y vicepresidente de LIBRE afirmó que recibió presiones personales y familiares durante las elecciones subnacionales de 2026. Señaló a operadores judiciales, empresarios, ministros y exautoridades como presuntos involucrados. Anunció que hará públicas las denuncias y las pruebas que asegura tener.
El gobernador de Santa Cruz y vicepresidente de LIBRE, Juan Pablo Velasco, denunció que su organización política sufrió amenazas, presiones familiares y presuntos actos de extorsión política y judicial durante las elecciones subnacionales de este año. Sus declaraciones se producen después de las revelaciones del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, sobre una supuesta injerencia judicial en procesos electorales.
A través de un pronunciamiento público, Velasco aseguró que puede dar fe de que las presiones ocurrieron y afirmó que existen denuncias presentadas y pruebas que está dispuesto a entregar a las autoridades.
Uno de los episodios más graves, según su relato, se produjo en San Ignacio de Velasco, donde LIBRE intentó inscribir a Christian Méndez como candidato a alcalde.
Velasco sostuvo que recibió amenazas de que le retirarían toda la sigla partidaria si concretaba esa candidatura, en un escenario que relacionó con lo ocurrido con la agrupación ASIP.
El gobernador también afirmó que fue objeto de amenazas vinculadas con asuntos personales y familiares. Según su denuncia, en estas presuntas presiones habrían participado operadores judiciales, empresarios del sector financiero, ministros en ejercicio, exautoridades y excandidatos a gobernador. No identificó públicamente a todas las personas a las que aludió ni presentó en su pronunciamiento el detalle documental de las pruebas.
La inhabilitación de Christian Méndez
Velasco relató que, pese a las advertencias, decidió inscribir personalmente a Christian Méndez porque consideraba que los habitantes de San Ignacio de Velasco debían conservar el derecho de elegir libremente a su alcalde.
Sin embargo, Méndez terminó inhabilitado. Según Velasco, la decisión se sustentó en una observación relacionada con un certificado de idioma que, asegura, había sido presentado dentro del plazo correspondiente.
La controversia por esta candidatura ya había sido pública. En febrero, LIBRE denunció la inhabilitación y presentó recursos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), argumentando que el postulante había cumplido los requisitos.
El 27 de marzo, el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Manfredo Bravo, anunció que se investigaría lo ocurrido. Señaló entonces que el candidato había sido habilitado por los vocales departamentales y que se enteraron de su inhabilitación horas antes de los comicios. También indicó que el acceso al sistema electoral correspondía a personal del TED y de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (DITEC) en La Paz.
Posteriormente, el 9 de abril, el TED negó que hubiera existido manipulación y sostuvo que las denuncias fueron procesadas conforme a la normativa electoral. El organismo señaló que el TSE había informado que la sustitución de candidatura se realizó fuera de los plazos establecidos.
Denuncia sobre los juzgados de La Guardia y El Torno
Otro de los aspectos señalados por Velasco involucra los juzgados de La Guardia y El Torno. Según su versión, la denuncia presentada por Christian Méndez terminó en esas instancias judiciales.
El gobernador pidió que se investigue el funcionamiento de esos juzgados, la identidad de los abogados que intervenían en los procesos y las posibles relaciones con grupos de poder económico.
Velasco afirmó que, después de la primera inhabilitación, recibió nuevas amenazas: si inscribía a otro candidato, también sería apartado de la contienda.
Incluso aseguró que le advirtieron que utilizarían influencias judiciales para perjudicar a una familiar suya que enfrentaba un proceso. Sostuvo que esa persona terminó siendo engrillada y atribuyó lo ocurrido a las presiones que denuncia.
Pese a ello, dijo que decidió inscribir a un segundo postulante. Según su relato, el candidato apareció inicialmente en las listas oficiales de habilitados, pero fue retirado alrededor de las 23:30, mediante una modificación realizada desde La Paz.
De esa manera, afirmó, LIBRE terminó sin candidato a la Alcaldía de San Ignacio de Velasco.
Las declaraciones de Aldo Quezada y el pedido de investigación
El pronunciamiento de Velasco se conoce en medio de las repercusiones de las declaraciones de Aldo Quezada, expresidente del TDJ cruceño, quien el 10 de noviembre declaró ante investigadores y describió una supuesta estructura de influencia sobre decisiones judiciales y electorales.
En sus declaraciones, Quezada señaló al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, como presunto articulador de intervenciones en procesos judiciales y electorales. También mencionó el caso de San Ignacio de Velasco y la exclusión de la sigla ASIP de la competencia municipal.
Las afirmaciones de Quezada constituyen declaraciones dentro de una investigación y deberán ser contrastadas por las autoridades.
En ese contexto, Velasco pidió que las investigaciones no se limiten a las actuaciones de los operadores judiciales, sino que alcancen a todos los presuntos involucrados, independientemente de su posición económica o política.
Mencionó a excandidatos a gobernador, ministros, viceministros, operadores judiciales y a un ciudadano argentino que se encuentra recluido en el penal de Chonchocoro. También afirmó que el presidente del TSE habría recibido llamadas y presiones para inhabilitar a candidatos de LIBRE, aunque, según su versión, no habría cedido.
«La justicia no puede ser un instrumento de extorsión política»
Velasco anunció que continuará haciendo públicos los hechos que denuncia y que pondrá a disposición de las autoridades las pruebas correspondientes.
«La justicia no puede ser un instrumento de extorsión política ni un negocio de grupos de poder económico», sostuvo en su pronunciamiento.
El gobernador afirmó que siente tranquilidad por no haber cedido a las presiones y aseguró que espera que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido durante el proceso electoral.
«El poder es temporal. La verdad y las consecuencias de nuestros actos permanecen», concluyó.
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