Enterrar el Fondo para la Vida aleja la plata del bosque amenazado

Si el gobierno entierra el Fondo para la Vida y deja que las empresas paguen todo el impuesto al carbono a través de créditos de mercados voluntarios, esa plata no necesariamente llegará a donde se está tumbando el bosque. Crucé la ubicación de 41 proyectos REDD+ (asociados con la reducción de la deforestación) con los 18 núcleos de deforestación que el Ideam reportó para el primer trimestre de 2026 (ver mapa) y encontré que solo el 12% del área de esos proyectos está en Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, los departamentos que concentraron el 76% de la deforestación detectada en ese periodo. Nueve de los 18 núcleos no tienen ningún proyecto REDD+ conocido en su zona.

Los proyectos están, sobre todo, en Vaupés, Guainía, Amazonas y Vichada, donde el bosque está menos amenazado. Rainforest Foundation Norway llegó a una conclusión parecida y encontró que cerca del 70% de los proyectos amazónicos están en departamentos con baja deforestación.

La discusión se abrió la semana pasada, cuando el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, escribió que al Fondo para la Vida y la Biodiversidad hay que darle “cristiana sepultura”. La frase sorprende, porque días antes, en un diálogo con el sector ambiental sobre el Plan de Desarrollo, el viceministro David Olarte dijo que la idea era mejorarlo, no acabarlo.

El Fondo, reglamentado por el Decreto 1648 de 2023, recibe el 80% del impuesto al carbono. Su principal programa es Conservar Paga, que reconoce a familias campesinas del arco de deforestación un incentivo por mantener el bosque en pie. Arjona propuso, por la vía del Plan de Desarrollo, eliminar el tope del 50% que limita cuánto del impuesto pueden compensar las empresas con créditos de carbono (mecanismo conocido como no causación). Con el tope en 100%, esa plata dejaría de llegar al Fondo y se iría directamente a proyectos del mercado de carbono, donde una parte va a las comunidades y otra a los desarrolladores. Según Asocarbono (el gremio de las empresas relacionadas con estos mercados), a las comunidades les llega entre el 65% y el 75%.

El Fondo tiene problemas de ejecución que no se pueden negar. De cerca de medio billón de pesos asignado a Conservar Paga, a 2025 se habían girado unos 60.000 millones, y el programa llegaba a unas 6 mil familias, de una meta de 16.400, según La Silla. En mi opinión, eso justifica reformarlo, no enterrarlo.

El gobierno defiende el cambio con números. En la Climate Week de Medellín, el director del Ideam, Andrés Herkrath, estimó que la Nación dejaría de recaudar unos 606.000 millones de pesos al año, pero que a los territorios llegarían cerca de 2 billones anuales a través del mercado de certificados y la activación de las economías locales. Sin embargo, considero que la aritmética no es tan evidente. 

Con la no causación, a una empresa le resulta más lógico comprar créditos de carbono si le cuestan menos que lo que debe pagar por el impuesto. Entonces, por esa vía, la plata que llega a los proyectos no puede superar el recaudo que se sacrifica.

La diferencia tendría que venir de compradores internacionales, que no dependen del tope porque su interés no está ligado a la no causación. Y esos compradores se están alejando de los créditos REDD+, que son la mayor parte de la oferta colombiana. Según Ecosystem Marketplace, en 2024 el volumen transado de REDD+ en el mercado voluntario global cayó 52% y su precio promedio bajó 23%, a unos US$6 por tonelada, mientras el precio de los créditos de reforestación (ARR) subió 19%, a más de US$20.

Tampoco es claro qué se compraría en el mercado nacional. Según el informe más reciente de Asocarbono, en Colombia hay unos 103 millones de créditos disponibles, pero casi la mitad son anteriores a 2020 y, por su antigüedad, no sirven para la no causación. De los que sí sirven, dos de cada tres vienen de proyectos REDD+, y sobre varios de ellos hay dudas acerca de su adicionalidad y su relación con las comunidades, como he señalado en columnas anteriores. 

Ese inventario elegible ronda hoy los 41 millones de créditos, y con el tope en 100% la demanda podría situarse entre 50 y 55 millones de toneladas al año, según Asocarbono. Como advertí en esta columna, mientras no exista la nueva reglamentación que el gobierno prometió tras revocar el Decreto 973, el primer efecto sería liquidar ese inventario, en parte cuestionado, y no financiar proyectos nuevos en el arco de deforestación.

De paso, se debilita la razón de ser del impuesto, que es encarecer los combustibles fósiles. Si las empresas pueden compensar todo con créditos que hoy rondan entre 6 mil y 10 mil pesos, frente a una tarifa de unos 29 mil pesos por tonelada, el incentivo para reducir emisiones en el sector energético, hoy la principal fuente de emisiones del país, casi desaparece.

Se dirá que la plata también iría a reforestación y restauración, que sí pueden ubicarse en el arco y, como vimos, se pagan mejor. Puede ser, pero hoy el mercado colombiano es mayoritariamente REDD+, y la reforestación y la restauración a escala exigen superar barreras que requieren una institucionalidad sólida, en la que también debe participar el Estado.

Soy defensor de los mercados de carbono y creo que pueden traer beneficios en reducción de emisiones, en conservación y para las comunidades. Pero no pueden ser la principal respuesta para financiar la lucha contra la deforestación allí donde ocurre. Por eso, más que cerrar el Fondo, el gobierno debería reformarlo, empezando por su gobernanza. Seis de los siete miembros de su consejo directivo son el ministro, sus viceministros, personas que él designa o el director de una entidad adscrita al Ministerio. 

Un consejo con miembros independientes haría del Fondo un vehículo más creíble para la cooperación internacional y otros financiadores. El Reino Unido, Alemania y Noruega llevan años pagando por resultados en reducción de deforestación a través de Visión Amazonía. Vale preguntarse cómo leen esos gobiernos una política que renuncia a recursos propios destinados al mismo fin.

Los mercados de carbono pueden ser parte de la solución. Pero si la plata del impuesto va a dejar de pasar por el Fondo, al menos debería llegar a donde se está perdiendo el bosque.

Javier Sabogal Mogollón es economista ambiental, socio fundador de Catalix y consultor de C40. Tiene más de 20 años de experiencia en cambio climático, finanzas verdes y desarrollo sostenible en América Latina. Fue el primer asesor en finanzas verdes del Ministerio de Hacienda, gerente ambiental de la Empresa de Acueducto de Bogotá, asesor del Ministerio de Ambiente y director de Bosques y Uso del Suelo de la Embajada Británica. También ha trabajado con el Banco Mundial, el BID, CAF, el PNUD y WWF. Tiene una maestría en Economía Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad de los Andes y la Universidad de Maryland, y otra en Cambio Climático de la Universidad de East Anglia, donde estudió como becario Chevening.