Apoyo federal al penal de San Miguel requiere petición estatal: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que el gobierno federal respaldará a la administración estatal de Puebla en torno a la situación del penal de San Miguel, siempre y cuando exista una solicitud formal por parte de las autoridades locales, luego de los cuestionamientos sobre las recientes protestas en la entidad en las que se denunciaron presuntos actos de extorsión dentro de dicho centro penitenciario y en las que participaron personas armadas que recibieron pagos de hasta 400 pesos por bloquear vialidades.

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Durante la conferencia mañanera, la titular del Ejecutivo federal precisó que la operación del reclusorio corresponde directamente al ámbito local, aunque confirmó que ya existe coordinación institucional para atender cualquier eventualidad.

“Es un penal que está bajo la administración del gobierno del estado de Puebla y está en contacto el Gabinete de Seguridad para poder, pues, si requiere apoyo el estado de Puebla, poder apoyar en lo que se requiera”, puntualizó la mandataria.

Al ser interrogada de manera directa sobre la posibilidad de que las fuerzas federales asuman o intervengan en el control del centro de reclusión para revisar las denuncias de cobros ilegales, Sheinbaum Pardo recalcó que el procedimiento exige una petición expresa del gobierno poblano.

“Tiene que ser a solicitud del gobierno del estado de Puebla”, declaró al enfatizar el respeto a las competencias administrativas de cada orden de gobierno.

La declaración ocurre en el contexto de las movilizaciones registradas este martes en la capital poblana, donde manifestantes cerraron ocho arterias viales bajo la acusación de que al interior del penal de San Miguel persisten prácticas de extorsión.

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De acuerdo con lo expuesto a la presidenta, dichas protestas estuvieron encabezadas por personas armadas y se pagaron hasta 400 pesos a cada participante por mantener los bloqueos en las vialidades.

Sobre el mecanismo mediante el cual la Federación colabora con las entidades federativas en materia penitenciaria, la presidenta recordó que este esquema ya se aplica en otras regiones del país ante escenarios de riesgo o para el decomiso de objetos prohibidos dentro de los reclusorios.

“Ya ha habido otros casos en otras entidades. Por ejemplo, el caso del penal de Sinaloa: permanentemente hay intervención de las fuerzas federales para poder quitar celulares y algunos otros objetos. Y hay otros casos también en el país. Entonces, si es el caso, tiene que ser a solicitud del gobierno del estado de Puebla”, explicó la jefa del Ejecutivo.

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