Irací Hassler: “El Gobierno pretende reducir el papel del Estado donde las personas necesitan su apoyo”

En entrevista la diputada desmenuzó el proyecto de ley de Presupuesto ingresado por el gobierno. Indicó que el Ejecutivo busca recortar recursos con el fin de achicar el Estado y dejar que los costos recaigan en las personas que más requieren ese respaldo. Respecto a los destinos de esos ajustes aseguró que “el Gobierno tiene que transparentar sus prioridades y explicar con claridad qué objetivos persigue con estos recortes, cuáles serán sus efectos y cómo pretende responder a las necesidades que quedarán desatendidas”.

Daniela Pizarro Amaya. Periodista. “El Siglo”. 03/11/2026. La diputada del Partido Comunista (PC), Irací Hassler, en entrevista con ElSiglo.cl entró de lleno a la discusión del proyecto de ley de Presupuesto 2027 ingresado por el gobierno y el cual ha sido fuertemente criticado por la serie de ajustes que contempla respecto al año anterior.

En ese marco, la parlamentaria es clara en señalar que desde La Moneda buscan atomizar el Estado en sus labores más sensibles para la población, como la educación, salud, trabajo y crecimiento económico, por lo que afirma que es una propuesta que no responde a las necesidades urgentes del país. “Este es el presupuesto de los recortes”, recalcó. 

Hay críticas transversales a la propuesta de presupuesto ¿Cuál es su mirada general y cómo perspectiva esa discusión legislativa, crees que hay voluntad de hacer cambios?

Este es el presupuesto de los recortes. No es un presupuesto proempleo ni proinversión. Es una  propuesta que debilita herramientas fundamentales para enfrentar el desempleo, impulsar la inversión y reactivar la economía. En medio de la difícil situación económica y laboral que atraviesa nuestro país, el Gobierno presenta una propuesta que no responde a la urgencia de generar más y mejores empleos, ni prioriza la inversión pública y los programas que podrían dinamizar la actividad económica. Es un presupuesto que recorta precisamente donde Chile necesita invertir para volver a crecer y mejorar las condiciones de vida de las familias.

La inversión pública crece apenas un 1,6% anual, por debajo de la expansión del gasto corriente, que alcanza un 2,9%. Los subsidios a la contratación caen un 30,7%, mientras que los presupuestos de los ministerios de Economía y Ciencias, en los subtítulos 25, 30 y 32, que corresponden a recursos fundamentales para la innovación y el fomento productivo, totalizan una reducción de un 6,9%.

Lamentablemente, no tenemos buenas expectativas de que el Presidente Kast y su ministro Quiroz estén disponibles para rectificar el rumbo. Tal como ocurrió con la megareforma tributaria y con el bencinazo, este Gobierno insiste en decisiones que favorecen a los sectores de mayores ingresos y terminan perjudicando a las familias chilenas.

Pero vamos a dar esta discusión con responsabilidad y firmeza en el Congreso. Nuestro deber es defender los recursos que necesitan las personas, las familias y las comunidades, y exigir un presupuesto que contribuya a generar empleo, fortalecer los servicios públicos y responder a las urgencias sociales del país.

En materia de género, educación y otros hay recortes sustantivos. ¿Cuál crees que es el fondo de esta propuesta, cuál es el mensaje del gobierno?

Nuestras principales alertas están en los derechos de las mujeres, el empleo, crecimiento, educación, los gobiernos regionales y la salud. Lo que vemos detrás de esta propuesta es una orientación política clara: el Gobierno quiere jibarizar el Estado, reducir su capacidad de responder a las necesidades de la población y debilitar políticas públicas que han sido fundamentales para garantizar derechos.

En materia de derechos de las mujeres, el proyecto contempla el cierre de PRODEMU. Con ello, desaparece el financiamiento del convenio INDAP–PRODEMU asociado al programa Mujeres Rurales.

Esto tiene consecuencias concretas: muchas mujeres podrían perder oportunidades de capacitación, acompañamiento y apoyo para desarrollar emprendimientos y fortalecer su autonomía económica. Estamos hablando de políticas que contribuyen a reducir brechas y a mejorar las condiciones de vida de mujeres, especialmente en sectores rurales.

En materia de empleo, cerca de un millón de personas están buscando trabajo y, justamente cuando más se necesitan herramientas para enfrentar esta situación, el Gobierno recorta los subsidios al empleo en torno a un 30% en términos reales. Según un análisis de OPES, estos recursos caerían desde aproximadamente $181 mil millones a $131 mil millones. Esto ocurre en un contexto en que el desempleo alcanza el 9,6% y hay alrededor de 989 mil personas buscando trabajo. Es una decisión que va en la dirección equivocada: necesitamos más políticas para generar empleo, no menos recursos para promoverlo.

En educación también hay señales preocupantes. El programa Yo elijo mi PC, que entrega computadores y conectividad a estudiantes, queda sin financiamiento para nuevas entregas en 2027. En 2026 contó con cerca de 35 mil millones de pesos y benefició a 96.100 estudiantes. A esto se suma una disminución real de los recursos destinados a gratuidad en educación superior: un 2% para universidades y un 2,4% para centros de formación técnica e institutos profesionales; y también bajan los recursos para docentes (83 mil horas menos).

En salud, por otra parte, se proyecta una disminución de 28 mil millones de pesos en los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto, que permite financiar tratamientos de alto costo para personas que enfrentan enfermedades complejas.

