Argentina, plataforma de impunidad internacional

El Senador Bolsonaro, lejos de estar padeciendo una “persecución política”, está acusado de delitos que ameritan jurisdicción universal, como el lavado de activos.

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La reciente huida del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos, utilizando el territorio argentino como zona de libre tránsito y despegue, constituye un hecho de extrema gravedad institucional que degrada la política exterior de la República Argentina y la posiciona ante la comunidad internacional como una dócil facilitadora de la impunidad. Lejos de tratarse de un episodio aislado de filtración fronteriza, los datos confirmados por la propia Dirección Nacional de Migraciones configuran una trama de complicidad o, en el escenario más benevolente, de una flagrante ineficacia estatal que vulnera elementales compromisos de cooperación jurídica internacional.

El trasfondo penal de Flávio Bolsonaro desmiente de plano cualquier narrativa de persecución política. El hijo del expresidente brasileño se encuentra bajo la estricta mirada del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, imputado en complejas tramas de corrupción pública, evasión fiscal y lavado de dinero a gran escala. La justicia de su país investiga el presunto desvío de sumas millonarias asociadas a la financiación de la película biográfica de su padre, así como operaciones vinculadas a plataformas de apuestas online en complicidad con testaferros y operadores financieros. Fue precisamente en este marco criminal que el juez Alexandre de Moraes dictaminó la prohibición de salida de Brasil para el legislador y le ordenó la entrega perentoria de sus pasaportes. La respuesta del imputado no fue el derecho a la defensa, sino la fuga deliberada.

Lo intolerable para la soberanía argentina radica en las facilidades logísticas que el prófugo halló del lado local de la frontera. Tras desobedecer los mandatos del máximo tribunal brasileño, Bolsonaro y su núcleo familiar cruzaron vía terrestre por el Puente Internacional Tancredo Neves, uniendo Foz do Iguaçu con la ciudad misionera de Puerto Iguazú. Lo que debió haber sido una alerta fronteriza inmediata frente a un ciudadano sobre el cual pesaban severas restricciones judiciales se transformó, en suelo argentino, en una alfombra roja. En un lapso de escasamente cuarenta minutos entre su ingreso al país y el despegue, el clan abordó un vuelo privado con destino formal a Guayaquil, Ecuador, sirviendo esto como escala técnica previa a su desembarco final en Miami, Estados Unidos.

La gravedad del cuadro se profundiza al analizar las responsabilidades políticas internas. El tendal de versiones cruzadas emitidas desde la Casa Rosada evidencia un manejo opaco e improvisado del conflicto. Mientras que los voceros oficiales se apresuraban a negar pedidos de asilo en un intento de despegarse de la crisis, reportes periodísticos daban cuenta de la sugestiva presencia de altos operadores políticos de la Jefatura de Gabinete en la provincia de Misiones al momento exacto en que se concretaba la llegada y el posterior despegue del senador. El posterior anuncio del Ministerio de Seguridad sobre la creación de programas de captura de prófugos internacionales asoma como un tardío manotazo de ahogado, una puesta en escena que busca maquillar la negligencia consumada tras haber dejado partir al imputado bajo escolta e indiferencia de las autoridades competentes.

El principio de reciprocidad y el respeto mutuo entre las naciones que integran el Mercosur exigen que los sistemas judiciales no sean burlados mediante el uso oportunista de las fronteras vecinas. Al prestar su territorio y su espacio aéreo para que un investigado por lavado de activos evada los mandatos de un tribunal constitucional, la Argentina debilita su propia posición frente al crimen organizado transnacional. No se puede pregonar la defensa de la legalidad y el combate a la corrupción puertas adentro mientras, simultáneamente, se brinda amparo logístico a los aliados ideológicos de turno que escapan de los tribunales de la región. La diplomacia no puede subordinarse a las afinidades partidarias ni a los pactos de impunidad entre facciones. La huida de Flávio Bolsonaro a través de Misiones deja una mancha profunda en las instituciones argentinas, ensancha la desconfianza bilateral con la República Federativa del Brasil y emite una señal alarmante al resto del mundo: que el suelo argentino puede ser utilizado como un cómodo santuario de tránsito para quienes huyen del imperio de la ley. Corresponde ahora al Poder Judicial de la Nación y a los órganos de control parlamentario investigar a fondo las responsabilidades de los funcionarios implicados en este vergonzoso salvoconducto, si es que se pretende salvaguardar el decoro institucional de la República.