Alguien tiene que decir basta: Jujuy no puede confundir silencio con paz social

El endeudamiento de las familias y las dificultades de comercios y empresas exigen una respuesta que esté a la altura de la angustia cotidiana. La política, las entidades económicas y la Iglesia tienen una responsabilidad pública: impedir que el sufrimiento quede encerrado en cada hogar mientras la agenda del poder transcurre por otro lado.

Alguien tiene que decir basta. Basta de presentar la resistencia de las familias como si fuera una señal de bienestar. Basta de llamar normalidad a una vida organizada alrededor del próximo vencimiento. Una provincia puede tener calles tranquilas y hogares llenos de incertidumbre; puede mantener su calendario de actos mientras un comerciante calcula qué obligación dejará pendiente. En Jujuy debemos discutir esa distancia entre la tranquilidad institucional y la angustia privada. La ausencia de protesta no demuestra ausencia de dolor. También puede expresar agotamiento, miedo a perder lo poco que queda o desconfianza en que alguien vaya a escuchar.

El problema económico se vuelve más grave cuando endeudarse deja de servir para proyectar y empieza a servir para llegar al mes siguiente. Los relevamientos nacionales muestran refinanciaciones en niveles máximos y una morosidad familiar todavía elevada, aun con una baja reciente: reconocer esa mejora no autoriza a declarar resuelto el deterioro acumulado. Detrás de ese mecanismo hay ingresos futuros comprometidos y menos margen para consumir, invertir o afrontar un imprevisto. Cuando una familia recorta compras, el comercio pierde ventas; cuando un negocio posterga pagos, la presión alcanza a proveedores y trabajadores. El ahogo circula por toda la economía. ¿Dónde está la discusión pública sostenida sobre cómo interrumpir ese recorrido antes de que destruya más capacidades?

La responsabilidad principal corresponde a quienes gobiernan y administran recursos. No alcanza con pedir paciencia, celebrar equilibrios contables o trasladar todas las explicaciones a otra jurisdicción. La política debe mostrar qué puede hacer, con qué instrumentos y en qué plazos. También las cámaras empresarias, los sindicatos y las representaciones profesionales tienen que elevar la voz y construir propuestas compartidas. Una mesa que solo reúne funcionarios para una fotografía no responde a una emergencia doméstica. Hacen falta compromisos verificables sobre empleo, alivio financiero, actividad comercial y protección de los servicios esenciales, con seguimiento público de sus resultados.

La Iglesia jujeña también está interpelada. Sus sacerdotes y el obispo han advertido sobre las necesidades sociales, y las comunidades sostienen una tarea de asistencia que merece reconocimiento. Precisamente porque conocen ese sufrimiento, corresponde reclamar una presencia pública persistente, capaz de incomodar al poder y exigir respuestas. El silencio que cuestionamos es el que vuelve a instalarse cuando una advertencia no consigue convertirse en prioridad colectiva. En vísperas de la visita de León XIV al país, la preparación espiritual debería encontrar una expresión concreta en la defensa de quienes viven con pobreza, angustia y zozobra. La cercanía con las autoridades exige también libertad para señalar sus omisiones.

Jujuy necesita que el dolor deje de tramitarse en soledad. Hace falta escuchar a quienes refinancian para sobrevivir y a quienes sostienen una persiana sin saber cuánto tiempo más podrán hacerlo. La pregunta política es directa: ¿quién asumirá la responsabilidad de convertir esa angustia en una agenda urgente? Alguien tiene que decir basta y sostenerlo con decisiones. Porque una sociedad no puede aceptar que su mayor esfuerzo sea acostumbrarse a vivir peor.