Montevideo será sede este martes 3 de noviembre de la XXVII Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del MERCOSUR (RMAAM), un encuentro que reunirá a representantes de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, junto con organismos internacionales y referentes de distintos sectores. La agenda contempla la autonomía económica, la prevención de la violencia basada en género, la trata de mujeres y la cooperación institucional, con el objetivo de avanzar en políticas públicas que fortalezcan los derechos de las mujeres en la región.

La reunión se desarrollará durante la Presidencia Pro Tempore de Uruguay en el bloque regional. La apertura estará a cargo de Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de Uruguay, quien también presentará el informe de su país. La conducción institucional corresponde a la Presidencia Pro Tempore uruguaya, conforme al mecanismo rotativo del MERCOSUR.

Entre las autoridades nacionales anunciadas en el programa figuran Márcia Lopes, ministra de las Mujeres de Brasil; Alicia Pomata, ministra de la Mujer de Paraguay; Judith Marín Morales, ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile; y Lucía Soldani, directora nacional de Protección y Asistencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina.

La dimensión internacional estará representada por Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres, y Magdalena Furtado, directora de Programas de ONU Mujeres en Uruguay. También participarán representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Unión Europea, la diplomacia regional y organizaciones vinculadas a la actividad empresarial y la igualdad de género.

Autonomía económica y cooperación internacional

Uno de los puntos centrales será el análisis de las oportunidades y los desafíos que plantea el acuerdo comercial entre el MERCOSUR y la Unión Europea para la participación de las mujeres en el comercio, la producción y las cadenas de valor.

El debate busca incorporar la perspectiva de género a los procesos de integración económica, considerando las condiciones de acceso al empleo, el financiamiento, la capacitación y los mercados. La autonomía económica constituye un componente fundamental para reducir las desigualdades y ampliar la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre sus vidas.

En ese marco, está previsto anunciar un nuevo marco de cooperación entre el MERCOSUR y ONU Mujeres, mediante un Memorando de Entendimiento. La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo conjunto y la coordinación de políticas regionales orientadas a la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres.

Las autoridades también abordarán el Plan de Trabajo 2027-2028, que contempla tres áreas prioritarias: el combate a la violencia contra las mujeres basada en género, la autonomía económica y la prevención y el enfrentamiento de la trata de mujeres.

Uruguay: avances en compromisos nacionales por la igualdad

La reunión se produce en un contexto en el que Uruguay presentó resultados de su política nacional de género. En marzo de 2026, el Instituto Nacional de las Mujeres informó que el 82% de los 139 compromisos de acción asumidos por el Estado en 2025 estaban cumplidos o en proceso de implementación.

Las medidas se organizaron en seis ejes: fortalecimiento del sistema nacional de género; transformación cultural y educación inclusiva; autonomía económica y reorganización social de los cuidados; vida libre de violencia; acceso a la salud integral y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; y atención a contextos críticos.

Entre las acciones destacadas por el Gobierno uruguayo se encuentran la creación de aproximadamente 19.000 empleos para mujeres durante el período informado, una mayor asignación de tierras a mujeres por parte del Instituto Nacional de Colonización y la puesta en funcionamiento de la aplicación Élida 360, destinada a víctimas de violencia de género como complemento de los dispositivos de monitoreo electrónico.

Estos antecedentes aportan un marco concreto para el intercambio regional: las políticas de igualdad requieren coordinación entre organismos públicos, recursos, mecanismos de protección y seguimiento de los compromisos asumidos.

Brasil: formación de liderazgos y participación de las mujeres

Brasil también desarrolla iniciativas destinadas a ampliar la participación femenina en la formulación y el seguimiento de políticas públicas. Una de ellas es el Programa Nacional de Formación para Mujeres Lélia Gonzalez, Presente!, impulsado por el Ministerio de las Mujeres en colaboración con la Universidad de la Integración Internacional de la Lusofonía Afrobrasileña (UNILAB).

La propuesta promueve la formación política, intelectual y ciudadana de liderazgos comunitarios, con contenidos vinculados a los derechos humanos, la igualdad racial y de género, la participación social y la justicia climática. El programa fue concebido para fortalecer las capacidades de mujeres de distintos territorios y ampliar su intervención en los espacios de decisión.

Otra línea de trabajo impulsada en Brasil comprende iniciativas de justicia climática que incorporan la autonomía económica y la participación política de las mujeres, reconociendo que las desigualdades sociales y ambientales también afectan de manera diferenciada a las comunidades y a las mujeres que las integran.

Educación financiera y acceso a oportunidades

La autonomía económica también ha sido abordada desde el ámbito de la educación financiera y la integración productiva. En Buenos Aires, la presentación de la iniciativa editorial y formativa Mujeres que Invierten, de la doctora Aldana Lara, puso en discusión la importancia de ampliar los conocimientos financieros, el liderazgo femenino, las redes de cooperación y el acceso a mercados y financiamiento.

En esa actividad participó el doctor Julio Mariano Raffaghello, director de la Cámara de Industria y Comercio del MERCOSUR y las Américas, quien destacó la necesidad de fortalecer herramientas para que más mujeres puedan desarrollar emprendimientos, acceder a oportunidades económicas y participar en espacios de decisión.

Este enfoque complementa la agenda institucional de la RMAAM: la igualdad de derechos también requiere condiciones materiales para que las mujeres puedan incorporarse plenamente a la actividad económica y productiva.

Una agenda regional que exige continuidad

La reunión de Montevideo permitirá poner en común experiencias nacionales y avanzar en una agenda compartida entre los países participantes. La prevención de la violencia, la lucha contra la trata, la autonomía económica y la participación de las mujeres en la vida pública son desafíos que requieren respuestas coordinadas y políticas sostenidas en el tiempo.

La participación de ONU Mujeres, CEPAL y otros organismos internacionales abre, además, un espacio para fortalecer la cooperación técnica y el intercambio de experiencias. El diálogo con organizaciones de la sociedad civil previsto en la agenda permitirá incorporar perspectivas de sectores que trabajan directamente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

El desafío para el MERCOSUR será transformar los compromisos políticos y los acuerdos de cooperación en medidas concretas, con continuidad institucional, recursos y mecanismos de evaluación. La reunión representa una nueva instancia para consolidar una política regional que coloque la igualdad de género y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres entre las prioridades de la integración sudamericana.