Seguir las redes de las organizaciones criminales transnacionales a través de las fronteras de Sudamérica

Las organizaciones criminales transnacionales operan cada vez más a través de múltiples países, conectando el tráfico de drogas con redes logísticas, puertos, facilitadores financieros y mecanismos de lavado de dinero. Una misma estructura puede gestionar la producción de cocaína en un país, el tránsito en otro, la salida a través de un puerto sudamericano y el lavado de las ganancias en una cuarta jurisdicción.

Para combatir estas redes, las autoridades de la región están apuntando cada vez más a fortalecer la cooperación y el intercambio de información, como demuestra la Carta de Intenciones firmada en agosto por las Fiscalías de Brasil, Chile y Colombia.

“Hoy existe un consenso sobre la necesidad de que los países firmen acuerdos como este para el intercambio de información. En la base de esta lógica está la idea de que la criminalidad es cada vez más transnacional”, dice a Diálogo Leonardo Paz, investigador del Núcleo de Prospectiva e Inteligencia Internacional de la Fundação Getúlio Vargas (FGV NPII) en Brasil.

Según el experto, “si a mediados del siglo XX los grupos criminales tendían a permanecer fundamentalmente dentro de sus propios países y, como máximo, se desplazaban a las regiones fronterizas, hoy tenemos grupos criminales armados, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) […] que no solo están presentes en nuestra región, sino que ya tienen una actividad transregional, con operaciones en América del Norte y Europa”.

La Carta de Intenciones, que deja abierta la posibilidad de adhesión de nuevos participantes a medida que avancen las iniciativas operativas, prevé el intercambio continuo de información, el desarrollo de herramientas de análisis criminal y tecnología investigativa, la creación de una base de datos compartida y el estudio de un organismo de investigación mixto. Para la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, “se trata de una guía sobre cómo coordinar nuestras acciones para que se pueda llevar a cabo una acción conjunta contra el crimen organizado, intercambiar adecuadamente la información y comunicarnos rápidamente”.

El objetivo es ir más allá del decomiso de drogas y aprovechar una investigación para identificar toda la estructura criminal. Un contenedor puede conducir a una red logística; esta, a empresas de fachada, cuentas bancarias e inversiones inmobiliarias; y los flujos financieros, finalmente, a los individuos que ocupan los niveles superiores de la organización.

De la frontera geográfica a la red criminal

Este enfoque está fortaleciendo la cooperación entre investigaciones nacionales, combinando información, conocimientos especializados y capacidades operativas de distintos países. Para los investigadores, esto significa poder utilizar la experiencia de sus socios para seguir una estructura más allá de su propio territorio e intervenir en los puntos donde es más vulnerable.

Un ejemplo es el arresto, ocurrido en Colombia en febrero, de Gustavo Durán Bautista, buscado por Brasil y acusado de estar al frente de una red transnacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. La operación fue llevada a cabo por las autoridades colombianas en coordinación con las brasileñas. Según los investigadores, la red habría enviado cocaína desde Colombia hacia Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, utilizando algunos de estos países como plataformas para posteriores envíos hacia Europa, especialmente España y los Países Bajos. Las autoridades colombianas también vincularon a Bautista con un cargamento de 496 kilogramos de cocaína incautado en Uruguay.

El caso ilustra la importancia de integrar información procedente de diferentes jurisdicciones. Identidades, comunicaciones, rutas, empresas, cuentas y decomisos que pueden parecer hechos aislados permiten, una vez conectados, reconstruir la estructura de una organización y determinar dónde concentrar las operaciones.

El intercambio de conocimientos especializados es particularmente importante en territorios complejos como la Amazonía. En enero, Brasil y Colombia firmaron un protocolo para el intercambio de información de inteligencia entre la Policía Federal y la Armada de Colombia, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado a lo largo de los ríos transfronterizos. La experiencia de los investigadores que conocen los ríos amazónicos, las rutas, las comunidades locales y los patrones de movimiento de las organizaciones criminales puede complementar las capacidades de los países socios, permitiendo identificar con mayor rapidez movimientos, embarcaciones y operadores.

