¿Por qué el Gobierno ofrece Bs 550 millones a las gobernaciones y no más?

El Gobierno sostiene que no tiene margen fiscal suficiente para entregar mayores recursos a las gobernaciones sin comprometer las obligaciones del Estado. Esa es la explicación del viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, sobre la propuesta de coparticipación tributaria que plantea asignar cerca de Bs 550 millones a los gobiernos departamentales.

En una entrevista con Asuntos Centrales, Oliva explicó que la propuesta contempla la distribución de aproximadamente el 1% de la recaudación de siete impuestos nacionales. Sin embargo, aclaró que esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas para fortalecer las finanzas de las entidades territoriales autónomas.

El planteamiento se produce en medio del debate sobre la redistribución de recursos entre el Gobierno central y las regiones, dentro de la denominada Agenda 50/50.

¿De dónde salen los Bs 550 millones para las gobernaciones?

Oliva explicó que inicialmente el Gobierno había planteado coparticipar el 75% de un impuesto nacional. Sin embargo, después de realizar diferentes ejercicios técnicos, el Ejecutivo modificó su propuesta y planteó distribuir el 1% de siete impuestos nacionales.

Esta alternativa permitiría generar una asignación cercana a los Bs 550 millones para los gobiernos departamentales.

El viceministro señaló que la discusión debe considerar la situación de las recaudaciones nacionales y los compromisos que actualmente financia el Estado.

Según detalló, Bolivia recauda aproximadamente Bs 56.000 millones por los siete impuestos considerados en la propuesta.

De ese monto, cerca de Bs 12.000 millones ya están destinados a los gobiernos municipales y las universidades, mediante los mecanismos de coparticipación vigentes.

Otros Bs 42.000 millones se utilizan para cubrir los salarios de los sectores de educación, salud, Policía y Fuerzas Armadas.

Por esa razón, Oliva sostiene que el margen disponible para una nueva distribución es reducido.

“El dinero que se recauda ya tiene un destino”, afirmó al explicar que una mayor asignación sin identificar previamente de dónde saldrán los recursos podría generar desequilibrios fiscales.

El Gobierno plantea distribuir recursos, pero también responsabilidades

Uno de los principales argumentos del Ejecutivo es que una nueva distribución de ingresos debe estar acompañada de una redistribución de responsabilidades.

Oliva sostuvo que no es suficiente discutir cuánto dinero recibirán las gobernaciones. También se debe establecer qué competencias y obligaciones asumirán los gobiernos departamentales.

“Si queremos llegar a un esquema de coparticipación más equilibrado, tenemos que asumir los ingresos, pero también tenemos que asumir los gastos”, manifestó.

El viceministro advirtió que el presupuesto público tiene límites y que no es posible incrementar las asignaciones sin considerar las obligaciones que actualmente financia el nivel central.

En esa línea, cuestionó que se plantee una mayor distribución de recursos sin definir previamente cómo se cubrirán los compromisos financieros del Estado.

“Lo que no puede hacer el Gobierno es coparticipar la deuda, coparticipar el déficit, coparticipar los problemas que hoy día estamos heredando y estamos arrastrando”, afirmó.

Con este argumento, el Ejecutivo defiende que cualquier modificación al sistema de distribución de ingresos debe considerar tanto la capacidad de recaudación como las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

La propuesta contempla otras fuentes de recursos para las regiones

Oliva aclaró que los Bs 550 millones no representan la totalidad de las medidas que el Gobierno plantea para fortalecer las finanzas de las entidades territoriales autónomas.

Entre las iniciativas mencionó un proyecto de modificación de la normativa sobre dominios fiscales, que permitiría establecer nuevos dominios tributarios para los gobiernos departamentales.

Según sus estimaciones, considerando un escenario pesimista de nuevas recaudaciones, estas modificaciones podrían generar cerca de Bs 2.000 millones adicionales para los gobiernos autónomos.

También mencionó otros recursos contemplados en el presupuesto de las entidades territoriales.

Explicó que el incremento presupuestario de la gestión actual supera los Bs 2.200 millones para el conjunto de los gobiernos autónomos, mientras que el incremento proyectado para 2027 supera los Bs 4.000 millones.

A esto se suman aproximadamente Bs 250 millones que se liberarían en partidas relacionadas con prediarios, bonos de vacunación y títulos de bachiller.

El viceministro presentó estas medidas como parte de un proceso integral de negociación con las entidades territoriales autónomas.

La Agenda 50/50 sigue pendiente de acuerdos

La discusión sobre la coparticipación tributaria forma parte de la Agenda 50/50, una propuesta que busca modificar la distribución de recursos y responsabilidades entre el Gobierno central y las regiones.

Sin embargo, las posiciones todavía están distantes.

Mientras el Ejecutivo defiende una asignación cercana al 1% de siete impuestos nacionales, las autoridades departamentales han planteado una redistribución mayor de los ingresos tributarios.

En este escenario, Oliva señaló que el Gobierno espera retomar el diálogo y alcanzar acuerdos durante los próximos días.

También indicó que el esquema propuesto estará sujeto a revisiones periódicas, con el objetivo de evaluar la evolución de la economía y la posibilidad de generar un mayor espacio fiscal.

El viceministro insistió en que las negociaciones deben considerar las limitaciones económicas que enfrenta el conjunto del Estado y evitar compromisos que puedan profundizar el déficit fiscal.

La discusión sobre la Agenda 50/50, por tanto, no se limita a establecer qué porcentaje de los impuestos recibirán las gobernaciones. El debate también involucra quién administrará los recursos, qué responsabilidades asumirá cada nivel de gobierno y cómo se financiarán las obligaciones públicas.

La posición del Ejecutivo es que una mayor coparticipación debe estar acompañada de una distribución equilibrada de competencias y gastos. Ese es el argumento con el que el Gobierno defiende su propuesta de Bs 550 millones frente a las demandas de mayores recursos de las regiones.