Más intocable que nunca: políticos salvan a jueza de ser enjuiciada por el JEM

La jueza penal de garantías N° 5 de Ciudad del Este, Cinthia María Garcete Urunaga, logró zafar de ser enjuiciada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ya que no se reunieron los 5 votos coincidentes para iniciar el proceso, requeridos en la Ley N° 6814/2021 que regula los procedimientos del órgano constitucional.

El artículo 7 de la Ley N° 6814/2021 específicamente establece que “el Jurado deliberará válidamente con el quórum de cinco de sus Miembros. Dictará sentencias definitivas, con la presencia de al menos seis de sus miembros y un mínimo de cinco votos coincidentes”.

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En este caso, el primer opinante fue el diputado Diego Candia (ANR-Peñista), quien propuso el archivo del caso relacionado a la magistrada. Su moción tuvo el acompañamiento de los senadores Mario Varela (ANR-Abdista) y Pedro Díaz Verón (ANR-Peñista), además del consejero Enrique Berni (ANR-HC). Estuvo ausente el diputado Alejandro Aguilera (ANR-Peñista).

En tanto que, el ministro de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente 2° del JEM, César Antonio Garay Zuccolillo, propuso que Garcete Urunaga sea sometida a enjuiciamiento, con pedido de suspensión en el cargo. A esta moción se adhirió la titular del órgano, Alicia Pucheta, y el ministro de la Corte y vicepresidente 1° del Jurado, Manuel Ramírez Candia, con la diferencia de que sea sin suspensión.

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Debido a esa discrepancia, no se reunieron los votos requeridos por la norma –coincidencia de 5 votos- por lo que, finalmente el caso contra la jueza Cinthia Garcete, del cual tuvo conocimiento el órgano constitucional a través de publicación periodística, se remitió al archivo, zafando así ella de una investigación y un enjuiciamiento incluso.

Candia votó por el archivo porque el caso se resolvió en lo judicial

Candia señaló en su voto que “la controversia fue sometida a los procedimientos ordinarios previstos por la legislación, permitiendo que las instancias competentes examinaran la cuestión y adoptaran las medidas pertinentes para su resolución”, además “los eventuales desacuerdos respecto a la interpretación o aplicación de la norma jurídica encontraron respuesta dentro del propio sistema de revisión judicial”.

Por ello, consideró que “el hecho puesto inicialmente a conocimiento de este órgano constitucional se circunscribe a una cuestión de naturaleza procesal que fue oportunamente planteada y resuelta mediante los instrumentos legales disponibles”.

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Así mismo, refirió que “trasladar una discrepancia de esta naturaleza al ámbito disciplinario supondría atribuir al jurado una función distinta al, de aquella que le ha sido constitucional y legalmente encomendada”.

Agregó posteriormente el legislador que, “una intervención en ese sentido podría convertir al jurado en una instancia adicional de revisión de resoluciones judiciales, función que no le corresponde ejercer conforme al artículo 11 de la Ley N° 6814/2021, así como la limitación establecida por el reglamento constitucional y legal”.

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Por estos motivos, el diputado Diego Candia votó porque el caso se remita al archivo, pasándole la mano a la cuestionada jueza esteña Cinthia Garcete, pese a la irregularidad de la conducta que desplegó la misma y que fue descrita por él mismo.

Ministro resaltó gravedad de la conducta de la jueza

A su turno, el ministro de la Corte y viceministro 2° del JEM, César Garay Zuccolillo, señaló que “se advierte que se levantaron órdenes de capturas de procesados que se hallaban en el extranjero, sin motivaciones válidas que ameriten ese fallo y en inobservancia y con flagración al artículo 82 in fine del digesto ritual penal”.

Al respecto, Garay citó lo que establece el dicho órgano leal: “Cuando el imputado rebelde comparezca voluntariamente o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, se extinguirá su estado de rebeldía y continuará el procedimiento, quedando sin efecto la orden de captura”.

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A ello agregó que, fue el juez penal de garantías N° 3 Carlos Vera Ruiz, quien declaró nuevamente en rebeldía a los procesados Martínez y Torres, luego de que el Tribunal de Apelación revocara la resolución de la juez Garcete.

Es así que, a consideración de Garay, la conducta de Garcete Urunaga “tipificaría en las causales de mal desempeño de funciones del artículo 14, incisos B y G del mismo cuerpo legal, por lo que corresponde en derecho a plenitud iniciar de oficio enjuiciamiento a Cinthia Garcete, con solicitud de suspensión en el ejercicio del cargo a ser comunicada a la Corte Suprema de Justicia por los graves indicios de anómalos desempeños”.

El ministro Manuel Ramírez se adhirió al voto de Garay, pero con la discrepancia de que no se solicite la suspensión de la jueza.

Primera salvada a jueza de Ciudad del Este

Una primera “mano amiga” que le pasaron los integrantes del JEM a la jueza Cinthia Garcete, fue en septiembre de 2025, cuando se tomó conocimiento del caso en el que la misma levantó la rebeldía y pedido captura de dos procesados que litigaron desde España.

Específicamente, en esa ocasión el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia votó por la investigación preliminar a la magistrada esteña. Su voto tuvo la adhesión de los senadores colorados Derlis Maidana y Mario Varela, así como de los diputados colorados Diego Candia y Alejandro Aguilera.

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Ramírez Candia, como primer opinante, expresó como argumento que se necesita tener primero a la vista el expediente del caso.

En aquella ocasión, el entonces presidente del Jurado César Garay y la vicepresidenta Alicia Pucheta, habían votado por el enjuiciamiento de oficio.

Magistrada también figura en blanqueos a figuras políticas

Por otra parte, los cuestionamientos hacia la magistrada también se originan en sus decisiones vinculadas a figura políticas que afrontaron procesos penales y salieron airosos.

Uno de ellos es el caso del senador Javier Zacarías Irún y su esposa, la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, quienes fueron sobreseídos definitivamente en el proceso por el presunto desvío de dinero de la comuna esteña para financiar la campaña política del clan Zacarías. Aquella vez, Garcete culpó a la Fiscalía de no hacer correctamente su investigación.

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El exdiputado Carlos Portillo (PLRA) fue otro de los favorecidos con las resoluciones de la jueza Garcete. Esto porque la magistrada dejó sin puntos de pericia a la Fiscalía en la extracción de datos del celular del legislador liberal y posteriormente excluyó pruebas claves para el juicio oral.

En enero de 2021, Garcete dictó el último blanqueo en favor de los exintendentes de Hernandarias Mario Castillo (PLRA) y Erico Agüero (PLRA), quienes fueron sobreseídos de un proceso por un supuesto desvío de fondos jubilatorios por casi G. 800 millones.

Además, la cuestionada magistrada también había sobreseído de forma definitiva a dos policías Adolfo Fernández y Armando Sanabria Gauto, quienes fueron acusados por supuestamente raptar y extorsionar a un turista brasileño en agosto de 2018.