Pauta oficial en Jujuy: exigen abrir las cuentas de un reparto millonario bajo sospecha de discrecionalidad

El PTS-FITU presentó un pedido de informes para conocer quiénes reciben publicidad estatal y con qué criterios. El diputado Gastón Remy señaló que las partidas rondan entre los $3.200 y $3.300 millones y cuestionó su presunta concentración en un reducido grupo de empresas.

¿Quién cobra, cuánto recibe y por qué? Esas preguntas colocan la distribución de la pauta oficial de Jujuy bajo una exigencia de transparencia. El bloque de diputados del PTS-FITU informó que presentó un proyecto para que el Gobierno provincial detalle los criterios de asignación y la identidad de los medios, productoras, agencias y portales digitales que reciben fondos públicos. La iniciativa pone en discusión una cuestión central: cómo se administra el dinero destinado a comunicar las acciones del Estado.

El diputado Gastón Remy sostuvo que la publicidad oficial no puede funcionar como un mecanismo para beneficiar a medios afines o perjudicar a quienes mantienen posiciones críticas. Se trata de un cuestionamiento político que deberá contrastarse con la documentación solicitada. El pedido de informes, por sí solo, no demuestra un reparto irregular; exige los datos necesarios para examinarlo. La respuesta del Gobierno será determinante para conocer si existen reglas verificables y cómo se aplican.

La magnitud económica agrega peso al reclamo. Según Remy, las partidas rondan entre los $3.200 y $3.300 millones y se concentran en un grupo reducido de empresas con influencia sobre la agenda informativa provincial. El comunicado no precisa a qué período corresponde ese monto ni presenta un desglose de beneficiarios. Precisamente por eso, resulta indispensable conocer las cifras documentadas: cuánto se asigna, a quiénes, mediante qué contrataciones y con qué justificación.

El proyecto solicita que la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto informe los criterios técnicos, administrativos y políticos utilizados para distribuir la pauta. También reclama el listado de empresas, radios, canales, portales, productoras y agencias beneficiarias, con sus razones sociales y propietarios. Esa información permitiría identificar quiénes están detrás de las contrataciones y evaluar si el reparto responde a objetivos de comunicación pública o a preferencias del poder político.

El problema alcanza a toda la ciudadanía. Si la publicidad estatal se utilizara para condicionar coberturas, el perjuicio recaería sobre el derecho de los jujeños a recibir información plural. Una contratación publicitaria no debe convertirse en una obligación de aplaudir al Gobierno. Tampoco la cercanía política puede sustituir la explicación sobre qué servicio se contrata, a qué público se pretende llegar y cómo se evalúa su utilidad.

La discusión cobra especial relevancia cuando el propio bloque contrapone estos recursos con las dificultades salariales de los trabajadores. El gasto en comunicación necesita una justificación pública, comprensible y comprobable. Informar campañas y servicios tiene valor para la sociedad; para evaluar ese valor hacen falta datos que permitan distinguir la comunicación necesaria de una eventual utilización partidaria de los fondos.

El pedido deja una exigencia concreta sobre la mesa: publicar beneficiarios, montos, períodos y fundamentos de las asignaciones. El Gobierno tiene la oportunidad de responder con documentación y despejar los cuestionamientos. La pauta se paga con recursos de los jujeños: conocer su destino debe formar parte de la rendición de cuentas del Estado.