Sojero con dos condenas por delitos ambientales vuelve a sembrar soja cerca de un pozo comunitario en Guairá

La plantación de soja en las inmediaciones de una fuente de agua comunitaria volvió a generar preocupación entre pobladores de Eugenio A. Garay, departamento de Guairá. El productor José Carlos Casagrande, quien cuenta con dos condenas judiciales por delitos ambientales relacionados con cultivos mecanizados en zonas restringidas, fue denunciado nuevamente por retomar esta actividad.

Tras recibir la denuncia, la fiscal de la Unidad Penal Especializada en Delitos Ambientales, Jadiyi Ortiz, se constituyó en el inmueble señalado y constató que la soja ya había sido sembrada. Según los datos proporcionados durante la intervención, el cultivo se encuentra a una distancia aproximada de entre 50 y 70 metros de un pozo artesiano utilizado por la comunidad.

Durante el procedimiento, Casagrande manifestó que cuenta con una supuesta autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para realizar los trabajos de siembra y fumigación, por lo que la representante del Ministerio Público le otorgó un plazo de 24 horas para acercar la documentación correspondiente.

Ortiz explicó que los permisos alegados por el productor deberán ser corroborados directamente con el MADES para determinar su alcance y vigencia. La fiscala también confirmó la existencia de una ordenanza municipal que directamente prohíbe los monocultivos de soja y la aplicación de agroquímicos dentro del distrito.

La intervención se realizó luego de que pobladores alertaran sobre la presencia de maquinarias agrícolas y la preparación de terrenos para nuevos cultivos. La preocupación se centra principalmente en la cercanía de la plantación a la fuente de agua y en los antecedentes judiciales del productor, que ya fue condenado por hechos similares en la misma localidad.

Dos condenas por delitos ambientales

Casagrande registra dos condenas de un año y seis meses de prisión cada una, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por dos años, por hechos punibles contra el medio ambiente vinculados al incumplimiento de medidas de mitigación en establecimientos donde se cultivaba soja.

Uno de los antecedentes corresponde a una plantación realizada en el casco urbano de Eugenio A. Garay, a escasos metros de un pozo de agua de una junta de saneamiento —misma propiedad en la que se encuentra cultivando actualmente—. El otro caso estuvo relacionado con cultivos dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Recursos Manejados del Ybytyruzú, donde también se cuestionó el uso de agroquímicos.

Durante las investigaciones anteriores, el Ministerio Público había constatado cultivos mecanizados que abarcaban aproximadamente 11 hectáreas, pese a las disposiciones de suspensión de las actividades y a las restricciones establecidas por la Municipalidad. En los juicios orales declararon vecinos, activistas ambientales y autoridades municipales que denunciaron los riesgos para la salud, los recursos hídricos y la biodiversidad.

El productor también había recurrido a un amparo para intentar continuar con la actividad agrícola, alegando contar con autorización del MADES. Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido al considerar que un permiso administrativo no puede dejar sin efecto las disposiciones de una ordenanza municipal.