Jujuy: para la multitrocha hay un “sí o sí”; para el salario, un límite

Sadir aseguró que la Travesía Urbana de la Ruta 9 podrá ejecutarse con recursos provinciales si la Legislatura no autoriza el crédito. La decisión obliga a discutir las prioridades: el piso salarial anunciado para noviembre no alcanza, por sí solo, a cubrir la canasta de pobreza de una familia de cuatro integrantes.

El gobernador Carlos Sadir afirmó que la Travesía Urbana de la Ruta 9 se realizará aunque la Legislatura no apruebe el endeudamiento: en ese caso, se utilizarán recursos provinciales y la ejecución llevará más tiempo. El vocero Alberto Siufi había anticipado la misma decisión. Una precisión importa: las declaraciones hablan de fondos propios del Tesoro, no de “fondos reservados”. Pero la pregunta política permanece intacta: si existen recursos para sostener esta inversión, ¿qué evaluación demuestra que ese destino debe prevalecer sobre otras urgencias? La voluntad del Ejecutivo necesita una explicación presupuestaria, no solamente una declaración de firmeza.

La contradicción se vuelve concreta al mirar los ingresos. El Gobierno anunció para noviembre un piso de $1 millón en el escalafón general y $1.070.000 para docentes y salud. La propia DiPEC calculó para septiembre una canasta básica total de $1.530.881 para un hogar de cuatro personas. Un salario inicial de un millón quedaba, incluso frente a esa referencia anterior, unos $530.881 por debajo. La pobreza se determina con los ingresos totales y la composición de cada hogar; estas cifras no permiten afirmar que todos los estatales sean pobres. Sí revelan algo suficientemente grave: un hogar de esas características sostenido únicamente por ese sueldo no cubre la canasta oficial.

La escala de la obra exige mucho más que confianza. El llamado a licitación estableció un presupuesto oficial de $125.214,9 millones y un plazo de 36 meses; posteriormente, el Gobierno informó que hubo un único oferente, Jumi SRL. Ninguno de esos datos demuestra una irregularidad, pero ambos refuerzan la obligación de publicar evaluaciones, costos, condiciones contractuales y el financiamiento alternativo. Si se utilizará dinero provincial, corresponde explicar de qué partidas saldrá, qué compromisos tiene y qué gastos deberán esperar. El Tesoro no es una caja sin costo de oportunidad: cada prioridad elegida deja otras necesidades en espera.

El Ejecutivo justifica la intervención por los problemas de circulación y seguridad vial de Alto Comedero y Los Alisos, necesidades que también afectan a familias trabajadoras. Precisamente por eso, merece un debate serio sobre etapas, alternativas y beneficios. La sesión prevista para el 5 de noviembre fue suspendida y, entre los reparos legislativos informados, aparecieron pedidos de mayor información y prioridades como agua, cloacas y mejoras barriales. La autorización discutida corresponde al endeudamiento: rechazar un crédito no equivale automáticamente a prohibir la obra. Pero tampoco habilita a presentar el control legislativo como una molestia que deba sortearse.

Este 7 de noviembre, Alberto Bernis anticipó que el financiamiento podría tratarse la semana siguiente. Antes de levantar las manos, los diputados deberían exigir el costo contractual, las condiciones del préstamo, el origen de la alternativa provincial y una comparación pública con las urgencias salariales y sociales. Una obra puede ser necesaria y su prioridad presupuestaria seguir siendo discutible. Si el Gobierno sostiene que puede financiarla con recursos propios, debe demostrar también cómo protegerá los ingresos, los servicios y las inversiones esenciales. Para una familia que no llega a fin de mes, vivir mejor también debería ser un compromiso de cumplimiento obligatorio.