Entonces, ¿cuál es el mensaje de fondo? Que el Gobierno pretende reducir el papel del Estado precisamente allí donde las personas necesitan su apoyo. Se insiste en que hay que ajustar el gasto, pero los recortes terminan afectando políticas que contribuyen a garantizar derechos, generar oportunidades y reducir desigualdades.

Al mismo tiempo, se promueven medidas tributarias favorables a los sectores de mayores ingresos, bajo la vieja y falsa promesa de que sus beneficios terminarán llegando al conjunto de la sociedad. Esa es la teoría del chorreo, una receta que no resuelve las desigualdades ni garantiza que el crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para las mayorías.

Se habla que esos recortes son necesarios, que hay urgencias, pero hasta el minuto ¿Hay algún indicio de dónde se están yendo estos recursos? 

El Gobierno intenta presentar estos recortes como una necesidad inevitable, pero lo que tenemos que discutir es cuáles son sus prioridades y quiénes terminan pagando el costo de sus decisiones. No basta con decir que hay que ajustar el gasto público: hay que explicar por qué ese ajuste recae sobre programas sociales, políticas de empleo, educación y salud, mientras se impulsa una agenda tributaria que beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos

Lo que vemos hasta ahora no es una estrategia que permita asegurar que esos recursos se van a destinar a resolver las urgencias de las familias chilenas. Por el contrario, la reducción de programas y de herramientas de apoyo público amenaza con debilitar la capacidad del Estado para enfrentar el desempleo, las desigualdades y las necesidades sociales.

Por eso, el Gobierno tiene que transparentar sus prioridades y explicar con claridad qué objetivos persigue con estos recortes, cuáles serán sus efectos y cómo pretende responder a las necesidades que quedarán desatendidas. 

Desde nuestra perspectiva, no se puede hablar de responsabilidad fiscal si el resultado es un Estado más débil y una ciudadanía que debe resolver individualmente problemas que requieren respuestas públicas. El presupuesto expresa un proyecto de país, y nosotros vamos a defender uno en que el Estado tenga las capacidades y los recursos necesarios para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida para las grandes mayorías.

Has criticado los constantes cambios en las proyecciones económicas ¿Cómo ves estos índices y a qué atribuyes estos cambios recurrentes?

Es inaceptable que el ministro de Hacienda ponga en duda, una y otra vez, las propias cifras de su Gobierno. Ya lo vimos con el crecimiento económico: el 25 de mayo proyectaban un 2,1%; el 12 de junio, el ministro situó la expectativa en un 1,8%; y ahora la redujeron a apenas un 0,7%. Es una sucesión de cambios que genera incertidumbre y pone en cuestión la consistencia de las proyecciones oficiales.

Hace apenas unos días, la Dirección de Presupuestos, que depende de su ministerio, presentó una proyección de inflación del 3,8% para 2026 y, un par de días después, el propio ministro cuestionó si se podría cumplir esa estimación. Sabemos que es el Banco Central quien tiene el mandato de velar por la estabilidad de la política monetaria y, con ello, de la inflación, sin embargo la política fiscal afecta y requiere seriedad en su manejo.

Las estimaciones económicas pueden cambiar cuando aparecen nuevos antecedentes, pero eso exige fundamentos técnicos claros y explicaciones transparentes. Lo que no puede ocurrir es que se genere incertidumbre sobre las propias cifras con las que el Gobierno diseña su política económica y construye el presupuesto nacional.

Chile necesita una conducción económica seria, proyecciones creíbles y decisiones responsables. Detrás de estas cifras hay empleos, salarios, inversión pública y recursos para las políticas sociales. No son números abstractos: sus efectos se sienten directamente en la vida de millones de personas.

Se reactivó la bancada feminista, en ese marco, Cómo están evaluando/fiscalizando el desempeño del gobierno en esa materia y respecto también al Presupuesto.

Efectivamente, reactivamos la bancada feminista Julieta Kirkwood junto a otras parlamentarias que compartimos la convicción de que es necesario defender los derechos conquistados por las mujeres en nuestro país, frente a la embestida conservadora de la ultraderecha en Chile y el mundo.

Tenemos una visión muy crítica de la actuación del Gobierno en materia de derechos de las mujeres. Nos preocupa especialmente la falta de claridad de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género respecto de sus prioridades y de su agenda legislativa. Necesitamos saber qué compromisos concretos tiene el Gobierno para avanzar en igualdad, prevenir y erradicar la violencia de género y fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

El presupuesto también es una señal política. Cuando se decide cerrar PRODEMU y el programa Mujeres Rurales, no estamos hablando solamente de cifras: estamos hablando de oportunidades, autonomía económica y derechos para miles de mujeres. Por eso, vamos a fiscalizar estas decisiones y exigir que se garantice la continuidad de las políticas públicas que contribuyen a reducir las desigualdades de género.

Como bancada, esperamos trabajar de manera coordinada para enfrentar el desempleo femenino, que supera el 10%; avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las nuevas expresiones de violencia digital; impulsar la implementación del Sistema Nacional de Cuidados; fortalecer el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, y frenar los retrocesos en derechos sociales.

Nuestra convicción es que los derechos de las mujeres no pueden quedar sujetos a la voluntad política de un Gobierno ni ser considerados un gasto prescindible. Son conquistas que debemos defender y profundizar, y para ello necesitamos políticas públicas sólidas, instituciones comprometidas y recursos suficientes.