La gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, considera insuficiente la propuesta del Gobierno nacional de asignar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones y plantea que cualquier nuevo esquema de distribución contemple un criterio de equidad entre los nueve departamentos.
En entrevista con Asuntos Centrales, la autoridad explicó que Pando no está de acuerdo con aceptar el porcentaje sin una discusión más amplia sobre las necesidades financieras de las regiones, las competencias departamentales y las condiciones establecidas por el Ejecutivo.
De Paiva sostuvo que la propuesta del 1% no resuelve las dificultades económicas que enfrentan las gobernaciones para cumplir sus responsabilidades. Sin embargo, aclaró que la discusión no debe limitarse a exigir un porcentaje mayor, sino que debe considerar cómo se distribuirán los recursos.
“El 1% es insuficiente para que las gobernaciones puedan desarrollar las competencias que tenemos”, afirmó.
La gobernadora también señaló que las negociaciones tuvieron dificultades cuando se planteó vincular los recursos con el crecimiento vegetativo de los ítems de salud y cuando, según explicó, se indicó que el Gobierno nacional no asumiría el pago de los prediarios de las personas privadas de libertad ni el bono de vacunación correspondiente a esta gestión.
De acuerdo con De Paiva, estos puntos generaron preocupación entre los equipos técnicos de las gobernaciones y frenaron la posibilidad de suscribir un acuerdo.
La propuesta de Pando: 50% por igual y 50% según población
Uno de los principales planteamientos de la gobernadora está relacionado con la distribución de los recursos que eventualmente reciban los departamentos.
De Paiva propuso que, cualquiera sea el porcentaje de coparticipación que se acuerde, la mitad se distribuya en partes iguales entre los nueve departamentos y la otra mitad se asigne de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada región.
“El 50% de ese porcentaje, sea 1, 2, 3, 5, 10 o 15, se pueda repartir de manera igualitaria entre los nueve departamentos y el otro 50% se pueda dividir por población”, explicó.
La propuesta busca incorporar un criterio de compensación para los departamentos con menor población, que, según la gobernadora, han enfrentado limitaciones durante los últimos 20 años en sus posibilidades de desarrollo.
En ese grupo mencionó a Pando, Beni, Oruro, Chuquisaca y Tarija.
La autoridad considera que una distribución basada exclusivamente en la población podría dejar en desventaja a los departamentos con menor cantidad de habitantes, pese a que también deben financiar servicios, infraestructura y responsabilidades públicas.
Por eso, defiende un mecanismo combinado que reconozca tanto las necesidades de cada territorio como el tamaño de su población.
Pando no plantea un porcentaje sin respaldo técnico
Consultada sobre la propuesta de algunos gobernadores de comenzar con un 5% de coparticipación tributaria, De Paiva evitó respaldar una cifra específica.
Señaló que el porcentaje debe surgir de un análisis técnico y económico del Ministerio de Economía, tomando en cuenta la situación financiera que atraviesa el país.
La gobernadora sostuvo que las regiones necesitan comenzar a recibir mayores recursos, pero sin generar desequilibrios en las finanzas nacionales.
“Que podamos empezar con un número mejor al que fue planteado, pero que iniciemos”, manifestó.
Su posición refleja una diferencia entre la necesidad de incrementar los ingresos departamentales y la definición de un porcentaje que pueda ser sostenible para el Estado.
La discusión forma parte de la Agenda 50/50, que busca modificar la distribución de recursos y responsabilidades entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas.
Gobernaciones piden retomar el diálogo con el Gobierno
Durante la entrevista, De Paiva informó que siete gobernadores habían solicitado al Ejecutivo restablecer las mesas de diálogo para continuar las negociaciones sobre la coparticipación tributaria y los otros compromisos pendientes de la agenda acordada el 5 de agosto.
La nota fue firmada por las autoridades departamentales de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Oruro, Chuquisaca, Beni y Pando. No llevaba las firmas de los gobernadores de Potosí y Cochabamba.
La gobernadora explicó que las autoridades buscaban una nueva convocatoria del Gobierno, preferentemente para una reunión presencial, al considerar que el tema requiere una discusión directa entre los representantes de los distintos niveles de administración.
También recordó que el acuerdo de agosto contempla 11 puntos y que la coparticipación tributaria es solamente uno de ellos.
La posición de Pando, por tanto, no se limita a la discusión del 1%, sino que incluye el cumplimiento de los compromisos relacionados con las competencias y el financiamiento de las gobernaciones.
El debate del 1% sigue abierto
La entrevista se realizó en un momento de diferencias entre los gobernadores sobre la propuesta gubernamental. Mientras algunas autoridades consideran que el 1% puede representar un primer avance, otras lo consideran insuficiente y cuestionan las condiciones planteadas para acceder a esos recursos.
El 31 de octubre, después de una reunión entre el Gobierno y representantes de las gobernaciones, se anunciaron cinco acuerdos para avanzar en la Agenda 50/50. Entre ellos figuraba la asignación del 1% de coparticipación tributaria a los gobiernos departamentales, sin reducir los porcentajes correspondientes a municipios, autonomías indígenas y universidades públicas.
El esquema también contemplaba evaluar recursos para cubrir el crecimiento vegetativo en salud y educación, además de otras modificaciones tributarias. El cronograma anunciado entonces preveía remitir el anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa el 6 de noviembre.
Sin embargo, las diferencias sobre el alcance de la propuesta continuaron. El 9 de noviembre, siete gobernadores difundieron un pronunciamiento conjunto en el que pidieron profundizar el análisis del 1% y restablecer el diálogo con el Ejecutivo.
En ese escenario, la propuesta de Gabriela de Paiva incorpora otro elemento a la discusión: no solamente cuánto dinero deben recibir las gobernaciones, sino también qué criterios deben utilizarse para distribuirlo entre los nueve departamentos.
La definición de esos criterios será parte central de la negociación sobre la coparticipación tributaria y el futuro de la Agenda 50/50.
