
En la causa por lesión de confianza por el presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones durante los años 2021– 2022 están acusados siete exfuncionarios de cargos administrativos, junto a Gustavo Rodríguez (ANR). Cuatro de ellos declararon hoy ante el Tribunal de Sentencia.
La primera en declarar fue Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera), quien renunció al cargo cuando comenzó a darse cuenta de que se cometían algunas irregularidades administrativas. Manifestó que incluso remitió varios memos al intendente y a sus jefes inmediatos solicitando documentos respaldatorios de los cheques emitidos, pero que nunca fueron respondidos.
Manifestó que su función consistía en cargar los gastos en un sistema informático y así alimentar las conciliaciones bancarias y presupuestarias para tener al día los saldos bancarios.
“Renuncie el 1 de agosto del 2022. Yo renuncié cuando me di cuenta que faltaban documentos y para documentarme, yo emitía memos, dirigidos tanto al intendente como al administrador, donde yo solicitaba los documentos respaldatorios para que pudiera yo cargar en el sistema”, dijo la acusada.
Manifestó sentir vergüenza porque fue involucrada en el caso, que le afectó en lo laboral, sin que ella haya obrado mal, y agregó que firmó unos documentos en los que el intendente retiraba la totalidad de su salario del 2022 de manera adelantada, solo para dejar registro.
“Yo firmé ese documento que ahora se usa en mi contra porque yo no quería que después se haga pasar como gasto, cuando en realidad era el dinero que el intendente retiró en concepto de salario de todo el 2022 de manera adelantada”, puntualizó.
“Fui víctima de un sistema”, dijo cajero
El segundo en declarar fue Sergio Isasi Schweighart cajero municipal, quien indicó que fue víctima de un sistema y que solo obedecía órdenes de sus superiores. Negó haberse quedado con dinero municipal.
“Yo fui contratado como cajero en abril del 2022 y en setiembre me llaman para cambiarme el contrato y allí pasé a ser ordenador de gasto. Solo obedecía las órdenes del intendente, respaldadas por tesorería y administración. Nunca actué con dolo”, manifestó el exfuncionario municipal acusado.
El tercero en declarar fue Diego Armando Espínola Olmedo, quien en el expediente figura como director de Administración; sin embargo, en su declaración dijo que entró con cargo de auxiliar administrativo.
El acusado manifestó que comenzó a trabajar en la municipalidad en setiembre del 2022 como auxiliar administrativo y que, en unos quince días le dijeron que sería ordenador de gastos por lo cual comenzó a firmar los cheques.
Agregó también que solo cumplía órdenes y que nunca se apropió de recurso municipal alguno, que solo cobró su salario por lo cual emitió factura.
El último en declarar fue Pedro Antonio Morel, director de la Unidad Operativa de Contrataciones, pero solo respondió las preguntas de su abogada defensora. El procesado indicó que fue funcionario municipal desde el 2010 y que hizo carrera para llegar a la dirección.
Agregó que siempre cumplió su trabajo y que durante el 2020 y 2021 se encargó de organizar las licitaciones y los llamados para las obras, pero que la última palabra en la toma de decisiones siempre la tuvo el intendente Gustavo Rodríguez, pues él solo se limitaba a sugerir.
Últimas declaraciones
El Tribunal de Sentencia convocó para otra jornada de juicio el próximo 5 de noviembre a las 08:00 para culminar con las testificales.
Según los abogados defensores declararán también los acusados José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y el exintendente Gustavo Rodríguez.
Tras estas últimas declaraciones se aguarda los alegatos finales de Ministerio Público y de las diferentes defensas antes de la sentencia.
https://www.abc.com.py/politica/2026/10/29/gustavo-rodriguez-acusados-responsabilizan-a-intendente-de-presunta-tragada/
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