El prejuicio ya tiene estatuto

Ella está sentada en un café en el centro de Medellín, hablando con un profesor y una estudiante, la están entrevistando, ella está contando su trayectoria como defensora de derechos humanos, de las mujeres y de la población LGBT. De pronto, el señor de la mesa del lado se para y le grita: ¡guerrillera, guerrilla, escúchala, escúchala! Todo lo que dice es de guerrillera. El señor tiene la osadía de levantarse, señalarla y pasar por cada mesa del café diciendo que ella es una guerrillera. Ella, mi amiga, estupefacta; él le dice: espéreme aquí y verá. ¿A qué debe esperar? Se va del café, con miedo. Esta es una historia que se repite, hace décadas quienes han defendido derechos o militado en la izquierda han cargado con esa misma cruz, hoy llega a los cafés en las ciudades, ya no solo en las veredas.

La idea de que las agendas de derechos, o lo que más recientemente llaman wokismo es terrorismo, tal vez el mayor éxito que ha tenido este gobierno en su famosa batalla cultural, y no porque haya convencido a la mayoría, sino porque le dio permiso a quien señala. Una narrativa reencauchada que encuentra en un gobierno que rechaza todo lo que no se le parece la licencia que antes no tenía: quien estigmatiza pierde la vergüenza y quien es estigmatizado gana el miedo.

La alarma se enciende con el borrador del estatuto antiterrorista que el gobierno dio a conocer el pasado 6 de octubre y que se alista para radicar en el Congreso, un texto que abre la puerta a que con mucha facilidad cualquiera sea tildado o señalado como colaborador de una organización terrorista. Usted o yo protestamos e incomodamos, un indígena en un cabildo que se levanta o incluso una periodista que entrevista a un líder de un grupo armado, toda “manifestación individual, grupal o colectiva” que pueda generar “miedo, pánico y zozobra” podría caber en la definición de terrorismo del borrador. Lo explica muy bien Laura Bonilla en esta columna.

El terrorismo hay que combatirlo, sí, requiere respuesta estatal y mecanismos judiciales pertinentes, nadie lo niega. El gol del estatuto es que cualquiera al ojo del gobierno pueda entrar ahí, sin criterios claros y transparentes. Opaco es el color del estatuto por lo ambiguo y falto de rigurosidad. Así como el señor que gritó a mi amiga y la señaló de guerrillera sin ninguna evidencia.

Cuando el presidente avala el retiro de cuadros de un museo por su apología al terrorismo, mientras las paredes vacías dejan en evidencia que lo que se quitó es la memoria de víctimas, de las mujeres, de las personas LGBT y de la diversidad religiosa que habita este país, nos da cuenta de lo que a sus ojos podría entrar en esa categoría del estatuto. En otras palabras, el estatuto es la materialización institucional del prejuicio que tanto indigna en las redes sociales.

Si el museo retira la apología del terrorismo, el campo semántico de “terrorismo” se está expandiendo de lo armado a lo simbólico. ¿Quién tiene el metro para saber qué tanto se ha expandido? ¿Alguien sabe en qué unidades se mide la batalla cultural? ¿Dónde se anuncia quién la va ganando?

Hace poco un político de la oposición me dijo que el medidor es la aprobación del presidente, que bajó en apenas un mes del 51,8% al 48,7%, y en el Pacífico llega solo al 27,8%, la zona con más desaprobación del país. Gramsci pensaría que es quien gana el sentido común: retirar 30 piezas de un museo no es poseer la hegemonía, es forzarla; y el estatuto, imponerla. Pero forzar la hegemonía no impide legitimar el prejuicio: el señor del café no necesita que la mayoría piense como él, le basta con sentir que el poder lo respalda.

Sin embargo, en un país que aún dice querer mayoritariamente (58%) la democracia, en un momento en el que la población mundial afirmó que prefiere sistemas no democráticos (52%), el mismo país en el que debajo de corrupción, inseguridad, pobreza y salud, aparece como el problema más grave de Colombia, en quinto lugar: el debilitamiento democrático, valdría la pena hacer zoom y entender qué se entiende por ese debilitamiento, y por qué la cultura no aparece ni mencionada en la lista.

Conviven de manera conveniente la idea de que nuestra democracia funciona y es necesaria, y la idea de que la diversidad es peligrosa. Qué importante es repetirnos como sociedad que la democracia es el mecanismo para cuidar la diferencia y darle lugar, para que se exprese, sin pasar por encima del otro.

La batalla cultural como política de gobierno que propone De la Espriella es antidemocrática, hay que decirlo y no olvidarlo, porque el mayor peligro que puede resultar de este ejercicio de poder es que se siga socavando el sentido común. Que sigamos pensando como sociedad que apelar a borrar al otro, así sea simbólicamente, es posible en una democracia.