A cuatro años de 2030, cuando el país deba rendir cuentas por sus compromisos ambientales internacionales, una investigación revela que ya no hay margen.
Según los datos, la Argentina podrá mostrar, como mucho, avances parciales, pero no el cumplimiento de su objetivo de restauración de bosques nativos.
Una promesa ante la ONU que no despegó
En diciembre de 2019, al exponer ante la ONU su estrategia de Neutralidad de la Degradación de las Tierras (NDT), el Estado se comprometió a recuperar 200.000 hectáreas de bosques nativos degradados antes de que terminara la década.
La herramienta elegida fue el Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos (PNRBN), diseñado en 2017. El esquema preveía llegar a 2023 con al menos 18.000 hectáreas en recuperación y luego escalar hacia la meta final.
En la práctica, el plan nunca terminó de arrancar. Tras un llamado a proyectos piloto y dos convocatorias federales, entre 2017 y 2022, la iniciativa quedó paralizada. Se ejecutaron 43 proyectos en 15 provincias, que en conjunto no superaron las 3.500 hectáreas, según datos obtenidos por acceso a la información pública.
La Subsecretaría de Ambiente admitió que el PNRBN sigue vigente, pero no cuenta con financiamiento específico. La escasez de fondos, que provenían sobre todo de la Ley de Bosques (N° 26.331) y, en menor medida, de fuentes privadas, frenó su expansión.
Se pierde más bosque del que se promete recuperar
El estancamiento del plan dejó trunca otra tarea: crear un sistema de monitoreo de la restauración a nivel nacional. Hoy el Estado mide cuántas hectáreas se pierden, pero desconoce cuántas se recuperan.
En 2020, el pico de deforestación superó las 330.000 hectáreas y relegó la restauración. Según Lazzari, las autoridades ambientales priorizaron la fiscalización y el monitoreo para frenar los desmontes.
Aunque la pérdida bajó en los años siguientes, la destrucción avanzó mucho más rápido que la recuperación. De acuerdo con el Centro de Información Ambiental (CIAM), entre 2018 y 2024 se perdieron en promedio 202.000 hectáreas por año. En un solo año, el país pierde una superficie similar a la que prometió restaurar en una década. Equivale a casi 10 veces la Ciudad de Buenos Aires cada 12 meses.
Falta de articulación entre las metas ambientales
Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), publicado en abril de 2026, detectó otro problema. Al evaluar el ODS 15.2, sobre gestión sostenible de bosques, comprobó que la Argentina no lo vinculó con las metas voluntarias de NDT, aunque contribuyen a su cumplimiento.
La AGN informó además que la Subsecretaría de Ambiente aún no presentó un plan para regularizar las observaciones y evitar que estos objetivos se gestionen de forma aislada.
Provincias al frente, con fondos insuficientes
Con el PNRBN detenido, la restauración quedó principalmente en manos de los planes provinciales. La Ley de Bosques, sancionada en 2007, regula las intervenciones en predios con bosque nativo. Exige que toda acción se ajuste a planes de conservación, manejo sostenible o cambio de uso del suelo, según el ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) de cada provincia.
Esos planes se financian sobre todo con fondos de dicha ley. Por eso dependen de esta política macro.
La norma establece que las partidas del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos no pueden ser inferiores al 0,3 % del presupuesto nacional. En 2026, la protección de los bosques nativos contó con $17.468 millones. Eso representa apenas el 0,0107 % del presupuesto, es decir, unas 28 veces menos de lo que ordena la ley.
Durante la actual gestión de La Libertad Avanza, el área ambiental perdió jerarquía. El ministerio fue absorbido por Interior y luego quedó integrado en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Además, la falta de monitoreo impide conocer las iniciativas de restauración que se realizan por fuera de la Ley de Bosques.
*Con información de elDiarioAr
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