Seguir el dinero para golpear la estructura

La dimensión financiera es otra de las áreas en las que la cooperación puede producir un impacto significativo. Incautar el patrimonio reduce la capacidad de una organización para reconstruir su estructura, incluso después del arresto de sus miembros.

Un ejemplo es la Operación Commodity de la Policía Federal brasileña en julio contra una red transnacional acusada de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero a escala de centenares de millones de dólares. Según los investigadores, el grupo tenía ramificaciones en Sudamérica, Europa y Asia y habría enviado alrededor de 6,5 toneladas de cocaína a Europa desde 2021, ocultándola en contenedores, incluso en sacos de café, cemento y mortero. Paralelamente, habría utilizado empresas de fachada, cripto-doleiros, es decir, cambistas ilegales que utilizan criptomonedas para transferir, cambiar y lavar dinero al margen del sistema financiero tradicional, bienes de lujo e inmuebles para ocultar el patrimonio. Las autoridades brasileñas ordenaron la incautación y el bloqueo de bienes por aproximadamente USD 196 millones.

El caso muestra cómo una investigación financiera puede ampliar una investigación criminal. Una empresa aparentemente legítima en un país puede estar vinculada a una cuenta en otro y a un inmueble o una cartera de criptomonedas en un tercero. Sin un intercambio rápido de estos datos, el dinero puede seguir moviéndose mientras las autoridades esperan los procedimientos necesarios para obtener información del extranjero.

La tecnología hace que esta dimensión sea cada vez más relevante. En agosto, la Policía de Investigaciones de Chile reunió a agentes de Brasil, Estados Unidos, Australia, España, Estonia y Corea del Sur para discutir nuevas herramientas de análisis y software forense destinados a rastrear y decomisar criptoactivos utilizados por organizaciones criminales.

“El método de los criptoactivos ha sido incorporado por un sinfín de organizaciones para mover recursos y dificultar su rastreo”, declaró a EFE Johnny Fica, jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

También la operación Capitales Ocultos 2026, coordinada en agosto por la PDI en el marco de AMERIPOL, con la participación de organismos de diferentes países e instituciones financieras y aduaneras, mostró la eficacia de las investigaciones patrimoniales conjuntas, contribuyendo a desmantelar 50 estructuras criminales y a incautar millones de dólares en efectivo.

El surgimiento de una red regional de cooperación

Estos mecanismos permiten que los investigadores analicen las organizaciones desde diferentes jurisdicciones sin tener que esperar necesariamente a la conclusión de una investigación nacional para compartir información relevante con un país vecino. Una base de datos regional, por ejemplo, puede relacionar un nombre con un alias, un número de teléfono con una empresa o una transacción con un inmueble, aportando elementos que difícilmente aparecerían al analizar cada caso de manera aislada.

Esta tendencia quedó particularmente clara en mayo, cuando Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, al que posteriormente se sumaron Paraguay y Uruguay. Los países decidieron crear un grupo de trabajo técnico-operativo encargado de elaborar un plan de acción común con medidas concretas y resultados medibles y verificables. Entre las áreas identificadas figuran seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad, control migratorio y fronterizo. El Compromiso de Santiago también prevé presentar la iniciativa a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para involucrar a otros países del continente.

La iniciativa se inserta en un marco continental más amplio. Varios de los países de la región también forman parte de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, un mecanismo regional para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y las organizaciones criminales en Latinoamérica.

“La asociación entre los países es imprescindible, dado el contexto actual, en el que los grupos criminales son transfronterizos y transnacionales y operan en las regiones fronterizas. No es posible combatir eficazmente un grupo de este tipo sin una coordinación estrecha y sofisticada con los países vecinos”, concluyó Paz.