El Poder Judicial defendió su derecho a recurrir a los mecanismos legales para cuestionar las normas de ejecución presupuestaria, pese al acercamiento entre la presidenta Laura Fernández y la jerarca de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas.
La institución respondió este miércoles a los cuestionamientos del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, quien puso en duda la instalación de la mesa técnica acordada durante el encuentro del lunes en Casa Presidencial.
“La disposición al diálogo, sin embargo, no implica renunciar a los mecanismos legales que el Poder Judicial tiene a su alcance para defender el cumplimiento de la Constitución y proteger los intereses de las personas usuarias del sistema de justicia”, manifestó mediante un comunicado.
El pronunciamiento surge después de que Chaves cuestionara la utilidad de continuar con las conversaciones, luego de que la Sala Constitucional dictara medidas cautelares que afectaron el trámite del Presupuesto Nacional de 2027.
“¿Y para qué? Doña Laura lo dijo, me dio la instrucción. Yo instruí a mi equipo para explicarles cómo funcionaba, que fue lo que la señora presidenta de la Corte Plena dijo que ella quería”, expresó el exmandatario ante una consulta de Grupo Extra.
Defienden medida cautelar
El Poder Judicial recordó que Vargas informó sobre la presentación de una solicitud de medida cautelar urgente durante la sesión de Corte Plena del lunes por la mañana, antes de reunirse con Fernández. La gestión se realizó en el marco de una consulta de constitucionalidad presentada días atrás contra las normas de ejecución presupuestaria.
“Ante la decisión del Poder Ejecutivo de no avanzar con las mesas de diálogo propuestas para revisar estas normas, el Poder Judicial mantiene su disposición a los espacios de diálogo; y reitera la necesidad del respeto mutuo entre instituciones, tanto en las posiciones que se expresan como en la forma de comunicarlas”, señaló.
Durante el encuentro del pasado lunes, Fernández y Vargas habían acordado impulsar una mesa técnica para revisar las restricciones presupuestarias que enfrenta el Poder Judicial.
