Exclusivo de Otro Punto
La jueza denunciada por acoso laboral no vuelve más

Acusada de maltrato y violencia laboral contra empleados de los tribunales de Río Cuarto, la jueza Natacha García fue apartada de su lugar de trabajo a comienzos de 2025 y desde hace un año y ocho meses está de licencia con goce de sueldo. Tras la inédita rebelión de 87 trabajadores y magistrados que firmaron un petitorio para evitar su retorno, la Legislatura dio luz verde a su traslado definitivo a Bell Ville. En exclusiva, la investigación de Otro Punto revela que, en las últimas horas, la Fiscalía General dio un dictamen que avala todo lo que denunciaron los judiciales y deja a la jueza en la cuerda floja.
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Director periodístico
El nuevo destino de Natacha Irina García, la jueza que desde febrero de 2025 fuera apartada de la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto, se decidió el último martes 13. Ese día de octubre de este año la Legislatura cordobesa finalmente le dio el ok al pliego que envió el Poder Ejecutivo proponiendo que la magistrada denunciada por acoso y violencia laboral definitivamente abandone su lugar de trabajo en la ciudad, y sea trasladada a 224 kilómetros de aquí, a la localidad cordobesa de Bell Ville.
Si la fecha será de buen o mal agüero, lo dirá el tiempo. Lo concreto es que la mudanza forzosa, que Otro Punto adelanta en forma exclusiva, fue la manera más elegante que encontraron los tres poderes de la Provincia de desactivar la bomba de tiempo que llevaba un año y ocho meses amenazando el clima laboral de toda una jurisdicción: los tribunales provinciales de Río Cuarto.

Es que nunca antes en la historia judicial de la ciudad se había producido una rebelión de 87 empleados judiciales y magistrados como la que en diciembre de 2025 se organizó en el Polo Judicial exigiendo que la jueza no volviera nunca más a poner los pies allí. Debido a los graves destratos y situaciones de violencia laboral que habrían sufrido numerosos trabajadores a su cargo, hubo empleados que acabaron con licencia psiquiátrica y, aún hoy, escuchar que alguien pronuncia el nombre de la jueza imprime, en el acto, un gesto de angustia en los rostros.
La revuelta judicial comenzó a gestarse un mes antes, en noviembre de 2025, cuando el juez Emilio Andruet anunció que renunciaba a su cargo como juez de la Cámara Segunda del Crimen para desempeñarse como abogado particular. La intempestiva decisión del vocal que hoy integra el staff de letrados del empresario Alicio Dagatti puso en guardia a los empleados de tribunales frente a la posibilidad de que fuera García quien reemplazara la vacante que dejó Andruet. Así fue como en los pasillos empezó a circular un escrito dirigido al presidente del TSJ, Eugenio Angulo, con un objetivo explícito: impedir por todos los medios que la magistrada volviera a desempeñarse en la sede de Río Cuarto.

“Te digo casi con certeza que no he cometido ninguna inconducta. No quiere decir que otra persona no la pueda haber vivido de esa forma”, dijo García en la entrevista de marzo del 2025 con Otro Punto.
La propuesta de trasladar a la magistrada a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Bell Ville terminó de ahuyentar esos fantasmas. Como efecto adicional, descomprime los ánimos en un 2026 que quedará como uno de los períodos más traumáticos para la Justicia local, con la purga de los tres fiscales destituidos en el Jury por el caso Dalmasso.
En el Acuerdo 509, Serie A, del 30 de abril de este año, el Tribunal Superior de Justicia le dio forma a este “salvoconducto judicial” que acaba de formalizar la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Unicameral de Córdoba, bajo la presidencia del legislador Bernardo Knipscheer.
¿Y ahora qué pasa?
En los veinte meses continuados que lleva de licencia, García nunca dejó de percibir su salario mensual aunque sin poder desarrollar tarea alguna, luego de que la Oficina de Sumario Administrativo de la Provincia le iniciara una investigación interna para demostrar o desestimar las numerosas denuncias de maltrato. Ese sumario aún sigue abierto, y todo indica que así continuará como una señal de alerta que la funcionaria no debería desatender en su nuevo periplo.
Entretanto, Otro Punto confirmó en exclusiva que esta semana a la Oficina de Sumario Administrativo llegó el dictamen de la Fiscalía General de la Provincia que convalidaría los hechos denunciados por las y los trabajadores de los tribunales de Río Cuarto. Eso deja abierta la puerta a una sanción en contra de la magistrada.

La incorporación de Natacha Irina García a la justicia de Río Cuarto fue todo un signo de pregunta allá por 2019, cuando llegó desde San Juan sin hacer escala en ningún tribunal cordobés. De a poco, el interrogante empezó a develarse. Tuvo su pico de notoriedad cuando le tocó juzgar el crimen de Nora Dalmasso en un proceso que durante cuatro meses se mantuvo a diario en la agenda noticiosa. Antes de eso, en una entrevista que le hicieron en LV 16, cuando la tonada cuyana era aún una novedad, se despachó con una respuesta memorable, dijo que su aspiración siempre fue llegar a lo más alto: “si se llegara a crear un Tribunal intergaláctico, ahí quisiera estar”. Ya por entonces, sus colegas la escuchaban mencionar sin sonrojarse que el paso por la ciudad sería transitorio porque su destino natural, no iba a ser otro que ocupar uno de los sillones del TSJ. Efectivamente, entre los largos meses de confinamiento por la pandemia y los veinte meses de licencia forzosa, el tránsito de Natacha García por los tribunales de Río Cuarto acabó siendo efímero. Esa parte de su predicción, al menos, ya se cumplió.
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